El Gobierno indigna a la oposición con 172 folios de decreto en vísperas de vacaciones

Mucho decreto para julio, en puertas de las vacaciones. Es la indignada reacción de todos los grupos parlamentarios de la oposición ante el afán reformista del decreto-ley aprobado por el último Consejo de Ministros, que afecta a 26 leyes, compete a 9 ministerios y alcanza los 172 folios. Tiene que ser convalidado por el Congreso este jueves y las prisas del Ejecutivo chocan con los tiempos de socialistas, comunistas, UPyD, nacionalistas y regionalistas. Agobiados con la tarea del “decretazo” (por tamaño), sus portavoces critican los métodos “caciquiles” y el “engendro” legislativo del Gobierno.

“Si les da mucho trabajo leerse casi 200 folios, mucho más da escribirlos”, repetía anoche el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ante el frente de quejas que ofrecía la oposición, incluida la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional. El decreto ha entrado en vigor con todas sus medidas: plan para la contratación laboral de jóvenes, liberalización del comercio, tasas de tarjetas bancarias, desgravaciones para autónomos, reforma del Registro Mercantil, privatización de Aena o regulación de los drones.

El Congreso tiene un mes para convalidarlo, en su caso enmendarlo o tramitarlo después como proyecto de ley, que es la oferta que dejó sobre la mesa el Gobierno. Los portavoces de la oposición dicen que no les da tiempo a estudiar tanto cambio, ni tampoco a formular objeciones, añadidos o alternativas. Y se dieron cuenta ayer, cuatro días después de que se aprobara, cuando entraron en la Cámara y comprobaron que se incluía en el orden del día.

El Ejecutivo replica que es urgente incentivar los primeros síntomas de recuperación económica y apoyar la creación de empleo, y que las vacaciones parlamentarias no pueden retrasar las reformas. De hecho, el decreto es una realidad y la convalidación automática está garantizada con la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara.

El Ejecutivo lleva el texto al pleno extraordinario de esta semana porque no habrá otro antes de septiembre. El proceso precongresual de los socialistas (hasta el día 26 no tendrán nueva dirección) ha impedido convocar otra reunión antes de agosto.

Soraya Rodríguez (PSOE), Aitor Esteban (PNV), Josep Sánchez Llibre (CiU), José Luis Centella (IU), Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) y Ana Oramas (CC) cargaron contra las prisas del Gobierno con acusaciones gruesas sobre su actitud (“caciquil”) y el propio decreto, “monstruoso” según el portavoz de Rosa Díez. Por el Grupo Popular, Alfonso Alonso insistió en la urgencia de todas las medidas adoptadas por el Gobierno y en el hecho de que son “reactivadoras” de la economía, no de recortes.

Al final, como desde el Gobierno Ayllón lanzó el mensaje de que el superdecreto, una vez convalidado mañana en el Congreso, se podía tramitar en septiembre (después de las vacaciones) como proyecto de ley, los portavoces de la oposición se quedaron más tranquilos y dieron marcha atrás en su anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional.