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Números rojos y promesas rotas cuestionan la viabilidad de la Zona Franca de Cádiz
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montoro ha dado el visto bueno a la de sevilla

Números rojos y promesas rotas cuestionan la viabilidad de la Zona Franca de Cádiz

La Zona Franca de Cádiz arroja pérdidas por 24 millones de euros, a pesar de las subvenciones. Desde septiembre, tendrá competencia en Sevilla

Foto: El puerto de Cádiz (Foto: www.puertocadiz.com)
El puerto de Cádiz (Foto: www.puertocadiz.com)

La historia comienza con una promesa y un número. Los 600 millones de euros de inversión que el PP, cuando llegue al Gobierno, invertirá en la Zona Franca de Cádiz. Es mayo de 2011 y Teófila Martínez, alcaldesa de la localidad andaluza, detalla en público el impulso económico que el Gobierno popular llevará hasta la costa gaditana.

La historia sigue con otra promesa y otro número. Los 200 millones de euros de inversión que el PP, de aquí a un año, invertirá en la Zona Franca de Cádiz, cuyo parque industrial por sí solo ocupa el espacio de tres campos de fútbol. Es septiembre de 2013 y Teófila Martinez, confirmada alcaldesa de la localidad andaluza, saca pecho tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Obtenido a puerta cerrada, el pacto es todo un logro: se trata de una cantidad notable, 200 millones, con la que la Zona Franca de Cádiz se verá compensada por la creación de una nueva Zona Franca en Sevilla, a menos de 100 kilómetros de la anterior y a pesar de existir un informe contrario a su creación firmado por la principal Cámara de Comercio andaluza.

La historia llega a nuestros días con la normativa, publicada en el BOE, que establece que a partir de septiembre, la sexta Zona de especial tarifa de España echará a andar en Sevilla: el Ministerio presidido por Cristóbal Montoro dio el visto bueno al proyecto el pasado 27 de julio, a pesar del error en el decreto que lo hace "inviable".

Exactamente seis meses antes, la publicación de los resultados anuales de la Zona Franca de Cádiz dejaban de manifiesto un agujero de 24 millones de euros en las cuentas del Consorcio que la gestiona.

Apuesta industrial subvencionada

Las Zonas Francas en España se consideran "facilitadores del Comercio Internacional". Según la definición de la Asociación Española de Zonas y Depósitos Francos, "favorecen, mediante el almacenamiento exento de productos importados, la competitividad de quienes precisan de productos extranjeros en su proceso productivo". Gracias a la excepción del pago de derechos de importación y de la mayoría de impuestos que los regulan, se convierten en puntos claves de aceleración industrial y creación de empleo.

Según consta en los documentos de la Intervención general del Estado, el Consorcio de la Zona Franca arrojó unas pérdidas de algo más de cinco millones de euros en 2011 y de 24 millones de euros en 2012. “El mayor problema actual es el de identidad: ha cambiado y se ha alejado lo que sería su fundamento, atraer empresas e inversión, para convertirse en la práctica en una inmobiliaria”, sostiene un vocal del PSOE de Cádiz.

Los datos le dan la razón: el Informe Económico Financiero de empresas de Estatales, elaborado por la intervención del Estado, establece que de los 10 millones de la actividad inversora del Consorcio, 8,5 procedieron de inversiones inmobiliarias. En 2011, 3 de 5; y algo parecido ocurría en 2010, cuando el 85% de sus ganancias procedían de la actividad inmobiliaria y el 15% de su actividad primaria. Algo que ha provocado, destacan desde el Consorcio, un aumento abultado de la deuda de la zona: las pérdidas llegan de los activos deterirados.

Esto a pesar no haber sido ninguneados por los Gobiernos nacionales. A través de los diferentes Planes de Reindustrialización lanzados desde el Ministerio de Industria, ha recibido, desde 2008, 41 millones de euros en ayudas. Y los datos del Ministerio dejan clara la apuesta por la zona en el primer año de José Manuel Soria a cargo de este departamento: el Consorcio recibió en 2012 la mayor subvención directa de todo el plan, 1,7 millones de euros, y, en cuanto a préstamos, se quedó segundo sólo a las grandes productoras de automóviles, con 21 millones de euros asignados para el desarrollo de diferentes proyectos.

Sin embargo, en verano de 2013 se hicieron públicos unos datos que no terminan de cuadrar: la Zona Franca tiene que devolver 39 millones de euros de ayudas al Ministerio. Esta institución se ha escudado en la Ley de Protección de Datos para no explicar a este diario a qué período se refieren las ayudas que el Consorcio tiene que devolver, información sobre la que tampoco coinciden las diferentes fuentes de la Zona consultadas.

