Jenaro García se entregó para evitar ser reclamado judicialmente por Estados Unidos

El expresidente de Gowex, Jenaro García, ha actuado de manera sorprendentemente rápida. Pocos días después de que la firma de análisis e inversión Gotham City Research destapara el fraude de la tecnológica, el hasta entonces presidente y consejero delegado anunció su dimisión, reconoció que había falseado las cuentas y se presentó voluntariamente en el juzgado. Fuentes jurídicas sostienen que la razón de forzar la apertura de un procedimiento judicial es evitar que Estados Unidos, con una justicia mucho más severa para este tipo de delitos, pueda reclamarle.

En el momento que en España se abre una causa judicial, ningún otro país le puede reclamar por hechos similares, es decir, por el falseamiento de sus cuentas. Gowex ya había instalado en ciudades como Nueva York el wifi gratis, tenía inversores norteamericanos y ya estaba preparando su salida a bolsa, por lo que su justicia podría intentar abrir un proceso allí. La compañía tiene allí un contrato valorado en 245.000 dólares (unos 179.990 euros) con la empresa española, una de las compañías elegidas para ofrecer acceso a internet móvil en los cinco condados de la ciudad.

Sin embargo, al presentarse el mismo domingo en que anunció su dimisión en la puerta de la Audiencia Nacional con una confesión en un folio, provocó que la mecánica judicial se pusiera a funcionar. El juez Santiago Pedraz ya ha abierto un procedimiento contra él y le ha citado para el próximo lunes a declarar por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.

De esta manera, se bloquea cualquier proceso que venga del extranjero. Es la misma estrategia que utilizó el exdirectivo de JP Morgan, Javier Martín-Artajo, cuando se entregó en España el verano pasado para evitar que las autoridades norteamericanas le enjuiciaran después de ocultar un agujero de 6.000 millones de dólares. Artajo está acusado de haber manipulado e inflado el valor de posiciones de la cartera de créditos sintéticos de su empresa con el fin de lograr objetivos específicos de pérdidas y ganancias diarios y a fin de mes, por lo que, de ser entregado a las autoridades norteamericanas, se tendría que enfrentar a 25 años de cárcel por un delito de fraude además de varios delitos fiscales. En su caso, sabiendo que estaba reclamado, voló de Londres a Madrid, donde a su llegada fue detenido. Ahora bien, ya estaba en España y es la Audiencia Nacional quien debe decidir ahora si entrega a un nacional para ser juzgado en otro país.

Siguiente paso, encontrar su dinero oculto

La estrategia de Jenaro García ha pasado por ahora en reconocer el delito, consiguiendo así algún atenuante en la futura condena. Sin embargo, todavía no ha concretado cómo lo ha hecho ni ha aportado documentación alguna al respecto. Los datos que por ahora ha entregado no especifican los delitos que él mismo reconoce haber cometido, aunque el próximo lunes ya deberá dar todas las explicaciones necesarias, así como entregar sus ordenadores y teléfonos móviles.

Para los investigadores es fundamental que se localice cuanto antes todo el dinero que ha ido sustrayendo de la compañía en los últimos tiempos y que sospechan que se trata de varias decenas de millones de euros en cuentas en el extranjero. Ese dinero es la única opción para poder devolver las cantidades sustraídas a los accionistas una vez que la empresa ya ha sido declarada en preconcurso de acreedores.

La colaboración con la justicia que exhibe el expresidente de Gowex es todavía vista con recelo por parte de los investigadores, quienes entienden que una vez que declare ante el juez, este tendría que fijarle unas medidas cautelares y una fianza para garantizar su presencia ante los tribunales.

Tras el interrogatorio de Jenaro García, Pedraz tendrá que fijar el foco en otros presuntos responsables porque estas mismas fuentes explican que es inviable que fuera el presidente, tal y como él quiere hacer creer, el único que decidía sobre las cuentas de la compañía.

Es decir, probablemente otras personas de la compañía serán citados como imputados, así como la propia auditora, M&A Auditores, entre otros responsables que tendrán que ir determinando entre el juez, el fiscal anticorrupción y los investigadores. Fuentes del caso señalan que el objetivo de la causa es que se practiquen las diligencias más relevantes con la máxima celeridad para evitar que factores ajenos obstaculicen el proceso.