Díaz Ferrán se enfrenta a 21 años de cárcel por ocultación a los acreedores de Marsans

La pesadilla judicial de Gerardo Díaz Ferrán continúa su proceloso camino por la judicatura española. Esta semana, las partes acusadoras de la causa que se libra en la Audiencia Nacional por alzamiento de bienes e insolvencia punible han presentados sus escritos de acusación. El grupo de acreedores formado por Orizonia, AC Hoteles y Grupo Meliá, precursor de la denuncia a la que luego se sumaron más de 20 afectados (La Caixa, Bankia, NCG…), pide una pena de 21 años de cárcel para el expresidente del grupo turístico y de la patronal CEOE, así como otros 22 años para Angel de Cabo e Iván Losada, respectivamente.

La acusación representada por los abogados DanielJiménez y Margarita Santana reclama estas penas de cárcel para los que considera máximos responsables de la trama de alzamiento de los bienes del patrimonio de Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual por los delitos de ocultación de bienes, estafa procesal e insolvencia punible. En el caso de los dos asesores, la solicitud de pena es aún mayor por acumular también acusaciones de blanqueo de capitales, organización criminal y asociación ilícita.La solicitud de cárcelse extiende también a otros ocho imputados, entre los que se encuentra un hijo del propio Díaz Ferrán.

Respecto a las responsabilidades civiles, la acusación requiere a los acusados un total de 413 millones, importe que se corresponde con la indemnización necesaria para satisfacer los daños provocados a los acreedores por la imposibilidad de cobro de sus créditos, así como por los gastos incurridos en la ejecución de sus deudas y por los intereses legales. Esta cuantía equivale al déficit patrimonial del empresario fijado por el informe de la administración concursal, que debe 419 millones a 19 entidades bancarias y 28 empresas frente a un patrimonio reconocible de sólo 5,6 millones de euros repartidos en ocho propiedades inmobiliarias.

Además, esta acusación reclama a la compañía aérea Airbus y al Banco Sabadell cantidades por valor de 91 y 9 millones de dólares, respectivamente, como responsables civiles y solidarios por haberse beneficiado material y económicamente de las consecuencias de un delito, aunque no hayan participado en él. En el caso de la compañía aérea, por haberse ahorrado la devolución a Astra de 91 millones de dólares en perjuicio de los acedares de Teinver (patrimonial de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual). Y en lo que atañe a la entidad financiera, se trata del importe obtenido por la venta del conjunto deapartamentos enNueva York.

El principio jurídico que sostiene estas actuaciones contra Airbus y Banco Sabadell reside en que "nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se deriven de causa ilícita". En su opinión, como recoge el escrito, "se dan las exigencias típicas de aprovechamiento material y económicamente vaporable de las consecuencias de un delito: que, sin embargo, no se debe a la participación en él de los beneficiarios". Por tanto, esta obligación de pago tiene es más bien un "trasunto del principio de nulidad de los negocios civiles connotados por la ilicitud de la causa", según razona los representantes de la acusación.

En la actualidad, Díaz Ferrán,De Cabo yLosada están en prisión preventiva ante la imposibilidad de abonarlas fianzas millonarias (110 millones) impuestas por el juez Eloy Velasco. En la instrucciónde la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional sostuvo que los dueños de Marsans urdieron la venta de gran parte de su patrimonio con trampas procesales para que salieran a subasta judicial la menor cantidad de bienes, en detrimento de sus acreedores. Una estrategia para la que contaron con los servicios del liquidador valenciano, especializado en sacar dinero de empresas en quiebra, a quien, supuestamente, vendieron el holding turístico "creando una apariencia de insolvencia".