Gallardón evita que la ley del aborto vaya al Consejo de Estado y pide luz verde a Rajoy

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está intensificando en los últimos días sus mensajes sobre la próxima aprobación en Consejo de Ministros de la Ley del Aborto. Gallardón mantiene públicamente que antes de que acabe el verano entrará al Consejo y antes de que termine el año la reforma estará aprobada. Ahora bien, eso ya no está en sus manos. Depende de que Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, es decir, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, den luz verde para que la norma siga su curso.

Cada vez son más fuertes los rumores de que el Gobierno quiere dejar morir en un cajón esta reforma en una época en la que ya se entra en campaña electoral, y más si finalmente hubiera un adelanto de las elecciones generales. Por sus declaraciones, el ministro de Justicia no está dispuesto a que eso ocurra, aunque sabe que ya no está en sus manos.

En una entrevista a Radio Nacional, Ruiz-Gallardón lanzaba este jueves una nueva advertencia a su partido: “He promovido lo que el PP había comprometido. No he creado doctrina nueva, es doctrina del partido y consta en el recurso de inconstitucionalidad planteado en el Tribunal Constitucional, donde dijimos lo que veíamos mal y también lo que veíamos bien”, en referencia al recurso interpuesto contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero.

La reforma que plantea Justicia supone volver a antes de 1985 con la ley de supuestos de Felipe González. Los planteamientos del PP en la última campaña electoral iban dirigidos al sector más conservador de su partido, pero ahora ya no interesa que vuelva a entrar el aborto en la próxima campaña, con Podemos cada vez más fuerte y un PSOE que necesita buscarse un hueco contra reloj.

Silencia al Consejo de Estado

El ministro de Justicia ya tiene todo listo para dar el siguiente paso, la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria. Ha conseguido que dos de los órganos consultivos avalaran en líneas generales su anteproyecto. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo Fiscal dieron el visto bueno con alguna crítica de por medio y con votos particulares muy duros de la minoría.

El órgano que regula los jueces, presidido por Carlos Lesmes –elegido por el actual Gobierno– únicamente puntualizó que los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ser recogidos como una indicación propia, y no vinculados al riesgo para la salud psíquica de la madre, que es lo que se contempla en el anteproyecto. Por su parte, el órgano de los fiscales, presidido por Eduardo Torres-Dulce –también nombrado por este Ejecutivo–, tan sólo proponía que, en el caso de la interrupción voluntaria de menores sin autorización paterna, no fuera necesario acudir a juicio, y que se introdujera algún tipo de penalización en forma de multa para las mujeres que decidieran abortar sin cumplir las condiciones que estableciera la normativa para hacerlo.

Lo mismo ocurrió con el Comité de Bioética, que únicamente advirtió de que sólo podrá dar los resultados que se esperan de la reducción en el número de abortos si se elabora y pone en marcha “una política explícita de apoyo a la maternidad”.

Con estos dictámenes, el Ministerio de Justicia ha decidido dar marcha atrás en su intención de someterlo a informe del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno. En el departamento de Ruiz-Gallardón se insiste en que, una vez que ya se tienen el resto de informes, este último no es necesario.

Sin embargo, el Gobierno admitió en una respuesta por escrito al diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que el anteproyecto se sometería al dictamen del Consejo de Estado. Esta contestación se produjo antes de recibir los informes del CGPJ y Consejo Fiscal, pero una vez con ellos encima de la mesa ya no quieren más sobresaltos. Precisamente porque el texto caería en manos del consejero Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional en la época de Felipe González.

Después tendría que ir a votación de la Comisión Permanente, de la que forma parte María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta con Rodríguez Zapatero –quien forma parte del pleno del Consejo de Estado– que aprobó la actual ley del aborto que ahora Ruiz-Gallardón pretende cambiar.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado diera el visto bueno, no iba a estar exento de críticas, en un momento que el clima político empieza a caldearse tras la debacle de las elecciones al Parlamento Europeo.