"Con el mandato actual se ha empezado a cambiar: queremos que la Zona deje de ser una inmobiliaria, naturalmente. Estamos sentando las bases de una zona franca que llegue a un millón y 300.000 metros cuadrados para fomentar la atracción de empresas con una proyección claramente provincial", explica por su parte el delegado especial de la zona.

Error en el BOE

Mientras la devolución de las ayudas "se está negociando", el Consorcio tiene otras cuestiones abiertas con el Gobierno: la promesa y la competencia de Sevilla. La Zona Franca de la capital andaluza lleva varios años en los pasillos administrativos de la región. En 2010, un informe de la Cámara de Comercio de Sevilla y de la Autoridad Portuaria de la ciudad estudiaba dicha posibilidad. El resultado, del que informó el Diario de Sevilla a dos años de su elaboración, era contundente: "No resulta necesario potenciar la creación de una zona fiscalmente exenta en Sevilla".

Había otras alternativas "con las mismas ventajas fiscales" para quienes quisieran almacenar sus mercancías. Además, para el grueso de productos importados -aceite y productos agrícolas, que tienen IVA reducido- "una zona fiscalmente exenta no es una ventaja importante(...) ni tiene incidencia relevante".

La misma presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreno, ha vuelto a advertir, tras el anuncio de Montoro, que la Zona Franca de Sevilla es "inviable". Y lo es, literalmente, debido a un error en el BOE. La Orden Ministerial que hace oficial su creación no incluye en el nuevo Consorcio a la Autoridad Portuaria, que, sin embargo, controla todos los terrenos en los que se instalará la nueva zona: "La zona franca nace íntegramente en la zona portuaria y eso facilita el proyecto, al no ser necesario comprar o expropiar terrenos. Hay una economía de medios y sin presencia de la Autoridad Portuaria la zona franca sería inviable", ha explicado Castreno.

200 millones... como línea de crédito

El PSOE de Cádiz denuncia la inutilidad de la zona desde hace un año: "Se ha realizado con criterios partidistas e incluso dando el plantón al mismo PP de Cádiz", opina Francisco González, vocal socialista en el Consorcio. Un plantón que lamentó la misma Teófila Martínez el verano pasado, antes de cerrar el acuerdo con Montoro: "Queremos que los gaditanos sepan que estamos en contra de la puesta en marcha de una zona franca en Sevilla, muy especialmente si eso puede ser lesivo para los intereses de esta ciudad y de esta provincia" aseguraba entonces.

El PP andaluz, optimista, habla de una inyección económica muy importante para la expansión de la Zona y de la demostración del apoyo del Gobierno a la expansión, ampliación y desarrollo de la misma como motor económico de la provincia

Tras la reunión de septiembre, la alcaldesa obtuvo los 200 millones de euros de ayudas comprometidos, que, ahora, se han revelado no ser lo que eran: "Se trata de una línea de créditos en los Fondos del Reindu, a la que podrán concurrir todas las zonas Francas", explica González, vocal del PSOE. "La misma zona de Sevilla podrá concurrir en igualdad de condiciones", añade.

El PP andaluz, por su parte, confía en la decisión de Hacienda: "Se trata de una inyección económica muy importante para la expansión de la Zona Franca y, una vez más, la demostración del apoyo del Gobierno a la expansión, ampliación y desarrollo de la misma como motor económico de la provincia, potenciando la logística y ofreciendo espacios productivos con ventajas fiscales y aduaneras", ha asegurado el presidente del PP gaditano, Antonio Sanz.

Otro frente se encuentra en los tribunales. Concretamente, en el Tribunal de Cuentas, que en 2011 condenaba a los delegados de la Zona de Cádiz entre 2000 y 2004, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, del Partido Popular, a pagar 4,32 millones de euros por el desfase contable de sus cuentas.

También por el denominado 'proyecto Rilco', portal de internet pensado para el comercio con América Latina. Según la Fiscalía, parte de sus fondos acabaron en las cuentas de de Castro. Siguió el escándalo de Quality Food, una trama de Osuna para llevarse contratos de la Zona Franca, según la investigación judicial.

Con los números en rojo y varios frentes abiertos ante la justicia, la Zona Franca se torra al sol veraniego por última vez como única área de este tipo en la región más grande de España. A la espera de lo que ocurra en septiembre, cuando la Zona de Sevilla echará a andar, un antiguo miembro del Consorcio que prefiere permanecer anónimo asegura: "Si se analizan las cuentas y se calculan los valores reales de los activos y las deudas… se verá que la Zona Franca es una empresa pública más en quiebra".

La historia comienza con una promesa y un número. Los 600 millones de euros de inversión que el PP, cuando llegue al Gobierno, invertirá en la Zona Franca de Cádiz. Es mayo de 2011 y Teófila Martínez, alcaldesa de la localidad andaluza, detalla en público el impulso económico que el Gobierno popular llevará hasta la costa gaditana.

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