Hacienda desmantela el mito de que Madrid y Cataluña están mal financiadas

Paradojas de la economía. Madrid y Cataluña, con diferencia, son las regiones con peor saldo fiscal de España (16.723 millones de euros en el primer caso y 8.455 millones en el segundo). Pese a ello, y a la luz de los datos presentados ayer en un estudio encargado por Hacienda, ninguno de sus Gobiernos puede quejarse del sistema de financiación autonómico. Al contrario.

Ambas comunidades se sitúan en el nivel medio en cuanto a los recursos que entrega el Estado a las regiones en función de los ingresos que obtiene. En concreto, mientras que Madrid representa el 100,4% de la financiación media (base 100 en 2011), Cataluña supera igualmente la media de España al alcanzar el 102,4%. Por lo tanto, ambas regiones están mejor financiadas que Baleares, Valencia, Canarias, Andalucía y Murcia, cuyos recursos por habitante en términos ajustados (introduciendo factores como el envejecimiento o la dispersión de la población) se sitúan por debajo de la media. En ningún caso llegan al 100.

Esta aparente paradoja se produce por un hecho que apenas tiene que ver con el sistema de financiación autonómica: su nivel de renta hace que catalanes o madrileños paguen más impuestos a Hacienda que lo que en teoría les correspondería. O dicho de otra forma. Debido a la progresividad del IRPF (pagan más quienes más ingresan) y a que también su capacidad de consumo es mayor, sus aportaciones a la Hacienda pública global son, en lógica coherencia, sensiblemente mayores. De ahí la diferencia en el saldo fiscal de ambas regiones. El saldo fiscal es la distancia entre los flujos de dinero que percibe una comunidad autónoma y lo que en realidad aporta a la caja central.

Las quejas de Cataluña

Eso es, precisamente, lo que explica las quejas del Gobierno de Cataluña (también de Madrid) en relación al llamado principio de ordinalidad. Es decir, la diferencia entre la posición que tiene una región a la hora de aportar recursos a las arcas públicas y lo que finalmente ingresa como transferencias. Una comunidad –como es el caso de Cataluña– puede ser la primera o segunda en aportaciones, pero luego bajar al quinto o sexto puesto en cuanto a ingresos.

No sucede eso en otras regiones. Los autores del estudio reconocen que les llama la atención lo que ocurre con Ceuta y Melilla, Canarias y las dos comunidades forales (Navarra y País Vasco), que presentan cargas tributarias inferiores a lo que cabría esperar en función de su nivel de renta, mientras que en Asturias y Cantabria se produce el fenómeno contrario.

¿Quiere decir esto que el sistema de financiación autonómico es injusto? Depende para quién. Como sostiene el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, “una cosa son los saldos fiscales y otra muy distinta el modelo de financiación”, y necesariamente no tiene por qué haber correspondencia entre ambos conceptos. Entre otras cosas porque apenas el 17% de los saldos fiscales debe relacionarse de forma directa con el modelo de financiación que periódicamente negocian el Gobierno central y las CCAA.

Nada menos que el 83% restante de los saldos fiscales se debe a la propia estructura económica de cada región (unas son más pobres y otras más ricas), por lo que, aunque no sea irrelevante, lo cierto es que la importancia del modelo de financiación es muy limitada respecto de la situación fiscal de cada región.

En el debate político, sin embargo, se le da la máxima importancia a este asunto. Al contrario de lo que sucede en otros países de honda tradición federal como EEUU, Canadá o Alemania, donde ningún Gobierno presenta las llamadas balanzas fiscales por su escasa representatividad. Otra cosa son los flujos económicos directos que se producen entre la Administración central y las Administraciones territoriales.

De la Fuente, junto a los profesores Uriel y Barberán, han sido los responsables de un estudio patrocinado por el Ministerio de Hacienda sobre saldos fiscales. Pero lo relevante es que en ese informe se incluye el funcionamiento del modelo de financiación durante 2011, último año con cifras liquidadas. Y su conclusión principal es que unos 11.400 millones de euros –cantidad equivalente a un 1,1% del PIB– se distribuyen entre regiones “de una forma potencialmente cuestionable”.

Las ‘subvenciones’ al País Vasco y Navarra

¿Y qué es lo que se cuestiona el estudio? En primer lugar, la “menor presión tributaria de la que disfrutan” los territorios con regímenes fiscales especiales (Canarias, Ceuta y Melilla y las comunidades forales de Navarra y País Vasco), algo que supone una “subvención implícita” de unos 3.500 millones de euros a pagar entre todas las demás regiones. Por otro lado, dicen los autores del informe, casi la mitad del “exceso” de gasto territorializable se concentra también en las comunidades forales gracias a una financiación regional “muy superior a la del resto del país”.

La otra mitad se reparte desigualmente por el territorio nacional, dejando al litoral mediterráneo y a Madrid en clara situación de déficit. Sumando ambas partidas y dividiendo por la población, las regiones más perjudicadas por la situación existente en 2011 eran Valencia y Murcia, con déficits por habitante de 808 y 638 euros respectivamente, seguidas de Andalucía (-361), Baleares (-300), Madrid (-201) y Cataluña (-176), mientras que las más beneficiadas eran Ceuta y Melilla (+3.011 euros por cabeza), País Vasco (2.070), Navarra (1.479) y Canarias (1.289).

En el caso de los sistemas forales, lo que cuestiona el estudio no es tanto la existencia del Concierto –anclado en una disposición de la propia Constitución–, sino la aplicación concreta de la Ley del Cupo (lo que hay que pagar cada año), cuyas valoraciones han sido muy discutidas por numerosos estudios.

La conclusión que sacan los autores del informe sobre el funcionamiento del sistema, en todo caso, es que “lo que podríamos denominar el componente potencialmente preocupante de los saldos fiscales regionales es relativamente reducido”. Según sus cuentas, dos tercios de los saldos negativos se deben simplemente a que en los territorios más ricos “se pagan más impuestos por habitante que en los pobres”, aseguran. El tercio restante procedería de la distribución del gasto público, y aquí –sostienen– sí que han encontrado “indicios claros de cosas preocupantes”, aunque de una escala “en principio manejable”.

El estudio, por último, desmonta un mito de la financiación autonómica: la influencia de las infraestructuras en los recursos de cada comunidad. “Al menos en 2011 –sostiene– el capítulo de infraestructuras y transporte no ha jugado un papel significativo en la generación de los saldos fiscales regionales”, algo que se achaca a la reducida magnitud de esta partida en relación con el gasto público total. Es decir, que no es cuestión de invertir en obra pública para reequilibrar los distintos territorios.