Gallardón se sale con la suya: 'vende' el Registro Civil al Colegio de Registradores

Alberto Ruiz-Gallardón ha decidido, finalmente, traspasar el Registro Civil a los colegios de registradores. Así se desprende de una carta interna del decano de Registradores de España que ha difundido el sindicato CSI-F. Esta patata caliente que el ministro de Justicia quería quitarse de en medio parece haber caído, al final, en este lado del sector.

En esa carta, el decano Gonzalo Aguilera apunta a que “la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores”. Así mismo dice que esta asignación se hace “con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica”.

En la misiva también se explica que la noticia se comunicó el viernes por la tarde y el martes ya se produjo la primera reunión entre el Ministerio y los Registradores para ir completando los detalles del traspaso. El departamento de Gallardón niega que la decisión esté tomada y recuerda que aún tiene de plazo hasta el 1 de julio para ello, cuando entre en vigor la ley que puso en marcha el PSOE para desjudicializar todos los Registros.

Una maniobra de Gallardón

Fuentes sindicales hablan de una decisión que Gallardón tenía tomada desde que se sentó en el sillón de ministro y de la que aún no tiene conocimiento parte de su departamento. Una de las posibles consecuencias sería el pago por parte de los ciudadanos de cada uno de los trámites. Al parecer, los registradores estarían exigiendo 30 euros por cada uno y el Ministerio pretende rebajarlo a 5. Hasta ahora, los usuarios sólo pagan el impreso necesario para el trámite, unos 2 euros.

El ministerio de Gallardón niega esta máxima y recuerda que su marco de trabajo es la gratuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo, algo que desde CSI-F no tienen tan claro. “Hay 3.500 puestos de trabajo de los cuales un tanto por cierto muy alto son interinos, unos puestos que ahora están en el aire”, apunta el portavoz de Justicia del sindicato, Francisco Lamas, que defiende la calidad del servicio prestado.