El Congreso rechaza las 42 peticiones de la oposición de comparecencias urgentes

La Diputación Permanente del Congreso, órgano de guardia de la Cámara durante las vacaciones, ha rechazado 42 peticiones urgentes de comparecencia del presidente del Gobierno y los ministros pedidas por los partidos de la oposición sobre los asuntos más diversos de actualidad en las últimas semanas: desde la reforma electoral sin texto a las declaraciones machistas del alcalde de Valladolid.

La mayoría absoluta del Grupo Popular ha votado en contra de todas las propuestas que los demás grupos llevaban a la sesión, que ha durado nueve horas. Las únicas peticiones no rechazadas han sido las que se han retirado sobre la marcha, como una de CiU para que Pedro Morenés explique el caso del tráfico de drogas en que se ha visto implicado el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano.

Los nacionalistas han reconocido que igual era mejor que el ministro de Defensa acudiera a la Cámara en el periodo ordinario de sesiones, que empieza la semana próxima, y cuando pueda tener más datos sobre el asunto, un principio que no se ha aplicado al resto de las exigencias de información planteadas.

La Diputación Permanente se convirtió en una mera recopilación de acusaciones de la oposición contra el Gobierno sobre las cuestiones que han ido apareciendo en los medios de comunicación desde finales de julio y la réplica de los portavoces del PP para insistir en que todos ellos se podrán abordar en septiembre.

El debate más concreto y con más fondo ha versado sobre el anuncio de Mariano Rajoy de que va a proponer una reforma de la ley electoral para garantizar que los alcaldes salgan de la lista más votada en las elecciones en vez de por pactos postelectorales entre los partidos que pierden los comicios. Frente a la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el PP ha explicado que en septiembre habrá una propuesta de reforma para pactar los cambios legales pertinentes entre todos.

Los portavoces de los partidos minoritarios se han opuesto de entrada a cualquier negociación o cambio en la ley electoral que les limite la política de pactos; también lo ha hecho el PSOE aunque con menos virulencia y sólo CiU ha reconocido que ha sido y es partidario de la reforma en genérico. Pero no ahora y cuando lo propone Rajoy.