Así se contamina la cuenca de la que beben dos millones de ciudadanos de Barcelona

Una cuenca totalmente salinizada, la prohibición de beber agua en toda una comarca, la posibilidad de contaminar el agua potable del área de Barcelona (afectaría a dos millones de personas) y la pasividad de una Administración que ha provocado que se destinen cientos de millones de euros a intentar paliar los efectos de una contaminación que debería haber pagado una compañía privada. Esos son los devastadores efectos que provoca el abandono de toneladas de residuos mineros en la comarca del Bages, en pleno corazón de Cataluña y que, por extensión, afecta a toda la cuenca del río Llobregat, del que toma agua potable la conurbación barcelonesa.

De este río se abastecen de agua potable dos millones de personas del cinturón metropolitano. Pero, además, algunas poblaciones cercanas a los lugares de extracción minera, poblaciones como Sallent, Santpedor o Callús, “no pueden utilizar parte de sus recursos hídricos de la cuenca del Llobregat para el consumo humano dada su alta salinidad, la cual hace inviable el cumplimiento del valor indicativo máximo de 200 mg/ de cloruros establecido en el Anexo II de la Directiva 75/440/CE”.

Estos son datos extraídos de la denuncia que un vecino de Sallent, Sebastián Estradé, doctor en Derecho y diplomado en Ingeniería Industrial, ha hecho ante la UE y que consta de 73 páginas repletas de acusaciones, de constataciones y de jurisprudencia para exigir responsabilidades de este monumental desaguisado ambiental tanto a la compañía causante, Iberpotash, como a la Administración autonómica catalana, por no exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y que encima pone dinero para intentar paliar la situación. De momento, Bruselas ha abierto el expediente CHAP (2013)01557.

La denuncia detalla que los depósitos de minas explotadas por Iberpotash en esta comunidad “han ido creciendo sobre suelo no impermeabilizado y sin la adopción de ningún tipo de medida preventiva ni correctora eficaz, desde el inicio de esta actividad a principios del siglo pasado hasta constituir hoy día unas montañas completamente formadas por residuos salinos. Concretamente, el depósito del Cogulló, en Sallent, culmina a unos 500 metros de altura, es visible desde toda la planicie del Bages (comarca donde se encuentra) y más alta que la montaña vecina, de 474 metros”.

¿Mala fe de la compañía?

La magnitud de estos depósitos salinos supone, dice el escrito, “un peligro para la salud de las personas y el medio ambiente, así como la violación de una prohibición legal de abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos mineros”. Este hecho, agravado los últimos años por el incremento de la producción de potasa y con previsiones de ampliar “considerablemente su actividad según el plan Phoenix” ha llevado al a compañía ante los tribunales en varias ocasiones. La denuncia enumera los diferentes pleitos que se encuentran en los tribunales, así como las sentencias favorables a estas denuncias.

El denunciante acusa a Iberpotash de “mala fe”, porque ha ido interponiendo durante los últimos años sucesivos recursos judiciales “con una clara táctica obstruccionista y dilatoria” para no ejecutar las sentencias. Actualmente, el Supremo ha de decir la última palabra.

Estradé acusa asimismo de pasividad a la Generalitat de Catalunya, por no exigir la restauración de los depósitos salinos. “De hecho, claramente, con la inactividad administrativa prolongada de no exigir a Iberpotash la elaboración de un nuevo programa de restauración que incluya un plan de gestión de residuos, en aplicación de la normativa vigente, así como la no incoación del expediente sancionador correspondiente, la Generalitat está permitiendo por un lado el incumplimiento por parte de Iberpotash de sus obligaciones legales en esta materia y, por otro lado, la persistencia de la situación, la intensificación del riesgo ambiental no permitido y, en consecuencia, degradación ambiental significativa”.

La denuncia recuerda que es obligatorio “disponer de un programa de restauración que incluya tanto la gestión de los residuos mineros como la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad extractiva y por las instalaciones de residuos mineros y la garantía financiera que asegure de forma suficiente el cumplimiento de la totalidad de las medidas de protección del medio ambiente impuestas en el mencionado programa”. La documentada denuncia apela, asimismo, a la legislación que dictamina que sin el programa de restauración o la garantía financiera correspondiente, “supone necesariamente el no otorgar o la caducidad de la autorización de explotación minera”. Así lo recogen distintas sentencias del Tribunal Superior de Murcia o diversas sentencias del propio Supremo.

