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Las víctimas del Madrid Arena contradicen a la Fiscalía y acusan también a la Policía
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LA INSTRUCCIÓN, A PUNTO DE CERRARSE

Las víctimas del Madrid Arena contradicen a la Fiscalía y acusan también a la Policía

El auto del Ministerio Público exonera de toda responsabilidad al inspector jefe de la Policía Municipal, a quien los familiares ven como culpable.

Foto: La trágica fiesta en el Madrid Arena. (EFE)
La trágica fiesta en el Madrid Arena. (EFE)

En una inusual comparecencia pública, la Fiscalía de Madrid solicitó ayer al juez que instruye el caso Madrid Arena que abra rápidamente juicio oral tras veinte meses de instrucción. El Ministerio Público exculpa de la muerte de cinco jóvenes tras una avalancha humana a todos los responsables políticos imputados en el caso y tampoco ve responsabilidades en las actuaciones acometidas por el inspector jefe de la Policía de Madrid, Emilio Monteagudo. Al menos dos familiares de las cinco víctimas reconocieron ayer, en conversación a este diario, que pedirán su imputación y la del jefe del Departamento de Seguridad de Madrid Espacio y Congresos (Madridec), José Luis Rodríguez Caamaño, además de las 14 que pidió la Fiscalía.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, sostuvo ayer que, aunque es cierto que existía un macrobotellón en los aledaños del pabellón donde horas más tarde se consumó la tragedia, el endeble dispositivo policial nada tuvo que ver en la avalancha mortal que se produjo en uno de los vomitorios. Es el punto en el que la Fiscalía choca frontalmente con la versión expresada por el juez López Palop, que sí ha visto responsabilidades en las actuaciones del inspector jefe.

De hecho, Monteagudo declaró en la comisión de investigación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid después de la tragedia que la institución que él dirige nunca llegó a saber si hubo o no ese botellón, que nadie les avisó y que, desde su posición, era imposible saber si miles de jóvenes bebían a escasos metros del recinto público.

Las imágenes que se difundieron a través de los medios de comunicación son contundentes. En una de ellas se ve cómo cuatro coches y una furgoneta de la Policía Municipal de Madrid estaban aparcadas, con sus respectivos agentes, en el epicentro del megabotellón. La fotografía, tomada en torno a las 3.00 horas de aquella madrugada, evidencia de que la Policía no evitó la juerga que, según el juez, tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas. La dejadez de la que hicieron gala es una clara muestra de que la Policía hizo caso omiso a aquella concentración ilegal de jóvenes que incumplía la Ley Antibotellón. Y alguien debería tener la responsabilidad de lo sucedido. El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, dijo al juez que 4.000 jóvenes se colaron al recinto, y que fueron los que provocaron las avalanchas.

Ya en sede judicial, Monteagudo señaló a la oficial de la Unidad de Moncloa, Cándida Jiménez, como el mando responsable de no intervenir aquel botellón. Según su propia versión, él dio las instrucciones para que el servicio se hiciera correctamente, conforme a las normas municipales. Las preguntas que López Palop le hizo durante cinco horas se centraron en conocer cuál fue el dispositivo policial que se montó y por qué no se evitó aquel botellón. El inspector jefe se limitó a decir que la Policía tenía “varias misiones que cumplir” y la oficial “prefirió dar cumplimiento a aquellas que consideraba prioritarias en lugar de las secundarias”.

La versión en la que se escuda Monteagudo es que verbalmente dictaron un cambio de nivel en la calificación del riesgo de la fiesta, que suponía poner más agentes custodiando la fiesta. Pero la oficial del distrito de Moncloa que dirigió el dispositivo aquella noche desmintió ante el juez la versión de Monteagudo. Acto seguido, el concejal de Seguridad, Enrique Núñez, cambió al90% de los altos mandos policiales de Madrid y dejó intactosa los altos mandos involucrados en la seguridad de la noche de Halloween. Un movimiento que nadie entendió ni dentro del Palacio de Cibeles ni fuera.

Los abogados de las víctimas no tienen ninguna duda de que no se aumentó el riesgo de la fiesta, que las dotaciones que había en ese momento de policías era insuficiente y que el mando policial no estaba en su sitio cuando se desencadenaron los acontecimientos. “Hubo tantas irregularidades que creemos que no hubo ningún tipo de previsión. Y esto es una falta de diligencia por parte del Ayuntamiento y la Policía Municipal”.

Un terremoto político en Madrid

El Ministerio Público también ve responsabilidades en los cargos de la empresa pública Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que debía velar por la correcta organización del evento: Rafael Pastor, director de Seguridad, Francisco del Amo, coordinador de proyectos y José Ruiz Ayuso, técnico de operaciones. Las víctimas pedirán también la imputación de Caamaño, el jefe de Seguridad que aquella noche paseó por las instalaciones para corroborar que todo estaba correcto.

La Fiscalía quiere apartar del proceso judicial a todos los responsables políticos imputados en el caso, a pesar de la más que evidente buena sintonía entre el promotor de la fiesta y el Ayuntamiento de Madrid, a quien le unía un contrato de fidelización. De hecho, la buena relación que existía entre Administración local y promotor se dejó en evidencia el mismo día de autos, cuando el entonces vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, creyó a pies juntillas la versión ofrecida por Flores de que el aforo no se había sobrepasado. Las imágenes y el testimonio de decenas de testigos dejaron al descubierto la versión oficial y el vicealcalde dimitió. Antes, ya se había aireado una imagen en la que posaba junto a Flores en una fiesta, aunque no existe ninguna prueba o indicio alguno de trato a favor.

En la recta final de la instrucción

Desde la Fiscalía consideran que no hay “motivos suficientes” para imputar a Antonio de Guindos, el entonces delegado del Área de Seguridad del Ayuntamiento; Fátima Núñez, concejal delegada de Emergencias del Ayuntamiento y Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Civil. La tormenta política que se desató tras el Madrid Arena se llevó por delante a los principales puntales en el Gobierno municipal (PP) de Ana Botella, que también fue duramente criticada por viajar a un balneario de Portugal el fin de semana posterior y que evitó, gracias al apoyo de su partido, testificar en la comisión de investigación puesta en marcha en el Ayuntamiento para intentar esclarecer los turbios sucesos.

Según ha podido saber este diario, el juez está a punto de dar por finalizada la instrucción y tiene previsto dar traslado del auto a las partes entre finales de agosto y primeros de septiembre, cuando será el turno de las familias para solicitar la imputación de ambos responsables municipales.

En una inusual comparecencia pública, la Fiscalía de Madrid solicitó ayer al juez que instruye el caso Madrid Arena que abra rápidamente juicio oral tras veinte meses de instrucción. El Ministerio Público exculpa de la muerte de cinco jóvenes tras una avalancha humana a todos los responsables políticos imputados en el caso y tampoco ve responsabilidades en las actuaciones acometidas por el inspector jefe de la Policía de Madrid, Emilio Monteagudo. Al menos dos familiares de las cinco víctimas reconocieron ayer, en conversación a este diario, que pedirán su imputación y la del jefe del Departamento de Seguridad de Madrid Espacio y Congresos (Madridec), José Luis Rodríguez Caamaño, además de las 14 que pidió la Fiscalía.

Enrique Núñez Moncloa
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