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Andreu investiga un contrato de Rato a su amigo Castellanos por valor de 1,7 millones
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BANKIA LO APROBÓ DESPUÉS DE QUE SE ejecutara

Andreu investiga un contrato de Rato a su amigo Castellanos por valor de 1,7 millones

El instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, ha vuelto a poner el foco en las relaciones comerciales que el expresidente Rodrigo Rato mantuvo durante su mandato al frente del banco con su amigo, socio y exjefe Jaime Castellanos.

Foto: Fotografía del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. (EFE)
Fotografía del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. (EFE)

La nueva batería de diligencias acordada por el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, para dar un impulso a las investigaciones sobre el colapso de la entidad vuelve a poner el foco en las relaciones comerciales que el expresidente Rodrigo Rato mantuvo durante su etapa al frente del banco con su amigo, socio y exjefe, Jaime Castellanos. La instrucción judicial ya ha permitido acreditar que Rato contrató hasta en seis ocasiones los servicios de Lazard, el banco de inversión y consultoría que preside Castellanos, para que efectuara diferentes labores de asesoramiento corporativo para Bankia. Las facturas de esos encargos sumaron un máximo de 16,4 millones de euros, incluyendo los conceptos variables estipulados en los contratos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional reclama ahora a BFA-Bankia, a petición de los peritos que investigan la fusión de la entidad y su posterior salida a bolsa en julio de 2011, que aporte toda la información disponible sobre uno de los seis servicios adjudicados por Rato a Lazard. En concreto, Andreu solicita la documentación de un contrato por importe de 1,5 millones de euros más IVA, 1.770.000 euros en total, facturado por Lazard el 20 de febrero de 2012 por supuestas labores de asesoramiento en política de dividendos, solvencia y rating de crédito.

Los peritos llaman la atención sobre el hecho de que ese encargo fuera aprobado por el consejo de administración de Bankia el 6 de febrero de 2012 cuando en realidad los trabajos a los que se refería la factura habían comenzado supuestamente a efectuarse ocho meses antes, concretamente, el 1 de julio de 2011. Es decir, que Rato adjudicó a Lazard un contrato de 1,7 millones de euros antes de contar con el aval de los órganos de control de la entidad financiera.

Discrepancias en las fechas

Jaime Castellanos. (EFE)Los expertos inciden también en que el consejo de administración de Bankia atribuyó a ese encargo una duración de cinco meses. Sin embargo, en la documentación entregada a la causa por Lazard se afirma que fue contratada para realizar esa misma actividad durante un periodo total de ocho meses. Los peritos reclaman a Bankia que explique a qué se debe esa discrepancia temporal.

Asimismo, el contenido del acuerdo es objeto de nuevas indagaciones. Supuestamente, los 1,7 millones de euros del contrato sirvieron para pagar dos informes de Lazard titulados “Consideraciones sobre política de dividendos” y que fueron remitidos a Bankia en diferentes versiones en los meses de octubre y noviembre de 2011. A petición de los peritos, Andreu pide ahora a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri que aclare cuándo recibió exactamente Bankia esos supuestos informes sobre dividendos y qué difusión tuvieron dentro del banco, con el fin de verificar que el acuerdo de Rato con Lazard se tradujo en resultados tangibles.

Una relación bajo sospecha

Las dudas sobre la relación entre Rato y Castellanos surgieron al comienzo de la instrucción del caso. El presidente de Lazard admitió en su declaración como testigo que, además de tener una estrecha relación de amistad con Rato y haberle dado trabajo en su firma de inversión cuando el exministro de Economía abandonó el Fondo Monetario Internacional (FMI), ambos también compartían una sociedad mercantil y una comunidad de bienes que tenía en propiedad un local en un centro comercial de Alcorcón (Madrid).

Tras esas revelaciones, Andreu exigió a Lazard, primero, y a Bankia, después, todas las pruebas documentales sobre los encargos otorgados por Rato al banco de inversión de Castellanos durante el tiempo que se prolongó el mandato del primero, de enero de 2010 a mayo de 2012. La información aportada por ambas compañías ha permitido concluir que el exdirigente del Partido Popular concedió hasta seis encargos a Lazard por un importe máximo de 16.480.000 millones de euros que no habían trascendido hasta ese momento.

Andreu trata de averiguar ahora a solicitud de los peritos si esos encargos, que incluyen servicios tan decisivos en el colapso de Bankia como el asesoramiento para la fusión de la entidad y su posterior salida a bolsa, fueron contratados respetando todos los protocolos internos de control y acabaron sustanciándose en trabajos que permitan justificar el pago de esas cantidades astronómicas.

Operaciones dudosas

En el mismo auto, Andreu también ha reclamado a BFA-Bankia que aporte toda la información disponible sobre presuntas operaciones irregulares anteriores a mayo de 2012 detectadas por la nueva dirección de la entidad. Algunas de esas operaciones ya han sido enviadas por el equipo de Goirigolzarri a la Fiscalía Anticorrupción y otras instancias judiciales para que sean investigadas por la Justicia, pero el instructor del caso Bankia ha solicitado a la entidad que también las aporte para que puedan ser analizadas en el marco de esta causa.

La nueva batería de diligencias acordada por el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, para dar un impulso a las investigaciones sobre el colapso de la entidad vuelve a poner el foco en las relaciones comerciales que el expresidente Rodrigo Rato mantuvo durante su etapa al frente del banco con su amigo, socio y exjefe, Jaime Castellanos. La instrucción judicial ya ha permitido acreditar que Rato contrató hasta en seis ocasiones los servicios de Lazard, el banco de inversión y consultoría que preside Castellanos, para que efectuara diferentes labores de asesoramiento corporativo para Bankia. Las facturas de esos encargos sumaron un máximo de 16,4 millones de euros, incluyendo los conceptos variables estipulados en los contratos.

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