Rajoy desafía el futuro de las pensiones con una rebaja selectiva de las cotizaciones

Paradojas de la acción política. El Gobierno tiene previsto sacar este año del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 11.029 millones de euros, según recoge la ley de Presupuestos, pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció ayer una medida inédita por su carácter general.

El sistema público de protección social subvencionará una parte (el 75% como media) de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores. En concreto, establecerá una especie de ‘tarifa plana’ de cien euros mensuales para todos aquellos empleadores que contraten a un trabajador con carácter indefinido. La norma no discriminará en función de la edad, la empleabilidad o el tamaño de las empresas que contraten. Ni siquiera tendrá en cuenta los colectivos más desfavorecidos.

¿Cómo afectará esta medida a las cuentas de la Seguridad Social? El presidente Rajoy no avanzó ayer ninguna cifra sobre su coste. Pero un simple cálculo da una idea de su impacto económico.

Según el ejemplo que puso ayer el Ministerio de Empleo, esta medida, aplicada a un sueldo bruto anual medio de 20.000 euros (muy cerca del salario medio), implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado. O lo que es lo mismo, cada mil puestos de trabajo que se generen bajo esta fórmula, el impacto sobre la recaudación respecto de la situación actual sería de unos 3,5 millones de euros.

Ese ahorro de cotizaciones para las empresas -con el fin de crear empleo- no supone un coste inmediato para las arcas públicas, toda vez que los actuales cotizantes no se verán afectados por la medida, sino que tiene un efecto diferido en el tiempo.

Por un lado, los trabajadores contratados tienen derecho a estar cubiertos por contingencias comunes y enfermedades profesionales, y, por otro, devengan el derecho a recibir una pensión que necesariamente se tendrá que alejar de unas cotizaciones sociales tan bajas en términos proporcionales.

Como ha admitido el Gobierno, la nueva disposición, que ayer mismo entró en vigor, tampoco tendrá impacto en la cuantía de las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la correspondiente base de cotización. Ese desfase entre lo cotizado y lo percibido en el momento de la pensión es lo que pagará la Seguridad Social, pero no ahora, sino cuando se ejecute el derecho.

Y no hay que olvidar que en 2014 la factura de los complementos a mínimos, la cantidad que el Estado garantiza por ley hasta alcanzar determinados umbrales de prestaciones, ascenderá a 7.633 millones de euros. Ese es el dinero que hay que destinar a cubrir esa insuficiencia de cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores. Tampoco hay que olvidar que en 2014 la Seguridad Social recaudará por cotizaciones, según lo presupuestado, 102.839 millones, lo que representa 3.023 millones menos que en 2013, lo que da idea de su salud financiera. Aunque esa cifra es probable que se revise al alza porque el empleo se comporte mejor de lo previsto inicialmente.

Despidos improcedentes

La mueva regulación no afectará a la aportación del trabajador ni a la contribución empresarial por el resto de contingencias (desempleo, FOGASA y formación profesional), respecto de las cuales se aplicarán las reglas ya vigentes de cotización. Y para evitar que se produzcan fraudes de ley -el Gobierno sólo quiere incentivar las nuevas contrataciones- el empleador estará obligado a mantener el empleo durante el período de aplicación de la reducción de las cotizaciones sociales. Igualmente, no habrá podido realizar despidos colectivos ni despidos individuales que hubieran sido declarados improcedentes en los seis meses anteriores a la celebración de los nuevos contratos, al tiempo que deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

¿Cuáles son los riesgos de esta política de rebajas selectivas de cotizaciones? Pues a la vista de lo que ha sucedido en otras ocasiones, que se produzca el llamado ‘efecto sustitución’. Es decir, que trabajadores ‘caros’ sean sustituidos por otros para no pagar apenas Seguridad Social.

El Gobierno se ha enfrentado a esta amenaza obligando a que no se puedan reducir las plantillas, pero en la práctica el control es casi imposible. Sobre todo teniendo en cuenta el inmenso número de microempresas que existen en el país, donde las plantillas evolucionan de forma muy rápida al calor del amplio abanico de contratos de trabajo. Y si una empresa cierra, no es fácil (ni barato) que la Seguridad Social pueda recuperar la subvención.

La salud financiera de la Seguridad Social es delicada. A los 11.029 millones que se sacaràn este año del Fondo de Reserva (creado para estas ocasiones de necesidad) hay que sumar los 7.003 millones extraídos en 2012 y los 5.500 millones de 2013. El Gobierno estima que el año pasado el sistema público de protección social registró un déficit equivalente a 14.000 millones de euros.