El control total de Moncloa por la seguridad enfrenta al CNI con Policía y Guardia Civil

La obsesión del Gobierno de Mariano Rajoy por conocer hasta el más mínimo movimiento que pueda afectarle está provocando un enfrentamiento soterrado entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el dominio de la seguridad en suelo español. Los roces vienen de lejos, pero acontecimientos recientes han vuelto a situarlos encima de la mesa del Ejecutivo, que no tiene demasiado interés en solucionarlos a pesar de que están generando episodios desagradables y preocupantes errores de coordinación.

Diversas fuentes de la Policía y de la Guardia Civil consultadas por este diario aseguran que los problemas comenzaron en diciembre de 2011, cuando el PP decidió a los pocos días de llegar a la Moncloa que el CNI debía dejar de depender del Ministerio de Defensa para quedar directamente adscrito al Ministerio de la Presidencia. Desde entonces, aseguran las fuentes de la Policía y del Instituto Armado, el CNI comenzó a centrarse en asuntos interiores para proporcionar información de primera mano al Ejecutivo de Rajoy, también en asuntos de corrupción relacionados con Génova.

Esas nuevas prioridades del CNI han comenzado a provocar más choques de los habituales con los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil. Desde las Fuerzas de Seguridad del Estado reclaman una reordenación de las competencias para que sus servicios de información se encarguen la seguridad en territorio nacional y el CNI pase a dedicarse en exclusiva a la seguridad exterior. Pero en el CNI no están de acuerdo. Reivindican la normativa actual, que les confiere la potestad sobre toda la inteligencia, dentro y fuera de España.

La lucha soterrada del caso Emperador

Aunque la batalla por el dominio de la seguridad interior comenzó a fraguarse al comienzo de la legislatura, ha alcanzado ahora sus cotas máximas. El caso Emperador es uno de los tableros en los que está jugando esa partida. La Policía Nacional se ha visto salpicada por un presunto caso de corrupción que afecta a nueve agentes de diferente rango. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno los ha imputado por haber realizado supuestos favores a los líderes de la mafia china en España, según se desprende de conversaciones telefónicas intervenidas a la red asiática por la propia policía. Pero otra grabación aportada en la Audiencia Nacional por uno de los cabecillas de la trama china, Yongping Wu Liu, ha revelado que una espía del CNI le presionó para que incriminara a uno de los agentes acusados de corrupción.

Detectives privados contratados por Wu Liu grabaron íntegramente el encuentro con la funcionaria de los servicios de inteligencia. La información ha generado estupor en el CNI por la facilidad con la que una de sus agentes ha quedado al descubierto por el trabajo de simples detectives privados, pero en la Policía Nacional y también en la Guardia Civil también ha provocado inquietud, aunque por motivos diferentes.

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que las presiones de la agente del CNI al empresario chino son la prueba definitiva de la campaña que a su juicio han puesto en marcha los servicios de inteligencia para tratar de ejercer un control absoluto sobre toda la información sensible que pueda tener algún tipo de consecuencia para el Gobierno. Critican que el CNI esté volcado ahora en asuntos como el caso Emperador, que a su juicio no tienen ninguna relación con la seguridad nacional y que hasta 2011 eran objeto únicamente de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “Las presiones a Wu Liu sólo tenían como objetivo desprestigiar el trabajo que hacemos para que nuestros servicios de información desempeñen únicamente un papel residual”, asegura uno de los expertos policiales consultados. “Con independencia de lo que hayan hecho esos policías, me pregunto qué hace el CNI preocupándose del caso Emperador, que es pura delincuencia. Hay cosas más importantes como para meterse también en estos asuntos”.

Graves errores en el exterior

La Guardia Civil no está implicada en ese escándalo, pero tiene una posición similar a la que mantiene la Policía. Fuentes del Instituto Armado preguntadas por El Confidencial sostienen que se ha producido un aumento del interés del CNI por los asuntos nacionales desde que depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y lamentan que como resultado de esa competencia por todo lo que pasa dentro de España se estén produciendo disfunciones.

