Los fiscales se reunirán para decidir si la Audiencia instruye el fraude de los cursos

Las conclusiones de la primera fase de la operación Edu, la investigación policial sobre el presunto fraude masivo con los fondos para la formación de trabajadores que se habría cometido en Andalucía durante años, son tan demoledoras que la Fiscalía Anticorrupción se está viendo obligada a replantear la forma en que tenía pensado abordar este caso. Según ha podido saber este diario, los representantes del Ministerio Público se reunirán en Madrid en los próximos días para coordinar su actuación y estudiar la posibilidad de que sea finalmente la Audiencia Nacional la que se encargue de instruir la investigación judicial sobre la presunta malversación de las partidas multimillonarias para formación entregadas entre 2007 y 2013 al Gobierno de la Junta de Andalucía por la Unión Europea.

La primera intención de la Fiscalía era que el caso se centrara únicamente en la provincia de Málaga y que fuera la Fiscalía Anticorrupción de esta provincia la que presentara las primeras conclusiones de la policía sobre el presunto fraude en un juzgado ordinario de esa demarcación. Pero los hallazgos que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son tan contundentes que el Ministerio Público ha empezado a dudar de que un simple juzgado de instrucción tenga capacidad para hacer frente a un escándalo de esta dimensión.

La investigación se centra en las ayudas públicas concedidas por los últimos Ejecutivos socialistas de Andalucía para la celebración de cursos de formación para trabajadores. Aunque las primeras pesquisas de la UDEF se han centrado únicamente en un solo expediente de ayudas de la provincia de Málaga, los agentes ya disponen de datos que apuntan a que la presunta malversación de esos fondos públicos se habría producido a escala autonómica y con una incidencia apabullante. El informe de 70 páginas que los investigadores entregaron a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga la semana pasada con el resumen de sus indagaciones sobre ese primer expediente contiene evidencias que sustentan la amplitud de la estafa. Sus primeras estimaciones señalan que se podrían haber defraudado fondos públicos hasta por valor de 2.000 millones de euros.

La Policía prefiere la Audiencia

Esas informaciones son las que han provocado un cambio de criterio en el Ministerio Público, que se inclina ahora por aportar las pruebas de este caso a la Audiencia Nacional, para que sea investigado por un juzgado central de instrucción. Esa sería la opción preferida por los investigadores, como ya adelantó El Confidencial. Los agentes encargados de estas pesquisas mantienen que sólo la Audiencia Nacional tiene los medios necesarios para poder afrontar un caso de esta envergadura, en el que podría haber miles de implicados y ramificaciones que condujeran a altos cargos de la Junta de Andalucía.

La Audiencia Nacional sería además competente para juzgar un caso de estas características. Aunque por ahora se centra únicamente en la provincia de Málaga, todo indica que la operación Edu afectará pronto a dos o más provincias. Además, está relacionada con delitos de tipo económico. De ese modo, cumple los requisitos geográficos y jurisdiccionales obligatorios para que una investigación de este tipo pueda ser asumida por un juzgado central de instrucción.

Fiscales de Granada, Sevilla y Málaga

Con todo, el Ministerio Público tendrá la última palabra. El fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha citado en Madrid la próxima semana con los responsables de esta Fiscalía especial en las provincias de Granada, Sevilla y Málaga, según fuentes cercanas al Ministerio Público. El propósito de ese encuentro es evaluar la relevancia penal de los hechos descubiertos hasta el momento por la UDEF, coordinar su respuesta procesal y elegir la instancia que deberá asumir las pesquisas de ahora en adelante.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía sigue negando la existencia de irregularidades en la concesión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores. El último en negar estas informaciones ha sido el consejero de Justicia, Emilio de Llera, que aseguró que es un “bulo” que se haya producido “un fraude masivo de 2.000 millones de euros” con esas subvenciones.