Valencia y Madrid recortan la mitad del sector público autonómico; Cataluña, el 0,27

Las comunidades autónomas, amenazadas por la ley de estabilidad presupuestaria, se han tenido que tomar en serio la reducción de los sectores públicos bajo su control, pero acometen los planes de recorte con enormes diferencias. La Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha aportan el grueso de los 4.042 millones de euros ahorrados entre todas las Administraciones regionales desde 2011 a julio pasado. La Generalitat de Cataluña se distingue en el sentido contrario: sólo aporta a esa cifra 10,9 millones, el 0,27%.

Los informes sobre los procesos de reordenación del sector público autonómico que elabora el Ministerio de Hacienda confirman que las autonomías empiezan a reducir, concentrar o fusionar de verdad sus entes públicos, tanto en el número de los mismos como en plantillas de personal. De los 2.407 que llegó a haber en 2010 se ha pasado a 2.050 de julio de 2013 y cuando se cierre el citado ejercicio habrán desaparecido otros 234.

Pero más importante que el número de consorcios, empresas, fundaciones, agencias, entidades, organismos autónomos o sociedades que desaparecen son los ahorros obtenidos para el erario público por la citada reducción o fusión y por el recorte de personal del sector en su conjunto.

Los puntos de partida son tan poco homologables como el propio resultado del Estado de las autonomías. La Generalitat ha crecido dotándose de estructuras de auténtico Estado con instituciones de rango administrativo superior, mientras que otras autonomías se han extendido con cargo a ese sector público paralelo. Y a la hora de recortar y ahorrar, el Gobierno de Artur Mas ha preferido reducir servicios y prestaciones a los ciudadanos antes que tocar sus estructuras de Estado. Otras autonomías, como Madrid o la Comunidad Valenciana, han preferido liquidar entes y sector público.

Las cifras registradas por el Ministerio de Hacienda dejan evidencia de esas enormes diferencias de estructura y comportamiento ante la crisis y la amenaza de la ley de estabilidad, que ha obligado a las autonomías, por primera vez en su historia, a contraerse en vez de seguir creciendo con nuevas instituciones, órganos y entes. Destaca en primer lugar el esfuerzo de Alberto Fabra al frente de la Comunidad Valenciana al lograr un ahorro de 1.402 millones de euros. A continuación figura la Comunidad de Madrid con 952 millones de euros y le siguen los Gobiernos de Castilla-León y de Castilla-La Mancha con 460 y 367 millones respectivamente.

También están muy por encima de la media, si se tiene en cuenta el tamaño de sus Administraciones y el peso económico de las regiones que gobiernan, los ahorros logrados por Murcia (279 millones), Baleares (141), Canarias (92) y Navarra (60).

La Generalitat de Cataluña es la Administración que menos alivia su déficit con la reducción del sector público. Sólo 10,9 millones de euros. Las únicas autonomías que se quedan por debajo son de un tamaño mucho menor: Extremadura (4), La Rioja (1,2) y Asturias (440.000 euros). Andalucía, que tiene uno de los complejos administrativos, burocráticos y empresariales más numeroso y nutrido, se ha permitido ahorrar en entes públicos un total de 136 millones.

En el recorte de plantillas del sector público destaca el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con 3.631 empleados menos. En segundo lugar figura la Comunidad Valenciana, con 3.035 trabajadores menos, y seguida de Castilla y León, con 1.282. Aquí, la Junta de Andalucía sí figura entre las autonomías destacadas en el recorte de personal con 1.277 empleados, aunque sólo ha reducido las plantillas en un 3 por ciento.

En esta clasificación la Generalitat se queda en un término medio al prescindir de 477 empleados porque en su caso la reducción de personal afecta al 14 por ciento de su plantilla del sector público. La Comunidad de Madrid está por encima de las demás: Ignacio González ha suprimido el 63%de los puestos de trabajo de los entes autonómicos y prescinde de 1.062 empleados.