La Junta se gastó ayudas para la innovación en pollerías, pizzerías y talleres de costura

La Fiscalía Superior de Andalucía acaba de reconocer que ha abierto diligencias para investigar la presunta financiación irregular de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), unos consorcios públicos impulsados por la Junta en colaboración con ayuntamientos y otras entidades locales que supuestamente tenían como objetivo la creación de puestos de trabajo de calidad mediante la concesión de subvenciones a empresas innovadoras. La Fiscalía sospecha, como ya apuntó la Cámara de Cuentas el pasado mes de enero, que las UTEDLT pudieron utilizarse en realidad para contratar a personas afines a los dirigentes socialistas de la Junta y ha puesto en tela de juicio los 57,3 millones de euros sólo en nóminas que se tragaron esos consorcios entre 2010 y 2012.

Pero las ayudas públicas que se tramitaron a través de estos organismos arrojan aún más dudas. La Junta encargó en 2004 a las UTEDLT el reparto de un nuevo fondo para el empleo similar al de las ayudas para la formación de trabajadores o la financiación para los ERE. En este caso, la partida tenía como objetivo subvencionar la contratación de trabajadores en empresas innovadoras. La orden creaba un registro de compañías calificadas como I+E. Cualquier sociedad que consiguiera entrar en ese registro podía lograr las ayudas.

Sin embargo, el decreto no aclaraba a qué se referían exactamente esas siglas, aunque se deduce que a las palabras Innovación y Empleo. Los requisitos para lograr esa calificación eran intencionadamente laxos. Bastaba con que la empresa solicitante contemplara la contratación de trabajadores, fuera de nueva creación, su actividad estuviera relacionada con “actividades económicas emergentes” o cubriera “necesidades no satisfechas en la estructura económica existente” y, por último, reuniera “condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera”.

Pero ni siquiera estas mínimas condiciones fueron tenidas en cuentas por los dirigentes y funcionarios de la Junta a la hora de repartir los fondos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó en abril de 2010 un expediente de concesión de estas subvenciones en la provincia de Málaga que adjudicó en total 1.191.231 euros procedentes del erario público. Entre los agraciados hay empresas tan innovadoras como Belga Pollos SL, dedicada a la restauración y los puestos de comida, que se llevó 10.818 euros. Nunca ha presentado sus cuentas en el registro mercantil. E incumple al menos otro requisito: fue creada casi un año antes de que se tramitara el expediente de la subvención. Es decir, que no era nueva, como pide la orden reguladora de estas ayudas.

Otra de las firmas que lograron una ayuda en ese mismo expediente de 2010 fue la sociedad limitada Tratoria Oca Loca, también de dudoso carácter innovador. Se trata de un restaurante italiano absolutamente común situado en una zona turística, Benalmádena. Además, su viabilidad económica quedó pronto en entredicho. Sólo un año después de que la Junta le concediera 4.808 euros, la pizzería comenzó a acumular deudas con la Seguridad Social. Algunas ya han sido ejecutadas mediante un procedimiento de embargo.

También consiguió una ayuda I+E la empresa Te Cosemos MM&M, una cooperativa dedicada a la reparación de tejidos y artículos de hogar de Alhaurín El Grande (Málaga). La Junta le concedió 9.616 euros para subvencionar la incorporación de nuevos cooperativistas. En ese mismo expediente también se concedieron fondos a empresas como Abuela Puri SL, una guardería situada en la propia capital de la provincia; una tienda de bebida de Fuengirola con denominación social El Rey de la Moussaka; y numerosas empresas inmobiliarias.

Empresas de la operación Edu

Los expedientes de ayudas I+E contienen aún más datos que ponen en tela de juicio los procedimientos usados para repartirlos. Entre los perceptores se encuentran al menos tres empresas de formación que están siendo investigadas en el marco de la operación Edu que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta malversación masiva en los fondos para los cursos contra el desempleo.

Se trata de Centro de Formación Gasset, que recibió 79.950 euros en concepto de ayudas para formación y otros 14.424 euros dentro del programa I+E; Dic Málaga S.L.L., que percibió una ayuda de 79.950 euros para cursos y 9.616 euros de la línea I+E; y Go Net Aplicaciones S.A., agraciada con 41.310 euros para cursos y 4.808 euros del programa I+E.

No es la única conexión entre el caso que investiga la Fiscalía Superior de Andalucía y la operación que está realizando la UDEF. El responsable de la Junta que firmó el expediente de subvenciones para la innovación a pollerías, pizzerías y talleres de costura fue la persona que ocupaba en 2010 el puesto de director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Málaga, Juan Carlos Lomeña Villalobos, exactamente la misma persona que está en el ojo del huracán por los testimonios y los documentos recabados por la Policía en la operación Edu. La Fiscalía de Málaga ya ha pedido al Juzgado de la provincia que instruye el caso en esa demarcación que llame a declarar a Lomeña en calidad de imputado.