La criminalidad global baja, pero los delitos económicos e informáticos se disparan

Las estadísticas oficiales recogen un notable descenso de la delincuencia a pesar de la crisis. Al inicio del ciclo económico, todas las previsiones advertían de que la recesión iba a generar un repunte de los robos con fuerza y otros delitos violentos. Pero los datos que maneja el Ministerio del Interior señalan que no se ha producido el aumento de la criminalidad que se esperaba. Según los datos del departamento de Jorge Fernández Díaz, en 2013 la delincuencia cayó un 4,3%, y en lo que va de año ha descendido en el conjunto de España en torno a un 6%. Pero en el reverso de esa tendencia general se encuentra el incremento particular de dos tipologías delictivas que no han parado de crecer en los últimos años: los delitos económicos y la criminalidad cibernética.

Según datos de la Policía, en los dos últimos años se ha producido en su demarcación un incremento de las estafas cercano al 40%. El propio director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó esta semana que las estafas “son cada vez más peligrosas y más sofisticadas” y aseguró que la seguridad económica es una “prioridad estratégica” para la institución que dirige.

Sólo en los últimos 12 meses, en el territorio de la Policía ha crecido un 40% el número de empresas investigadas por delitos económicos y ha aumentado un 30% la cifra de detenidos por la misma causa. Las 2.600 investigaciones puestas en marcha por los expertos en delincuencia económica desde 2012 para reaccionar a este fenómeno han permitido incautar 40 millones de euros en efectivo, bloquear más de 2.000 cuentas y confiscar bienes por valor de 250 millones de euros.

Los datos de la Guardia Civil reflejan un incremento similar. Sólo en 2013 sus agentes detuvieron a 2.105 personas en 107 operaciones diferentes sobre blanqueo de capitales. Los efectos intervenidos en esos operativos, entre cuentas y otros productos financieros bloqueados, bienes inmuebles y vehículos sumaron 200 millones de euros.

“El aumento en los delitos económicos tiene que ver con los cambios que se han producido en la persecución de la delincuencia común”, explican fuentes del Instituto Armado consultadas por este diario. “El mayor daño que se le puede hacer a cualquier organización criminal, sea del tipo que sea, es tratar de dejarle sin los recursos económicos que ha acumulado gracias a su actividad ilegal. En la actualidad, cualquier investigación va aparejada de una investigación patrimonial de la que pueden derivarse responsabilidades penales. Así se dificulta que sus responsables puedan volver a poner en marcha otra vez la organización”.

El fenómeno de la corrupción

La otra gran causa que explica el aumento de los delitos económicos es el fenómeno de la corrupción. En los últimos tres años, según datos de la Fiscalía General del Estado, crecieron un 17% las causas judiciales relacionadas con delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho o fraudes comunitarios. En el mismo periodo, las sentencias por corrupción aumentaron un 151%.

Sólo la Policía ha aumentado un 50% la cifra de casos abiertos en los últimos dos años hasta llegar a los 160. En las 82 operaciones que aún tiene entre manos hay más de 1.000 personas implicadas. Y en el caso de la Guardia Civil, que según Interior acumulaba en 2013 el 65% de todas las investigaciones por corrupción, la variación que se ha producido en los últimos años es aún más significativo. El propio Jorge Fernández Díaz declaró en el Congreso de los Diputados que hasta el año 2008 no consta que el Instituto Armado hubiera abierto pesquisas por delitos de este tipo y subrayó que, sin embargo, sólo en 2012 comenzó 58.

Entre los casos más ambiciosos que desarrolla en estos momentos la Guardia Civil se encuentra el caso de los ERE de Andalucía, que desde se inició en 2011 ya acumula en torno a 150 imputados. Sólo el llamado fondo de reptiles de la Junta de Andalucía con el que se habrían pagado subvenciones ilegales asciende a 1.200 millones de euros. La operación Heracles de la Guardia Civil en el marco de ese mismo procedimiento, aunque centrado sobre todo en el desvío de las presuntas comisiones ilegales que se pagaron con esos fondos públicos, se saldó con otra veintena de detenidos. Asimismo, los investigadores del Instituto Armado también rastrean el uso que UGT Andalucía habría hecho de ayudas para la formación de trabajadores.

En cuanto a la Policía, sus agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevan más de cinco años trabajando en el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción vinculada al Partido Popular, que habría tenido entre sus principales protagonistas al extesorero de la formación Luis Bárcenas. Sólo en la pieza principal de Gürtel hay más de 180 imputados, de los que alrededor de 70 serían políticos. Sólo Bárcenas llegó a acumular en sus cuentas más de 47 millones de euros, y los investigadores creen que aún no han aparecido todos sus ahorros. Además, la UDEF está dando los primeros pasos en otra investigación sobre la formación para parados que también se habría producido en Andalucía, la operación Edu. Sus estimaciones apuntan a que el fraude podría superar en este caso los 2.000 millones de euros. Por otro lado, tras el convenio firmado el pasado año entre los ministerios de Interior y Empleo para luchar contra el fraude en las cotizaciones sociales, los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social ya han imputado a más de 3.000 personas por ese tipo de prácticas.

Delitos cibernéticos

El aumento de los delitos económicos tiene una relación directa con el crecimiento que ha experimentado en los últimos años otra tipología delictiva: los delitos informáticos. El jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Óscar de la Cruz, ha recordado en numerosas intervenciones que los fraudes y estafas son los delitos que con mayor frecuencia se cometen en el mundo cibernético.

Pero los delitos informáticos constituyen un reto en sí mismos. En este caso, la subida no se debe a la crisis económica sino al desarrollo tecnológico que ha experimentado la sociedad en los últimos años. El director general de la Policía afirmó esta semana que se han duplicado desde 2009, aunque su evolución parece haberse ralentizado ligeramente gracias a la acción policial. Según datos del Ministerio del Interior, en 2011 se anotaron 37.458 infracciones penales relacionados con el uso de los ordenadores, y en 2013, su cifra se situó en 42.437. Los fraudes representan el 62% del total de delitos informáticos. Los siguientes en la clasificación son los de amenazas y coacciones, que suman el 21,3% del total.

Reorganización de las plantillas

El aumento de los delitos económicos y cibernéticos ha llevado a la Guardia Civil y a la Policía ha adaptar sus estructuras a la nueva situación. Interior se ha comprometido a aumentar la plantilla de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal que está al frente de la operación Edu. Además, hace unos meses elevó el rango del equipo de agentes especializados en la lucha contra la delincuencia en internet. La antigua Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), que estaba encuadrada en la UDEF, se ha convertido ahora en una unidad completamente independiente, la Unidad de Investigación Tecnológica.

En el caso de la Guardia Civil, el antiguo Grupo de Delitos Urbanísticos de la UCO se transformó hace unos meses en el Grupo de Delitos contra la Administración para recoger con mayor precisión el amplio número de cuestiones que investiga: desde recalificaciones de suelo a adjudicaciones públicas, pasando por el uso de subvenciones y comportamientos irregulares de funcionarios. Por su parte, el Grupo de Delitos Telemáticos ha implantado una red de agentes expertos en asuntos informáticos en todas las comandancias para que puedan contribuir a la lucha contra este tipo de infracciones. Además, los responsables de este grupo de la UCO esperan que en los próximos meses llegue un refuerzo de agentes que les permita aumentar sus capacidades.