El denunciante acusa a Iberpotash de 'mala fe', porque ha ido interponiendo durante los últimos años sucesivos recursos judiciales 'con una clara táctica obstruccionista y dilatoria' para no ejecutar las sentencias

Para gestionar los residuos, además, se ha de tener en cuenta especialmente el “almacenamiento provisional” de los mismos. Fuentes del sector señalan que, en el caso de las minas del Bages, estos están depositados al aire libre y expuestos a las fuerzas atmosféricas. “En este caso, la gran cantidad de residuos mineros existentes supone un peligro para la salud de las personas y el medio ambiente, por lo que, con el fin de que causen daños u perjuicios insignificantes, es del todo necesario que el ritmo de la gestión de los residuos mineros sea superior al ritmo de su generación”. Y aquí se da la circunstancia de que los residuos se acumulan directamente sobre el suelo “sin ningún tipo de impermeabilización, provocando la infiltración de una cantidad incontrolada de cloruros en los terrenos adyacentes y a las aguas superficiales y subterráneas”.

Dinero público para paliar el desastre

Estradé sostiene que las autorizaciones concedidas a Súria, Balsareny y Sallent “no incluyen ninguna medida de prevención y gestión de residuos; ni un programa de restauración que contemple una debida y efectiva gestión de los residuos durante el tiempo que se desarrolló la actividad extractiva, así como la ausencia de una fianza ajustada al caso en los límites legales”.

Para paliar los efectos de los residuos, no obstante, quien ha puesto dinero encima de la mesa ha sido la Administración en vez de la empresa. “Concretamente, los trabajos de rehabilitación del terreno del depósito salino de Vilafruns, que ocupa una superficie de 9,9 hectáreas, ejecutadas y financiada por la Agencia Catalana del Agua, han tenido un coste de 7.579.459,85 euros. En cambio, para los ‘trabajos de clausura y sellado de los terrenos’ del depósito salino de El Cogulló, que ocupa una superficie de 48 hectáreas, la Generalitat ha presentado una garantía financiera por importe de 6.937.765,55 euros. Con lo cual, el importe de la garantía financiera a que hace referencia el informe de 21 de marzo de 2013 es totalmente insuficiente. No cumpliendo con la normativa aplicable ni en aplicación del método de comparación, utilizado en la valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras establecido en la orden ECO/805/2003 de 27 de marzo de 2003”.

No obstante para arreglar la situación se han estado utilizando caudales públicos: a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo que está en quiebra técnica, la Generalitat invirtió más de 300 millones de euros “para la minimización de los depósitos salinos de la comarca del Bages y la mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Llobregat”. El año pasado, la ACA gastó también 2 millones de euros en la licitación de un contrato para el “servicio de explotación del colector de salmueras de la cuenca del río Llobregat”, actuación que debería corresponder a Iberpotash pero que ha sido costeada con fondos públicos. El escrito también destaca que “la insolvencia actual de la ACA es una clara amenaza para que se puedan llevar a cabo los proyectos urgentes para evitar o minimizar el impacto ambiental negativo de las salmueras derivadas de los depósitos salinos”.

La Generalitat está permitiendo por un lado el incumplimiento por parte de Iberpotash de sus obligaciones legales en esta materia y, por otro lado, la persistencia de la situación, la intensificación del riesgo ambiental no permitido y, en consecuencia, degradación ambiental significativa

Al margen, en uno de los barrios de Sallent, edificado sobre la antigua mina Enrique, aparecen grietas en las viviendas, que crecen a un ritmo anual de 2,5 centímetros. Ello, asegura la denuncia, no se habría producido –o al menos no con la misma intensidad– si las minas se hubieran vuelto a llenar con los residuos, como hacen en el resto de Europa mediante la técnica del backfilling. En el 2009, el Gobierno catalán aprobó una partida de 50 millones de euros (luego aumentados en 10 millones más) para indemnizar a los vecinos.

Daños irreversibles

La denuncia detalla también que “se ha vulnerado claramente el principio de que quien contamina paga (Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)” y que existe “una alta probabilidad científica de contaminación salina y de que los daños y perjuicios provocados puedan llegar a ser irreversibles en la calidad de las aguas destinadas a la extracción de agua potable para la población de toda la región de Barcelona”.

La denuncia que investiga la UE aborda muchos más aspectos, como las previsiones de futuros incrementos de los residuos salinos acumulados, la realización de obras sin permiso o infracciones urbanísticas. Además, incorpora análisis de las aguas de la cuenca y pide responsabilidades “a los funcionarios administrativos o autoridades públicas a quien pueda imputarse el incumplimiento de la normativa de aplicación (de la gestión de residuos)”.