Rajoy y Rubalcaba mantienen el bloque constitucional para aprobar la abdicación

El Congreso acepta la abdicación de Don Juan Carlos como rey al aprobar una ley orgánica que cuenta con el apoyo previo de al menos 301 diputados sobre 350, los que representan a los partidos constitucionalistas (PP, PSOE y UPyD). La extrema izquierda y los antiguos comunistas, fundamentales en el pacto de la Transición, confirman su ruptura con el régimen de la ley de leyes de 1978 con un no que quieren presentar como rechazo a la monarquía constitucional, aunque no tenga nada que ver con el texto que se vota. Los nacionalistas catalanes, metidos en la carrera separatista, se abstienen como señal de desmarque.

El Gobierno ha buscado con la ley orgánica de abdicación un mero mecanismo para que las Cortes den el visto bueno a la retirada de Don Juan Carlos y entre a continuación en marcha el proceso automático de la sucesión para proclamar rey (por las Cortes y como fija la Constitución) al príncipe de Asturias. Para los partidos de Gobierno (PP y PSOE), UPyD y los diputados del Grupo Mixto de UPN y Foro Asturias es un trámite de normalidad y estabilidad democrática. Para la extrema izquierda de la cámara, de ámbito nacional o autonómico, independentistas y batasunos, una oportunidad para ir contra el régimen democrático heredero de la Transición.

Las dudas del diputado socialista Odón Elorza, el único del PSOE al que no ha convencido Alfredo Pérez Rubalcaba para que respete la disciplina de su grupo, son la incógnita del resultado final de la votación. Puede dejar a los socialistas en 109 síes para sumar a los 185 del PP, los 5 de UPyD y los dos citados del Grupo Mixto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende ante el pleno el contenido del proyecto de ley orgánica. Fijarán posición a favor el jefe de la oposición, Rubalcaba, y la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Los argumentos son los obvios: cumplimiento de las previsiones constitucionales. Más peculiares serán las intervenciones de los portavoces de IU y del resto de los grupos que se oponen porque no entran en materia y van a dar el mitin en contra de la monarquía y a favor de la república. Aunque el no de la Cámara sería el rechazo a la decisión de Don Juan Carlos de abdicar.

El caso de los nacionalistas de CiU y PNV al abstenerse es distinto. Los catalanes estuvieron en el pacto constitucional en 1978 y en el apoyo a la monarquía hasta que emprendieron la carrera independentista. Su portavoz, Josep Antoni Duran, dice que se abstienen porque no le consultaron, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le contó el contenido de la ley antes de que fuera al Consejo de Ministros. El PNV se instaló desde la Transición, una vez conseguidos concierto y cupo en la ley de leyes, en el principio de acatar la ley pero no apoyar. Y en esa línea siguen.

En el Gobierno están dolidos con el desmarque de Duran, aunque achacan a Artur Mas la decisión final de CiU de quedarse al margen del trámite constitucional. Sobre la posición del PSOE, admiten que Rubalcaba ha cumplido su compromiso (congruente con el pasado del socialismo del pacto constitucional), pero ven en las posiciones de los aspirantes a la sucesión, como Eduardo Madina, que se cumplen sus temores. El principal partido de la oposición amenaza con entrar en una fase de crisis interna en la que puede replantearse fundamentos del marco constitucional que el mismo PSOE contribuyó a levantar en 1978.

Después de la proclamación de Don Felipe, el Gobierno tiene que fijar el nuevo estatus de Don Juan Carlos. Si lo hace por ley, de nuevo se puede abrir en las filas socialistas una vía de discusión interna. Rubalcaba deja el cargo en el congreso de julio y nadie sabe con quién tendrá que negociar el Ejecutivo esas reformas legales que afecten a la Casa Real. Tampoco si el PSOE se decantará en la nueva atapa por el alma republicana que han descubierto ahora algunos socialistas preocupados por la competencia de IU y Podemos.