El Constitucional rechaza la ponencia de su vicepresidenta a favor de soberanía catalana

El Pleno del Tribunal Constitucional no llegó este jueves a un acuerdo sobre la declaración soberanista aprobada por Artur Mas. Durante la sesión, los once magistrados, divididos, no lograronun consenso sobre la ponencia presentada por la vicepresidenta del órgano, Adela Asúa, quien presentó un texto que defiende la legalidad de la declaración aprobada por el Parlamento autonómico el 23 de enero de 2013.

El Gobierno impugnó la declaración después de que el Consejo de Estado emitiese un informe que daba el visto bueno a acudir al Tribunal Constitucional, al entender que la resolución es contraria a la Carta Magna, principalmente porque afirma que Cataluñaes objeto de soberanía cuando, a juicio del Ejecutivo, claramente no lo es. Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.

Sin embargo, en su ponencia, la vicepresidenta considera que no debe admitirse el recurso interpuesto por el Gobierno porque la declaración no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no se pude entrar a debatir en ese órgano. Es decir, que el lugar para entrar a debatir este asunto no debe ser el TC, sino que debe quedar en manos de los órganos políticos. No sólo eso, considera que el texto catalán no es contrario abiertamente a la Constitución, lo que deja sin efecto el recurso, según fuentes del tribunal.

Su texto, debatido en el pleno de este jueves a pesar de que no se encontraba en el orden del día, no ha sido bien recibido por la mayoría de sus compañeros, que han optado por seguir trabajando de acuerdo con un nuevo documento.

Los once magistrados,tras el fallecimiento de Francisco Hernando, habían preferido evitar introducir este asunto en el orden del día para no hacer saltar las alarmas. Así que se ha tratado de manera informal para hacer un intercambio de impresiones y poder conseguir lo más pronto posible el texto definitivo, en las que ha quedado reflejado que en este asunto los magistrados se encuentran divididos.

Asúa escatedrática de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, y entró en el tribunal de garantías en enero de 2011, tras ser elegida por el Senado a propuesta del Parlamento vasco, entonces de mayoría socialista. Esta magistrada votó a favor de que Bildu concurriera a las elecciones y que Sortu pudiera ser inscrito como partido político.