El Gobierno ‘patina’ con su plan estrella de venta de inmuebles del Estado

La crisis del sector inmobiliario ha pasado factura a las altas expectativas puestas por el Gobierno de Mariano Rajoy para la que era una de las medidas estrella de la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA): la operación por la que el Ejecutivo esperaba hacer caja con la venta de parte de su patrimonio inmobiliario. De momento, el Estado sólo ha logrado enajenar 2.134 inmuebles. Se trata sólo del 14% de los más de 15.000 edificios públicos de los que el Gobierno previó desprenderse en el periodo 2013-2015.

La venta de inmuebles fue una de las medidas más destacadas de la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), impulsada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y creada en octubre de 2012 para mejorar la eficiencia de todas las instituciones.

Según el inventario general de bienes y derechos del Estado, de mayo de 2012, la Administración General posee 53.662 bienes, compuestos por 13.952 edificaciones, 3.756 solares y 39.953 terrenos rústicos. A partir de ahí, el Ejecutivo elaboró un listado de 15.135 inmuebles que quería enajenar entre los años 2013 y 2015. Una verdadera desmortización en al que figuraban, entre otras cosas, ocho o diez edificios emblemáticos, además de viviendas y solares como el de la madrileña calle Padre Damián, cuya venta serviría para financiar las obras de remodelación del antiguo edificio del Instituto Nacional de Industria (INI), que albergará la sede del Ministerio de Exteriores.

De todos ellos, a fecha de 30 de abril de este año, el número de edificios vendidos era de 2.134, de los cuales 1.587 lo fueron mediante subasta o concurso público y los otros 547 enajenados de forma directa, según expone el Gobierno en contestación a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

El Ejecutivo deja claro que su labor era la “puesta en el mercado” de los inmuebles previstos, lo que se “limita” a realizar las actuaciones necesarias para su venta. “Resulta obvio que no es posible asumir compromisos relativos al buen fin de las operaciones de enajenación, puesto que ello depende de la existencia de demanda, sobre la que no puede influir la administración", aclara el Gobierno en su respuesta escrita.

Según explica, durante el primer año de este programa la mayor parte de las actuaciones fueron encaminadas a preparar los inmuebles para su venta, con actuaciones como su tasación, “la depuración de la situación física y jurídica de los mismos” y en muchos casos la obtención de calificaciones urbanísticas más adecuadas para su venta.

Reducir los edificios en alquiler

En este programa de racionalización, otra de las medidas previstas para ahorrar costes era la reubicación de sedes de la administración en edificios en propiedad del Estado, dejando libres inmuebles actualmente en alquiler.

Algunos de los traslados previstos son, en Madrid, sedes dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la AECID, del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tal y como ha publicado este diario, en el Ministerio de Fomento se pueden contabilizar varios casos de alquileres sostenidos a lo largo de años pese a la existencia de numerosos edificios vacíos. Como fue el caso de las oficinas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), alquiladas en el centro Moda Shopping de Madrid y a 400 metros del Ministerio, o como es el caso también de las dos sedes de la empresa pública Aena, también en Madrid y que cuestan, anualmente, 5,6 millones de euros.

También se están rehabilitando edificios en Bilbao, Logroño, Pamplona y Toledo, todos ellos propiedad del Estado, para reubicar diversas unidades de la administración ahora instaladas en inmuebles de alquiler.