El PP escapa de Bárcenas sin delitos, pero Ruz y la UDEF hieren de muerte su marca

El Partido Popular está consiguiendo salir por ahora indemne de la pieza separada que instruye desde febrero de 2013 el juez de la Audiencia Nacional sobre los papeles de su extesorero Luis Bárcenas. Los hechos conocidos por el momento habrían prescrito o carecen de reproche penal. La financiación ilegal de los partidos, aunque parezca difícil de creer, no existe como delito. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido incluirlo en la reforma del Código Penal que está tramitando el Ministerio de Justicia, pero todos los acontecimientos que rodean a Bárcenas serán enjuiciados con las leyes actuales, en las que financiarse irregularmente no implica ningún tipo de conducta delictiva.

En la actualidad, los partidos políticos ni siquiera son responsables civiles subsidiarios de los hechos que hayan cometido sus dirigentes. Si Ruz consiguiera demostrar que Bárcenas perjudicó a los afiliados del PP detrayendo sus donativos (las investigaciones ya apuntan en esa dirección), Génova no estaría en la obligación de ofrecer ninguna compensación. Ante este panorama, las acusaciones populares están tratado de buscar una correlación entre las presuntas donaciones al PP y la adjudicación de obras públicas de sus Gobiernos a las firmas donantes. Ese vínculo habría permitido imputar a los acusados y a otros cargos de Génova un delito de cohecho, la figura penal que más factura puede pasar a un dirigente. El Código Penal castiga, además, el cohecho con hasta seis años de cárcel.

Pero las líneas de investigación se agotan y las acusaciones no encuentran la prueba necesaria para mantener vivo el caso. El pasado mes de marzo, la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, aseguró que no existían elementos suficientes para concluir que las donaciones de empresas al PP que reflejan los papeles de Bárcenas hubieran servido luego para que esas compañías obtuvieran contratos del erario público. Según los funcionarios de la IGAE adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, las pruebas conocidas hasta la fecha y la presunta confesión del extesorero popular no demuestran la existencia de un delito de cohecho. Más bien todo lo contrario.

La estrategia equivocada del PP

Pero el nombre del PP está sufriendo un revolcón por el camino. La semana pasada, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la sección que está llevando todo el peso de las pesquisas desde el inicio del caso, emitió un nuevo informe sobre las obras de reforma de la sede de Génova que apuntala la existencia en el PP de una caja B sostenida a lo largo del tiempo. La policía y el instructor del procedimiento ya llegaron a esa conclusión el pasado de noviembre. Pero la defensa de los populares en el caso reaccionó con un durísimo escrito que cuestionó incluso la solvencia profesional de Ruz y de los efectivos de la UDEF. En concreto, el abogado de la formación, Alberto Durán, culpó a los policías de fundamentar sus acusaciones en “simples presunciones” y les reprochó que creyeran “a pies juntillas” los documentos intervenidos en el despacho de Unifica, la empresa que contrató el PP para reformar su sede. “No parece muy propio de un informe policial solvente”, afirmó, antes de reprochar también a Ruz que asumiera esas conclusiones.

El instructor del caso reaccionó a ese escrito de defensa, que causó malestar hasta en el Ministerio del Interior, enviando a la Policía a registrar la sede del PP. Los agentes permanecieron 14 horas dentro de Génova. El resultado fue la incautación de 5.068 documentos sobre las obras de reforma que los populares se negaban a enviar a la Audiencia Nacional.

Sólo la imagen de la policía en Génova ya supuso un grave deterioro de la posición del PP en el caso, pero las consecuencias que se desprenden del nuevo informe encargado por Ruz a la UDEF sobre los documentos intervenidos son aún más contundentes. Tras recibir las conclusiones de los investigadores el pasado 4 de abril, el instructor emitió un nuevo auto la semana pasada en el que aseguró que el “análisis permite seguir sosteniendo, aún con mayor fundamento del que ya obrara en la causa en el momento de dictarse el anterior auto de 22.11.13 [el primero emitido sobre la reforma de Génova] que el conjunto de los elementos objeto de análisis (…) en unión del resultado de las diferentes diligencias practicadas hasta el presente estadio, de carácter documental y testitifical, viene a confirmar, a nivel indiciario, la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas”. Pocas líneas después, Ruz reitera que los servicios de Unifica se habrían cubierto con “el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido”.

Ruz despeja las dudas

El propio juez aclara que las únicas responsabilidades que se desprenderían de estos hechos serían un delito contra la Hacienda Pública imputable a Bárcenas y a la persona que le sustituyó al frente de las cuentas del PP, Cristóbal Páez. En la formación no recaería ningún delito. Pero el auto confirma, con los hechos conocidos hasta ahora, lo que siempre habían negado los dirigentes del PP: que el partido contaba con una caja B. Muchos cargos de la formación habían comprometido su palabra asegurando justo lo contrario.

No se trata además de un hecho puntual. Las pesquisas realizadas hasta el momento han permitido imputar por diferentes delitos relacionados con la corrupción a los predecesores de Bárcenas en las finanzas del PP, Ángel Sanchís (1982-1987) y Álvaro Lapuerta (1993-2008), al propio Bárcenas (1990-2009) y a Páez (2008-2010), es decir, a cuatro cargos de la formación (y de Alianza Popular) que abarcan más de tres décadas y conectan con el caso Naseiro, el otro gran escándalo de financiación irregular en la historia del PP. Concluir que los hechos conocidos hasta la fecha en el marco del caso Bárcenas están exclusivamente relacionados con las respectivas actuaciones individuales de los dirigentes de la formación es una interpretación demasiado selectiva de la realidad.

Por suerte para el PP, Bárcenas no va a seguir con la misma estrategia. En su última comparecencia ante Ruz, también la semana pasada, el extesorero optó por no ampliar sus acusaciones. Se limitó a ratificarse en sus declaraciones anteriores. Es consciente de que la táctica del ventilador sólo le ha servido para dormir 10 meses en la cárcel de Soto del Real. Su defensa apuesta ahora por un pacto que le permita salir de prisión.

La investigación judicial continúa

Con todo, el procedimiento aún puede seguir erosionando el nombre del PP en las próximas semanas, aunque no arroje responsabilidades penales para sus principales dirigentes. Ruz ya da por hecho la existencia de una caja B en las cuentas de los populares, y la UDEF continúa elaborando informes. Quedan por llegar los datos de comisiones rogatorias que requerirán nuevos análisis. Los hallazgos de los investigadores pueden llegar en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo.

Además, hay otros procesos en marcha. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, recurrió el pasado mes de enero la absolución del extesorero en el particular contencioso que mantiene con él por su presunta vulneración del derecho al honor. Le exige una compensación de 100.000 euros. La Justicia tiene que pronunciarse sobre ese recurso. Y tampoco se conoce aún el resultado de la demanda por despido improcedente que puso Bárcenas ante el PP. La vista tendrá lugar el próximo 11 de julio, y también será complicado que la dirección de Génova salga airosa en este otro procedimiento. La fórmula del despido en diferido tiene mal encaje en el derecho laboral. No debe de haber muchas agrupaciones políticas en el mundo que hayan sufrido más desgaste que el Partido Popular en los últimos meses. Y menos aún que después de un caso de este tipo hayan conseguido seguir existiendo.