El fiscal ataca a Castro: “Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué”

La Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. El fiscal hace un duro alegato contra el juez José Castro, a quien acusa de basar la imputación en meras conjeturas: “'Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué', para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”, sostiene.

En su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el representante del Ministerio Público reprocha al magistrado haber elegido el destino de la Infanta sin pruebas. “Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetivad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados”.

El fiscal va más allá y considera que Castro ha imputado a la hermana del Rey Felipe VI por la influencia que ha tenido de los medios de comunicación. A pesar de “la inevitable y deseable permeabilidad social a la que está sometido el juez, las decisiones judiciales han de abstraerse de las influencias derivadas de los denominados juicios paralelos y de las conjeturas que, sin apoyo fáctico alguno, nutren a menudo los medios de comunicación”.

“La realidad no vende”

Del auto de transformación en procedimiento abreviado dictado ayer por Castro, el fiscal sólo recurre lo relativo a Cristina de Borbón y el delito fiscal de Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, el exsocio de Urdangarin, todos ellos imputados junto a otras doce personas. El auto de enero por el que el instructor imputaba a la Infanta por segunda vez -después de que la Audiencia Provincial de Palma le ordenara retirar la imputación como cooperadora necesaria de los delitos de su marido- es para el fiscal “ un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental, porque la realidad 'no vende' y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales”.

En el escrito se hace referencia a la negativa en 2012 de Castro de imputar a la hija de Juan Carlos I porque en aquel momento el juez entendía que era “escasamente probable” que, siendo lñaki Urdangarin y su esposa los únicos participes de la entidad mercantil Aizoon S.L., tuviera lugar algo que formalmente se pareciera a Juntas Ordinarias o Extraordinarias, y menos aún que Cristina de Borbón supiera las supuestas intencionalidades delictivas o el análisis económico de sus resultados. “Un año y medio después, el instructor prescinde de las reglas de la experiencia común aludidas y cambia radicalmente el criterio”, destaca el fiscal, que sostiene que desde su primer auto no se han aportado pruebas nuevas que le incriminen.

Indicios de “notable fuerza exculpatoria”

Recuerda que se ha tomado declaración a cientos de testigos vinculados laboral o comercialmente con el Instituto Nòos y Aizoon sin que se haya puesto de manifiesto una mínima participación de Cristina de Borbón en la gestión de la mercantil de la que es socia. “Dicha circunstancia, fundamental para valorar si la actividad de la anterior traspasaba su mera condición de partícipe inversionista, se omite por el Instructor”, añade. Es decir, “se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria”.

El representante de Anticorrupción considera que en el auto Castro no razona porqué quiere llevar a juicio a la Infanta por el delito de blanqueo ni explica en qué consiste los delitos fiscales que se le atribuyen. “El instructor afirma la existencia de sobrados indicios de que Cristina de Borbón colaboró activamente con el administrador de Aizoon SL, posponiendo a un momento posterior la descripción de los mismos, sin embargo el “como más adelante se verá” se convierte en un “como nunca se verá”, porque no menciona ni antes ni después indicio alguno de esa supuesta colaboración”, alega.

Para el fiscal, la hija del Rey abdicado, ajena a la administración de la sociedad -de la que se encargaba su marido- no tenía por qué conocer y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos de trabajo. Es más, así se lo ha dicho la Agencia Tributaria pero como el resultado de los informes no satisfizo las expectativas del instructor, decidió iniciar otra línea de investigación, contradictoria con la inicial, “a modo de encaje de bolillos”. Y se pregunta: “Por qué lo que era blanco y transparente en el año 2012 muta a oscuro y con tintes criminales en el año 2014”.

Desde el principio, la Fiscalía ha estado en contra de imputar a la Infanta al hacer suyas las tesis de la Agencia Tributaria de que no había reproche penal en su actuación. A su juicio, el magistrado “construye una andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina de Borbón”, pero Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura “se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona”.

La convivencia conyugal no es suficiente

Las principales acusaciones dirigidas contra la Infanta es que era socia de Aizoon, ser cónyuge de Urdangarin y haber realizado gastos personales con cargo a la citada compañía. Precisamente, Castro entiende estos gastos como el blanqueo de capitales porque el dinero que desviaba su marido a la sociedad fue adquirido ilícitamente a través de amaños con varios gobiernos autonómicos, sobre todo el balear y el valenciano. “En el Derecho Penal, basado en el principio de culpabilidad, no cabe admitirse ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal”, sostiene el fiscal.

Su tesis es que Urdangarin ejercía, de hecho y de derecho, la administración de la sociedad, gestionando la misma en todos sus ámbitos: administrativo, laboral, comercial, contable, fiscal y financiero y su esposa tributa de forma individual las correspondientes declaraciones del IRPF porque la confección y presentación de sus declaraciones las realiza un asesor de la Casa Real.

Es más, el fiscal recuerda que desde 2006 los únicos ingresos de Aizoon proceden de los honorarios que Urdangarin recibía como asesor de varias empresas, dinero obtenido lícitamente. Deducir que la realización de gastos con la tarjeta de crédito de la sociedad, como mantiene el instructor, implica conocimiento o sospecha de que su cónyuge estaba cometiendo un fraude en el IRPF, “es un salto inferencial entre dos premisas sin conexión, cuya asimetría impide trasladarse de forma lógica de un plano al otro sin caer al vacío”.

Castro “especula”

Asimismo, recuerda el Ministerio Público que para cometer delito de blanqueo de capitales, tal y como le imputa a la hoja del Rey abdicado, debía tener conocimiento de la procedencia delictiva del dinero que gastó. Respecto a una intervención parlamentaria mencionada por Castro, por la cual la Infanta tuvo que enterarse de las sospechas respecto de Nòos, el fiscal aclara que ni hubo intervención parlamentaria, ni se debatió en el Parlamento cuestión alguna vinculada a los convenios de colaboración, ni se puso de manifiesto en las preguntas parlamentarias transcritas irregularidad alguna, pues como se observa se limitan a solicitar el Convenio para el IB FORUM y su coste para las arcas públicas. “Ni siquiera tuvo trascendencia mediática, ni se puso de manifiesto en los medios de comunicación irregularidad alguna vinculada a dicho evento”, sostiene.

También, según Castro, Doña Cristina tuvo que ser alertada por la Casa Real de las actuaciones sospechosas del Instituto Nòos porque incluso habían aconsejado a Urdangarin que dejara la fundación. Sin embargo, el asesor de la infanta, Carlos García Revenga -para quien se ha retirado la imputación- señaló en su declaración que ni el mismo tuvo conocimiento que desde la Casa Real se dijese a exdeportista que “cortase” con Diego Torres. “Por tanto, afirmar que Doña Cristina de Borbón conocía, al menos a partir de marzo de 2006, las irregularidades en el Instituto Nòos equivale, en el presente caso, a especular”.