Prejubilaciones millonarias y góndolas: el saqueo de Caja Segovia llega a los tribunales

El paseíllo ante los tribunales de los protagonistas del saqueo a la extinta Caja Segovia, fagocitada en 2010 por Bankia, comenzó ayer con la declaración de quien fuera su presidente, el popular Atilano Soto, y del antiguo número dos de la entidad, el exsenador socialista Manuel Agudíez. Ambos declararon ayer, respectivamente, ante el Juzgado número 2 y Mercantil de Segovia por la supuesta concesión de prejubilaciones millonarias a varios directivos de la entidad entre 2008 y 2010. El caso, impulsado por una denuncia de UPyD, afecta de lleno a políticos locales del PSOE como el propio alcalde la ciudad, Pedro Arahuetes, del PP, e incluso a representantes del sindicato Comisiones Obreras que formaban parte del consejo de administración de la Caja y que disfrutaron de los años de vino y rosas de la entidad participando, entre otras cosas, en exóticos viajes a la Patagonia o a Venecia.

Atilano y Agudíez iniciaron ayer, ante el juez Jesús Marina Reig, la ronda de comparecencias que afectan a la Comisión de Retribuciones. Y es que la denuncia de UPyD ha conseguido, de momento, imputar a todos los componentes de este órgano y a los miembros del consejo de administración.

La formación que lidera Rosa Díez sostiene que nueve directivos de la entidad cobraron 34,1 millones en prejubilaciones con el consentimiento del consejo de administración, al que agasajaban, entre otras cosas, con el supuesto viaje anual “de formación” a destinos como los citados. “Unos regalos para tener contentos a los miembros del Consejo” que después debían autorizar las retribuciones, según explica el abogado de UPyD, Andrés Herzog, responsable de regeneración democrática del partido.

El proceso judicial investiga ahora todas las remuneraciones de los consejeros y directivos de la entidad en “un sentido amplio”, lo que incluye sus remuneraciones fijas y variables, así como otros complementos no declarados, como estos viajes que han motivado ya la apertura de una inspección por parte de Hacienda.

“El plan de prejubilaciones era un sistema ideado en un principio para retener el supuesto talento del equipo directivo de la Caja y tenía unos condicionantes como que había que tener una permanencia mínima de 6 años en la entidad o que sólo se podían prejubilar dos personas por año”, explica Herzog, que ayer no pudo preguntar de forma directa a los exdirectivos de la entidad porque estos sólo respondieron a las preguntas de la fiscal y de sus abogados. “En 2008, cuando son conscientes del proceso de integración de la Caja en Bankia, en vez de recuperar esas dotaciones para el plan de prejubilaciones ya que las citadas condiciones de antigüedad no se van a cumplir, lo que hacen es flexibilizarlas para que los consejeros se puedan acoger anticipadamente una vez materializada la fusión. Aceleraron las dotaciones hasta el punto de que, en una segunda flexibilización, en el 2010 (ya integrados en Bankia), quitaron todos los requisitos de edad y permanencia y dotaron el plan con hasta 11 millones de euros”.

La declaración de Atilano Soto duró más de dos horas, en la que, entre otras cosas, justificó la flexibilización del plan en que esto era “un acto de responsabilidad” y que “había liquidez” en la entidad. A la pregunta de la fiscal de en qué beneficiaba esto a Caja Segovia, ambos exdirectivos no supieron dar una respuesta convincente. Atilano dijo, en otro momento de su declaración, que decisiones como esta se tomaron en un contexto en el que la Caja “iba como un tiro”.

El abogado de la defensa, Luis Rodríguez Ramos, insistió ayer ante los periodistas en que “no hay absolutamente nada desde el punto de vista penal y decir que puede haber administración fraudulenta del artículo 295 del Código Penal, viendo la jurisprudencia del Supremo, es una hipótesis absolutamente insostenible”.

Herzog insiste en que los ocho directivos, “sabiendo que se les acababa el chollo”, por el desembarco de Caja Segovia en Bankia, “en vez de velar por los intereses de la entidad, lo hicieron por los suyos personales, otorgándose cantidades estratosféricas y fuera de lugar para una caja que ha perdido todo y con una fundación al borde de la quiebra”.

Suntuosos viajes

La teoría que sostiene la acusación es que los directivos trataban bien al consejo de administración para que, a su vez, aprobaran pensiones, organizándoles viajes por Europa “para que aprobaran cosas y no hicieran demasiadas preguntas”.

En el año 2008, el consejo de administración comisionó a dos propios –entre ellos al director de la obra social, Malaquías del Pozo–, para que se desplazase a Venecia y preparase el viaje de formación de ese año en el que participaron medio centenar de personas, entre ellos casi todos los miembros del consejo de administración junto con sus esposas y otras personas que ya no estaban vinculadas a la Caja como la actual diputada del PP, Beatriz Escudero, que fue, anteriormente, consejera de la entidad.

El supuesto viaje de formación, con estancias en hoteles de cinco estrellas, acabó con una fiesta de máscaras en un palacio veneciano alquilado para la ocasión y al que los ilustres miembros de la Caja llegaron en góndolas. Entre otras extravagancias, fueron recibidos con trompetas y agasajadas, ellas –las consortes– con lujosos collares de cristal de Murano. En otras ocasiones, los viajes fueron a la Patagonia argentina, como se puede ver en las imágenes, en las que aparece el alcalde de Segovia, el socialista Pedro Arahuetes.

“La prueba evidente de que esto no eran cursos de formación era que los llamaban así para que no parecieran una retribución en especie”, explica Herzog.

Hoy y mañana continuarán prestando declaración los miembros de la comisión de retribuciones: Elena García Gil, así como el exdirector y el exsecretario de la entidad, Manuel Escribano y Antonio Tapia, respectivamente.