El Gobierno diseña una gira por autonomías para obligarlas a recortar su aparato político

El Gobierno vuelve a la carga en su empeño de reducir el aparato político, burocrático y empresarial de las Administraciones. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se han reunido con consejeros de Presidencia de las comunidades gobernadas con el PP para animarlos a seguir con una tarea ante la que algunos remolonean. Además, el Ejecutivo prepara un periplo por las comunidades autónomas con el mismo objetivo: que cumplan las recomendaciones del informe sobre la reforma de la Administración.

En la reunión celebrada en la sede central del Partido Popular, Sáenz de Santamaría puso sobre la mesa el ejemplo de los 2.365 “entes públicos” que llegaron a sumar las Administraciones en España en 2010. De momento, se han eliminado 607 en dos años, pero el Gobierno quiere que se supriman hasta 751, hasta casi un tercio del total, para volver a las cifras de hace diez años.

La Administración autonómica concentra el grueso de ese sector público empresarial o semiinstitucional gestado durante décadas. El nuevo objetivo del Gobierno (que depende de la voluntad de los Gobiernos regionales para que se haga realidad), es que el número de entidades del sector público de las autonomías retroceda hasta las 1.747 existentes en el primer inventario que el Estado hizo en 2003.

En fuentes gubernamentales se reconocen oficialmente satisfechos con los recortes en burocracia, administración y empresas que han acometido los Gobiernos regionales en los últimos ejercicios, pero consideran que pueden hacer mucho más. De un primer plan para reducir ese sector en un 21,8 por ciento se pasa a un 31,7.

Las autonomías se toman su tiempo. En realidad, están efectivamente extinguidas 373 entidades de las 607 comprometidas, mientras que las otras 234 figuran “en estadios muy próximos” a la supresión definitiva.

En la reunión celebrada en Génova con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de política autonómica, Javier Arenas (más Sáenz de Santamaría y Montoro), los representantes de los 11 Ejecutivos regionales gobernados por el PP se comprometieron a aplicarse las recomendaciones de la reforma de la Administración. El objetivo que inspira el texto es acabar con las duplicidades en servicios y competencias, además de la búsqueda genérica del ahorro y la estabilidad financiera.

Pero los Gobiernos autonómicos del PP también admiten, “en el ejercicio de sus facultades de autoorganización”, el recorte de estructuras políticas al asumir que tienen que “reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el informe de la Cora (la comisión del Gobierno para la reforma), o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente”.

Entre las autonomías gobernadas por el PP hay diferencias en la aplicación efectiva de la reforma de la Administración. La Junta de Castilla-La Mancha (Cospedal) va por delante en todo lo que supone supresión de organismos, como cámaras de cuentas o defensor del pueblo, y en reducción de ejecutivo y cámara legislativa.

La Junta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo) y el Gobierno de Aragón (Luisa Fernanda Rudi) también se han empleado en recortes generales, pero han decidido mantener sus defensores del pueblo por cuestiones de tradición, estatuto o falta de mayoría parlamentaria para suprimirlos.