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La Junta regó con otra línea de ayudas a las firmas implicadas en el fraude de los cursos
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la fiscalía también investiga esa modalidad

La Junta regó con otra línea de ayudas a las firmas implicadas en el fraude de los cursos

Los agentes de la UDEF de la Policía investigan en el marco de la operación Edu la presunta malversación masiva de las ayudas para la formación de la Junta

Foto: Los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán (izq.) y Manuel Chaves (EFE)
Los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán (izq.) y Manuel Chaves (EFE)

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investigan en el marco de la operación Edu la presunta malversación masiva de las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía. Las pesquisas se centran por ahora en las empresas que recibieron irregularmente subvenciones para cursos que no reunían los requisitos para ser financiados o que ni siquiera se celebraron. Pero esas ayudas no fueron las únicas concedidas por los responsables de la Junta de Andalucía a las sociedades mercantiles bajo sospecha.

Según ha podido saber El Confidencial, además de las subvenciones para la formación, empresas investigadas en la operación Edu también consiguieron que la Junta les otorgara ayudas I+E, una modalidad de subsidio gestionada igualmente por la Consejería de Empleo. Es el caso, por ejemplo, del Centro de Formación Gasset Sociedad Limitada, una de las mercantiles que aparece en el expediente de concesión de ayudas para la formación que desencadenó las primeras actuaciones de la UDEF.

La convocatoria en cuestión fue aprobada en diciembre de 2010 por la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y adjudicó fondos públicos por valor de 1,7 millones de euros a 20 sociedades. Los agentes de la UDEF han concluido que al menos 17 de ellas no cumplieron las obligaciones legales para obtener esas ayudas y el Centro de Formación Gasset, con sede en la ciudad de Málaga, que consiguió 79.950 euros en ese expediente, sería una de ellas. El nombre de esta academia figura en numerosas convocatorias similares de subvenciones para la formación de trabajadores, pero también en convocatorias de la modalidad I+E.

Subvenciones de los dos tipos

Dos años y medio antes de aparecer en el expediente investigado por la UDEF, en julio de 2008, la Junta concedió al Centro de Formación Gasset otra ayuda de 14.424 euros en el marco del programa I+E. Se trata de una línea de subvenciones creada en 2004 por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que supuestamente tenía como objetivo fomentar la creación de puestos de trabajo apostando por la innovación empresarial.

Los requisitos para acceder a ellas debían aparecer en una orden que publicó la Consejería de Empleo en 2004 para regular ese mecanismo de financiación. Pero la norma tiene tantas lagunas como la ley que aprobó en 2009 ese mismo departamento para establecer supuestamente los criterios de reparto de las ayudas a la formación y que, según los agentes de la UDEF, sólo sirvió en realidad para facilitar el fraude. La orden sobre las subvenciones a empresas I+E apenas establece qué empresas merecen esa calificación. De hecho, el articulado ni siquiera aclara a qué palabras se refieren esas dos letras. Se deduce que son acrónimos de “Innovación” y “Empleo”, pero la norma no despeja esa incógnita.

Punto de conexión entre ayudas

Centro de Formación Gasset no es la única empresa investigada por la operación Edu que también logró fondos I+E. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se encontraría en la misma situación Dic Málaga S.L.L., que percibió una ayuda de 79.950 euros para organizar cursos para trabajadores en noviembre de 2010, sólo ocho meses después de que el SAE le otorgara una subvención I+E de 9.616 euros. Lo mismo ocurriría con la mercantil Go Net Aplicaciones S.A., investigada también por recibir fondos públicos para formación. En noviembre de 2010, una de las convocatorias en las que resultó agraciada, logró 41.310 euros para cursos. Ocho meses antes, la Junta de Andalucía le había concedido 4.808 euros en el marco del programa I+E.

No sólo hay vínculos en las empresas. El responsable de la tramitación de la mayoría de esos expedientes fue el exdirector provincial de Empleo de Málaga Juan Carlos Lomeña Villalobos, uno de los altos cargos de la Junta a los que ha apuntado desde el principio la operación Edu. La Fiscalía ya ha pedido su imputación en el procedimiento sobre este fraude que instruye el Juzgado número 8 de Málaga. El juez instructor se pronunciará sobre la petición del Ministerio Público a la vuelta del verano.

Los fondos I+E son objeto de una investigación judicial independiente. La Fiscalía Superior de Andalucía reveló la semana pasada que ha abierto diligencias para averiguar si se derivan responsabilidades penales de la financiación de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDL), los consorcios públicos que creó la Junta en colaboración con diferentes entidades locales para tratar de fomentar el empleo actuando sobre el nivel más bajo de la Administración. Los UTEDLT también fueron los encargados de tramitar las subvenciones I+E. La Junta los desmanteló en 2012, pero la Fiscalía los ha devuelto a la actualidad.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investigan en el marco de la operación Edu la presunta malversación masiva de las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía. Las pesquisas se centran por ahora en las empresas que recibieron irregularmente subvenciones para cursos que no reunían los requisitos para ser financiados o que ni siquiera se celebraron. Pero esas ayudas no fueron las únicas concedidas por los responsables de la Junta de Andalucía a las sociedades mercantiles bajo sospecha.

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