El juez Castro y el fiscal Horrach, del amor al ojo por ojo por la imputación de la Infanta

Eran uña y carne. Seis años y medio han estado el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach trabajando codo con codo desde que en verano de 2007 estallara el caso Palma Arena. Desde entonces, han imputado juntos a decenas de personas y han sido un apoyo el uno para el otro hasta que llegó la hora de imputar a la Infanta. Desde entonces, sus enfrentamientos cada vez son más evidentes y fuertes. En 2010, saltó el nombre de Iñaki Urdangarin. Era la primera vez que se enfrentaban a un miembro de la Casa Real, pero no titubearon. Había indicios suficientes para imputarle, así que uno se lo pidió y el otro lo acordó.

En cuanto saltó en la investigación el nombre de Urdangarin, acto seguido pensaron en su esposa, la Infanta Cristina. Sin embargo, ni juez, ni fiscal ni la Agencia Tributaria pensaron inicialmente que fuera partícipe de los oscuros negocios de su marido, además de no haber datos de los que se derivase su vinculación con el fraude fiscal.

La acusación popular, representada por Manos Limpias, pidió a Castro la imputación de la hija del rey Juan Carlos pero el instructor, con el apoyo del fiscal, se opuso. No había indicios delictivos contra ella. Todo iba a buen ritmo. En junio de 2011, el juez imputó a uno de los socios del Instituto Nóos, Diego Torres, seis meses después a Urdangarin.

Sin embargo, el juez fue cambiando de parecer sobre la Infanta. En febrero de 2013, durante el interrogatorio a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, ya dejó entrever que su investigación no se iba a quedar ahí. Cuando la mujer de uno de los socios se quejó de estar imputada por ser la mujer de su marido, algo que no le ocurría a la Infanta, Castro mostró ligeramente sus intenciones.

– Juez: Pero le digo, señora, si usted cree que está siendo injustamente tratada con respecto a Doña Cristina de Borbón…

– A.T:No, yo con respecto a nadie, yo soy injustamente tratada con respecto a mí.

– Juez: Pues dígame usted qué intervención ha tenido en todo esto Doña Cristina deBorbón y, si hay que imputarla, se la imputa.

En otro momento de la declaración, volvía a preguntar el juez:

– J.:¿Usted la ha visto en una actitud de dirigir, de impartir instrucciones, de dar su parecer en una actitud activa?

– A.T:Yo no la he visto en el Instituto porque yo no estaba en el Instituto. Entonces no la puedo haber visto.

– J.:Vamos a ver, señora. No, lo digo para deshacer, porque dice usted:“No, hombre, porque como era quien es”, pues da la impresión de que Doña Cristina no está imputada porque es quien es y yo le digo que me ayuden a imputarla, si es que se tiene que imputar ¿eh?, si es que se tiene que imputar, para que no parezca que no lo está por ser quien es, ¿entiende?

Primera imputación... en falso

En febrero de 2013, José Castro ya tenía una idea en la cabeza, pero sabía que el fiscal del caso no le iba a apoyar. Desde un principio no vio que la Infanta hubiera cometido ningún delito y le hizo saber al instructor que su tesis no se había modificado. Lo barajó, lo meditó y un mes después ya había tomado la decisión. Iba a imputar a la Infanta y lo iba a hacer él solo. Como así hizo, el 3 de abril del pasado año.

Desde entonces, la relación entre juez y fiscal empezó a enrarecerse. Todas esas horas juntos dentro y fuera del Juzgado de Palma iban reduciéndose y sus confidencias desapareciendo. Ambos se sienten defraudados. Uno por no apoyar su decisión, el otro por haber cambiado de criterio y dejar a un lado la línea de investigación seguida hasta el momento.

Cuando están cara a cara guardan las formas, pero sus escritos cada vez son más demoledores. Parece un combate de boxeo, pero con papel y boli en vez de calzones y guantes. En el auto por el que imputa a la Infanta por segunda vez –después de que la Audiencia Provincial de Palma ordenará retirar la imputación–, Castro acusa al fiscal de perder las formas cuando anteriormente Horrach afirmó en un escrito que el instructor imputaba a la hija por ser quien es y por intereses personales.

Cruce de acusaciones

Después del auto del juez, en el que critica al fiscal y a la Agencia Tributaria por no querer investigar a la hija del Rey, el representante del Ministerio Público envió ayer un escrito acusándole de conspirar para interrogar a Cristina de Borbón y trata de absurda y denigrante su idea de que Hacienda haya manipulado los informes. También le acusa de hacer reproches éticos en vez de buscar hechos presuntamente delictivos.

Son muchos los que acusan al fiscal de defender a Cristina de Borbón por mantener que no ha cometido un delito fiscal y, por tanto, tampoco uno de blanqueo de capitales proveniente del anterior delito. Horrach ha sostenido en todo momento que en ningún ejercicio fiscal supera el umbral de 120.000 euros de cuota defraudada. El propio Castro dice en el auto que es “escasamente probable” que supere esa cuota que lo convierte en delito, a lo que el fiscal añade que es “materialmente imposible”.

Castro quiere escuchar a la Infanta para que diga si sabía la procedencia ilícita del dinero que entraba en Aizoon, empresa de la que es socia al 50% con su marido. Los investigadores sostienen que el matrimonio creó esa mercantil como sociedad pantalla para dividir los beneficios obtenidos por Urdangarin y Torres en el Instituto Noós y evitar que Hacienda los descubriera.

Hacienda y Anticorrupción defienden que el administrador real de la sociedad era Urdangarin. Él era quien formaba todo, quien lo gestionaba, y el dinero que entraba era de sus negocios del Instituto Nóos. Sin embargo, su esposa utilizaba la tarjeta de crédito de Aizoon, extremo que el instructor quiere que le explique. Fuentes jurídicas explican que la teoría de Castro de que ambos eran administradores es que puede provocar que el delito fiscal tampoco llegue a Urdangarin. Desde el momento que se sostiene que ambos eran los gestores, la carga tributaria se tiene que dividir al 50%. Los beneficios de la sociedad se reparten entre los dos, lo que puede provocar que el yerno del Rey tampoco llegue a los 120.000 euros de cuota defraudada.

En su último escrito, el fiscal, además de defender su tesis respecto de la Infanta, también lo ha hecho del trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria, que mantienen su misma teoría. Ahora Castro debe decidir si admite la petición del fiscal de citarlos para que declaren antes del interrogatorio de la Infanta y puedan defenderse. Será una nueva ocasión para que el juez devuelva el golpe de su antiguo compañero, en forma de escrito.