Le Pen (padre e hija), Bossi, Di Pietro... lista completa de europarlamentarios con sicav

No son sólo 57 europarlamentarios españoles los partícipes en un fondo de pensiones que le ha costado el puesto a Willy Meyer. Al menos 564 representantes de la Cámara europea de todos los colores y de todos los países que conforman la Unión se han beneficiado de este fondo de pensiones a través de una sicav con sede en Luxemburgo, según la información aportada por el grupo de expertos Open Europe, que confeccionó la lista a raíz de unas investigaciones publicadas por el periodista alemán Hans-Martin Tillack en 2009. Unos planes de pensiones para cobrar una vez jubilados que son absolutamente legales y muy legítimos, pero que chocan frontalmente con algunos programas electorales de algunos de sus beneficiarios como la líder de UPyD, Rosa Díez o el ya dimitido Meyer, de Izquierda Unida.

Los nombres de los europarlamentarios que en algún momento entre 1994 y 2009, el tiempo que estuvo operativo el plan, firmaron voluntariamente que un euro de su nómina fuese a parar a este fondo de pensiones mientras que el Parlamento Europeo abonaba dos, es de lo más variopinto. Destacan la presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, y su padre, Jean-Marie Le Pen, que también ostentó el mismo cargo.

Antonio di Prieto, antiguo fiscal general italiano famoso por sus investigaciones anticorrupción de Manos Limpias; Umberto Bossi, político italiano de derechas; la eurodiputada Emma Bonino, que promovió un referéndum por la legalización del aborto en Italia y fue arrestada por primera vez por desobediencia civil, y Mario Borghezio igualmente contarán con su pensión a partir de los 63 años. Nigel Farage, el político británico que lidera el Partido de la Independencia del Reino Unido que aboga por la separación del Reino Unido de la UE también lo firmó de forma voluntaria.

Los nombres de los 57 españoles que aceptaron las condiciones impuestas por el Parlamento Europeo para fijar su futuro plan de pensiones los dio ayer a conocer El Confidencial. Entre otros, destacan Íñigo Méndez de Vigo, actual secretario de Estado para las relaciones con la UE, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta cifra aumenta hasta los 57 si se suman los europarlamentarios españoles que estaban suscritos a diciembre de 2007, de acuerdo a la información de Open Europe. Entre ellos figuran Alejo Vidal-Quadras, Gerardo Galeote o Luis Herrero. Irache García puntualiza a este diario que ella retiró el plan antes de 2009 y ya lo tributó en España al 40%.

PSOE y PP nunca se han opuesto a las sicavs

Ni el Partido Popular ni el PSOE han puesto nunca reparos en las inversiones en las sicavs, tal y como hoy están legisladas. Pero sí las han criticado duramente IU y UPyD. La formación liderada por Cayo Lara presionó a su eurodiputado hasta que presentó su baja voluntaria el mismo día que Infolibre reveló el escándalo. El partido de Díez se ha posicionado contra estos instrumentos de inversión en múltiples ocasiones, como por ejemplo en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales de 2011. El punto 79 no puede ser más claro: "Eliminar los privilegios fiscales concedidos a las sicav”.

La propia Díez argumentó ayer que desconocía la relación de este plan con la sociedad de Luxemburgo y pidió al Parlamento Europeo que retire el fondo de estas pensiones si se comprueba que se gestionaba de forma “irresponsable”.

El Parlamento Europeo decidió crear este sistema porque la Eurocámara no contaba con una remuneración armonizada para los europarlamentarios y tanto el salario como las pensiones dependían de cada Estado miembro, con todas las desigualdades que esto generaba según la nacionalidad del diputado. Este instrumento de inversión colectiva fue creado en 1994 y, de forma voluntaria, todo aquel parlamentario que quisiera podía asegurarse una pensión a partir de los 63 años, realizando una aportación mensual a razón de la cual la Eurocámara (es decir, los contribuyentes europeos) aportaba el doble. La mayoría de los eurodiputados puestos en contacto con este diario para hablar del tema aseguran que no sabían el destino final de este dinero. Sólo fuentes del Partido Popular se han atrevido a decir que todos los que lo firmaban sabían perfectamente que el Parlamento lo gestionaba a través de una sicav en Luxemburgo.

Este polémico fondo funcionó hasta 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado y los salarios y pensiones pasaron a depender de las instituciones comunitarias. “El Parlamento decidió terminar entonces con las aportaciones al fondo, al entender que las pensiones quedaron garantizadas de manera homogénea para todos los miembros”, ha reconocido Estrasburgo. La Dirección General de Finanzas de la Eurocámara recuerda que estos compromisos de pago están “repartidos durante varias décadas” ya que no todos van a jubilarse al mismo tiempo.

Se negó a publicar la lista de afiliados como pedía el defensor del pueblo europeo

El número de afiliados en la primavera de 2008 era de 1.113: 478 diputados en activo (61% de diputados electos), 493 pensionistas (de los cuales, 56 eran familiares de diputados fallecidos) y 142 partícipes con pensiones diferidas. A fecha de 31 de diciembre de 2007, los activos del fondo superaban los 214 millones de euros.

Un auditor externo puso en duda una cláusula del citado plan: que, pase lo que pase, los derechos se mantendrán en su totalidad. Así, el auditor pidió al servicio jurídico del Parlamento Europeo que examinara esta cláusula antes de la entrada del nuevo estatuto, “sobre si la responsabilidad financiera final del fondo de pensiones voluntario recae en el fondo y sus afiliados o en el Parlamento Europeo, teniendo claramente en cuenta los intereses de los contribuyentes europeos”.

El secretario general encargó un estudio para examinar la situación de las arcas públicas europeas tras la terrible crisis que han soportado todos los países de la Unión. Asimismo, la Mesa del Parlamento decidió no seguir una recomendación hecha por el defensor del pueblo europeo en la que instaba a facilitar la lista de los afiliados al régimen voluntario de pensiones.