Monterde, conservador y defensor de la Parot, será el ponente del ‘chivatazo’ en el Supremo

Francisco Monterde Ferrer es el magistrado del Tribunal Supremo designado para llevar la ponencia de los recursos interpuestos contra la sentencia por el conocido como 'chivatazo' a ETA, por la que se condenó a dos cargos policiales a penas muy inferiores de lo que pedían las acusaciones por alertar al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, de que iba a ser detenido en una operación contra la red de extorsión de ETA.

Las acusaciones, como la asociación Dignidad y Justicia y el Partido Popular, han recurrido para que Enrique Pamiés y José María Ballesteros sean condenados por un delito de colaboración con organización terrorista y no sólo por revelación de secretos, tal y como estableció en su sentencia la Audiencia Nacional y por la que les fijaron un año y medio de prisión, evitándoles así su ingreso en la cárcel.

Las defensas también han recurrido solicitando la libre absolución mientras que la Fiscalía ha optado por oponerse a los recursos. El tribunal que juzgó a los dos policías acordó lo que el fiscal del caso Carlos Bautista solicitaba, a pesar de la orden de su jefe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien le ordenó que les acusara por colaboración con ETA. En el juicio, el representante del Ministerio Público presentó las dos opciones pero en su informe definitivo defendió únicamente la comisión por parte de Pamiés y Ballesteros del delito de revelación de secretos.

Ahora, Monterde será el magistrado que elabore la sentencia en la que deberá fijar si a los agentes se les puede condenar por haber colaborado con una banda terrorista, sin tener en cuenta, como hizo la Audiencia Nacional, que cuando los hechos ocurrieron, en mayo de 2006, el Gobierno estaba en plenas negociaciones con la banda terrorista y, por tanto, el fin en ese caso justificó los medios.

Un magistrado conservador, defensor de la Parot y duro con ETA

Este capítulo no está cerrado. El Tribunal Supremo debe fijar ahora fecha para la celebración de la vista, en la que se podría decidir un cambio de criterio. Monterde es un magistrado conservador, que incluso llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los años 1996 a 2001 apoyado por el Partido Popular, misma formación que ahora se presenta como acusación en este caso.

Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, este magistrado fue uno de los firmantes y defensores de la conocida doctrina Parot, por la que se consiguió que a los etarras se les restara los beneficios penitenciarios del total de su condena en vez de a los treinta años máximos que permitía la ley que estuvieran encarcelados, una decisión recientemente tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ahora bien, a pesar de ser férreo defensor de esta doctrina, Monterde reconoció públicamente tras conocer la sentencia de Estrasburgo por la que ordenaba la puesta en libertad de la etarra Inés del Río, que había que acatar la decisión porque se trata de un fallo vinculante. Este magistrado ya ha hecho en otras ocasiones declaraciones defendiendo las posturas más duras de la legislación. Por ejemplo, en 2008 señaló quela cadena perpetua revisable es una medida “muy razonable”, ya que podría evitar “muchos efectos llamada” y la imagen de España como un país muy condescendiente con la delincuencia.

En caso de que este magistrado defendiera una ponencia contraria a la sentencia fijada en el caso del 'chivatazo', no sería la primera vez que corrigiera a la Audiencia Nacional en asuntos relacionados con el terrorismo. Monterde fue el ponente de la sentencia que dictaminó que Jarrai, Haika y Segi eran organizaciones terroristas y no meras asociaciones ilícitas, tal y como estableció la Audiencia en 2005. Este cambio del criterio supuso en aquel momento la detención de los 23 encausados, a quienes se les aumentó la pena de prisión.

Fuera de asuntos relacionados con ETA, este magistrado se encargó de la investigación inicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por su presunta implicación en el 'caso Gürtel' cuando éste todavía era senador y por tanto aforado, aunque la instrucción no llegó a su fin porque el imputado renunció a su acta y por tanto el Supremo perdió la competencia para encargarse del caso. Cuando fue designado para formar parte del tribunal que debía enjuiciar a Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo, el ahora exjuez le recusó, junto a otros tres magistrados, al estar contaminados en la causa por haber participado en otras resoluciones sobre el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, el ponente deberá estudiar si en este caso se puede aplicar la sentencia del propio Tribunal Supremode octubre de 2012 sobre el caso de las hermanas Bruño, acusadas de colaboración con banda armada por el pago del impuesto revolucionario exigido por ETA, y en la que se establece que para ser responsable de este delito no es necesaria la afinidad ideológica, postura totalmente contraria a la mantenida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que siempre ha defendido que es necesaria una mínima afinidad.