El Consejo Fiscal ultima un varapalo para la ley de Seguridad de Jorge Fernández Díaz

El anteproyecto de la ley de Seguridad Ciudadana, aprobado por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, va a sufrir su primer varapalo ante los informes consultivos previos a su aprobación. El Consejo Fiscal, que preside el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, está elaborando un documento crítico con la norma conocida como 'ley mordaza'.

Los miembros del Consejo, están preocupados principalmente por lo que regula el documento relacionado con los derechos fundamentales, es decir, como los de reunión y manifestación. Según fuentes fiscales, miembros de este órgano están preocupados por la falta de concreción de la conductas que con la nueva ley son sancionadas, y sobre todo las calificadas como muy graves o graves.

La pasada semana, estuvieron los doce miembros del Consejo reunidos analizando el anteproyecto y elaborando el informe, que no es vinculante pero sí consultivo. Se espera que en la próxima reunión se ultimen todos los detalles y se someta el informe a votación para decidir si el texto elaborado queda aprobado y que podría poner en duda la constitucionalidad de algunos extremos de la ley.

Uno de los puntos que pretenden incorporar es que el Ministerio del Interior especifique más cuáles son las conductas que una vez aprobada la ley van a ser sancionables. Según el Consejo, los efectos jurídicos recogidos en el texto, aprobado por Consejo de Ministros, son vagos e imprecisos. De ahí, que dicho organismo quiera recomendar al Gobierno que acote más estos puntos.

Las dos asociaciones de fiscales ya han mostrado públicamente su desacuerdo con partes de ley elaborada por Fernández Díaz, y que ya ha sido comparada con la de Vagos y Maleantes o la Ley de rehabilitación social vigente en el franquismo. Es más, la conservadora Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado a través de su ejecutiva sobre esta ley ante la elaboración del informe por parte del Consejo Fiscal, en el que muestra su “perplejidad ante los concepto jurídicos indeterminados que se manejan por el prelegislador, la falta de proporcionalidad de las sanciones (a todas luces exageradas en la mayor parte de los supuestos) y lo extenso de los plazos de prescripción”. Cuando se conoció el contenido de la ley, la Unión Progresista de Fiscales ya señaló que la norma “es más peligrosa de lo que la gente pueda creer y un arma brutal de acción inmediata”.

En su exposición de motivo, el anteproyecto explica que la jurisprudencia constitucional viene haciendo hincapié en que las limitaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos admisibles en una sociedad democrática con fundamento en la seguridad ciudadana deben estar amparadas por el principio de proporcionalidad en una triple dimensión: un juicio e idoneidad de la limitación (para la consecución del objetivo propuesto), un juicio de necesidad de la misma (entendido como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo fin) y un juicio de proporcionalidad en sentido restricto de dicha limitación (por derivarse de ella un beneficio para el interés público que justifica un cierto sacrificio del ejercicio del derecho).

Son estas consideraciones las que han inspirado la redacción de esta ley, “en un intento de hacer compatibles los derechos y libertades de los ciudadanos con le injerencia estrictamente indispensable en los mismos para garantizar su seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni efectivo”.

Voz de alarma ante lo autoritario de la ley

Según explica esta parte inicial de la norma, se añaden tipos infractores que no vienen recogidos por el legislador de 1992 “con los que se pretende evitar la impunidad de conductas que, sin ser constitutivas de delito, alteran gravemente la seguridad ciudadana, poniendo en riesgo o directamente causando perjuicios a las personas o daños a bienes públicos y privados”. Entre ellos destacan determinados supuestos de ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación recogidos en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión (que carece de un régimen sancionar propio), en particular cuando se puede producir una alteración del normal funcionamiento de ciertas instituciones o el libre ejercicio de derechos fundamentales.

Otras infracciones están dirigidas a preservar la seguridad ciudadana frente a alteraciones provocadas por la utilización de determinados símbolos o por la conducta consistente en proferir expresiones que atente contra instituciones, personas o colectivos, o que ensalcen comportamientos delictivos. También se sancionan actos que constituyen manifestaciones inaceptables de falta de civismo que perturban la tranquilidad ciudadana, o que ocasionan graves alteraciones de la seguridad en la vía pública.

Pues es precisamente la regulación de estos extremos los que han saltado la voz de alarma tanto de juristas como del ciudadano de a pie. Uno de los puntos más polémicos son las sanciones por protestas no comunicadas frente al Congreso u otras instituciones del Estado, aunque no estuvieran reunidas, y provocaran alteraciones de la seguridad ciudadana. La asociación Jueces para la Democracia ya señaló que la ley es “muy represiva de actuaciones y manifestantes” y busca castigar “de una forma autoritaria muy discutible”. Además, desde parte de la carrera judicial se recalca que la administración sanciona con multas económicas desorbitadas unas conductas que los tribunales habían considerado que no eran infracción penal. Por ejemplo, explican, los juzgados han archivado los casos por escraches, por no ser ni delitos ni faltas, sino nuevas formas de ejercer la libertad de expresión y del ejercicio al derecho de manifestación.