“Los recursos son limitados y no hay duda de que esa voluntad del CNI de conocer todo lo que ocurre en España, incluso la corrupción, está provocando que se descuiden los intereses españoles en el exterior, que deberían ser lo que más preocupara al Gobierno”, afirma una de las fuentes consultadas en el Instituto Armado. “Quizá, si hubiera estado más pendiente, al Gobierno no le habrían pillado por sorpresa la expropiación de YPF y la paralización de las obras del Canal de Panamá”, apuntilla otro experto.

Desde el organismo que dirige el general Félix Sanz Roldán niegan que se hayan producido cambios en la orientación de su actividad. “La misión del CNI está prevista en la ley reguladora del centro aprobada en 2002 y en esa norma se enmarcan todas y cada una de las misiones que lleva a cabo el centro, sin excepción”, se limita a asegurar un portavoz oficial del centro.

Tres servicios para un mismo informador

Pero fuentes policiales consideran urgente una reordenación de los servicios de inteligencia para evitar duplicidades y encontronazos como el del caso Emperador. Ponen más ejemplos de los errores que se están produciendo en los últimos meses. “No tiene sentido que hasta tres servicios distintos estemos acudiendo a hablar con el mismo imán para conseguir información sobre terrorismo islamista, porque al final el imán no sabe con quién tiene que hablar y se lo acaba tomando a cachondeo. La impresión es horrible y ocurre continuamente”, señala otro experto policial. “Pasa lo mismo con los informadores del crimen organizado y con cualquier asunto que tenga que ver con corrupción. Y el problema se ha agravado desde que el CNI ha convertido en una prioridad todo lo que pase en España”.

La práctica desaparición del terrorismo de ETA sólo ha contribuido aún más a ese giro del CNI hacia la delincuencia común. Además, la adscripción del CNI a Moncloa ha situado a la agencia en un rango aún más elevado. Las Fuerzas de Seguridad denuncian que ese cambio ha provocado en la práctica que los servicios de inteligencia compartan menos información con el Ministerio del Interior, de quien dependen tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil.

Reunión en la Embajada de Francia

En opinión de estos expertos de la Policía, el modelo a seguir es el que aplica la vecina Francia. Hace un mes, la Embajada francesa en Madrid convocó a los mandos de las Fuerzas de Seguridad españolas para presentarles el nuevo organigrama de sus servicios de inteligencia. Todas las agencias de información que operan dentro de las fronteras francesas han quedado integradas en la nueva Dirección General de la Seguridad Interior, dependiente del Ministerio del Interior. Por el contrario, los asuntos que se produzcan fuera de Francia seguirán siendo competencia de la Dirección General de la Seguridad Exterior, encuadrada en el Ministerio de Defensa.

Los expertos de la Guardia Civil también aprueban ese modelo, que permitiría a su servicio de la información y al de Policía asumir en exclusiva las competencias de seguridad interior, unificarse bajo una misma dirección y compartir medios, procedimientos y averiguaciones. Lógicamente, en el CNI se oponen frontalmente a desprenderse de una parte esencial de sus funciones y defienden el reparto actual, que en su opinión está dando excelentes resultados.

Intento fallido de integración

Sin alterar las competencias de seguridad, la integración de Policía y Guardia Civil era el objetivo que llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a crear en 2004 el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en 2006. Pero en la década que llevan funcionando no se han logrado las metas esperadas. De hecho, el Ejecutivo de Rajoy trabaja ahora en la fusión de ambos organismos, aunque el resultado seguirá estando igual de alejado del modelo francés.

Aunque en el Instituto Armado apuestan por el modelo de Francia, matizan que en el país vecino siempre ha operado un sistema de inteligencia separado, diferenciando entre lo que ocurre dentro y fuera de sus fronteras. “Aquí en España tenemos otro modelo”, advierte un experto de la Guardia Civil. “Debería aplicarse el de Francia pero hay que hacer muchos cambios”. Y el Gobierno no tiene ningún interés en que se produzcan.