El Estado tiene otros 1.450 millones de euros comprometidos en avales como el de Sacyr

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), participada por el Estado en un 50,25%, ha concedido avales públicos a empresas españolas como el otorgado a Sacyr para el proyecto de construcción del Canal de Panamá por un valor total de 1.450 millones de euros. Así consta en la memoria anual de Cesce correspondiente al ejercicio 2012, la última disponible. Entre las firmas beneficiarias de estos avales hay astilleros, fabricantes de material ferroviario y de otros bienes de equipo, pero, sobre todo, constructoras.

El riesgo que afronta el Estado en la operación del Canal, donde podría perder los 150 millones con los que avaló en 2009 a Sacyr, ha puesto a Cesce en el punto de mira. La firma de capital mixto comenzó a conceder avales a empresas españolas en 2007. Hasta ese momento, no ofrecía ese tipo de producto. Pero la necesidad de las marcas nacionales de salir al exterior para contrarrestar los efectos de la crisis en España llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a autorizar la concesión de este tipo de productos financieros, imprescindibles para que las firmas pudieran optar a grandes contratos.

El propio presidente de Cesce durante la etapa del Gobierno de Zapatero, Juan Badosa, reveló en una entrevista concedida en febrero de 2011 que los avales a empresas españolas se habían convertido en uno de los productos de más éxito de la corporación. “Una de las peculiaridades de los últimos dos años”, afirmaba Badosa entonces, “es que se han emitido casi 900 millones para operaciones en el exterior de las constructoras españolas (…) La cobertura del riesgo para obras públicas se ha convertido en un producto estrella que no se había utilizado hasta 2007”.

Crecimiento exponencial de las fianzas

Los 900 millones de euros de 2011 se transformaron sólo un año más tarde en 1.600 millones de euros, de los que 150 corresponden a una sola operación: el aval que Cesce concedió a Sacyr para que pudiera optar al contrato de ampliación del Canal de Panamá. El propio Badosa subrayaba en esa misma entrevista la especial importancia que tenía esa fianza para el grupo que presidía.

La memoria de Cesce de 2012 también subraya el peso creciente de este tipo de producto. “Un rasgo novedoso de la cartera de riesgos de Cesce es el crecimiento del ‘riesgo España’. Efectivamente, los riesgos asumidos sobre empresas españolas, insignificantes hace pocos años, actualmente representan alrededor de 1.600 millones de euros. El grueso de esta cifra corresponde a operaciones de Fianzas a Fiadores en las que el riesgo que se cubre es el de impago por parte del exportador español del crédito en caso de ejecución de una fianza o aval que garantiza sus obligaciones contractuales en una operación en el extranjero”.

Ese es el supuesto en el que se encontrará Sacyr si finalmente desiste del compromiso para terminar el Canal de Panamá. La empresa contratista (Autoridad del Canal de Panamá) podría reclamar en ese caso la ejecución de la fianza de 300 millones de euros que presentó en el momento del concurso el consorcio del que forma parte la constructora española. De esos 300 millones, 150 tendrían que ponerlos Cesce, es decir, el Estado. El importe restanteestá avalado por Italia y Bélgica, países a los que pertenecen las otras empresas.

Un negocio que puede salir mal

En teoría, los 1.600 millones de euros prestados por Cesce en avales sólo deberían generarle ganancias. Únicamente en el caso de incidentes como el protagonizado por Sacyr la compañía de capital mixto tendría que afrontar los desembolsos correspondientes en concepto de avales. Las probabilidades de que todas sus apuestas en el exterior se vengan abajo son remotas pero la constructora presidida por Manuel Manrique está cerca de provocarle un enorme contratiempo.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio recuerdan que los 1.600 millones en avales facilitados por Cesce han permitido, entre otros factores, “que empresas españolas hayan conseguido licitaciones en el extranjero por valor de 300.000 millones de euros”. “Las fianzas a la internacionalización y exportación son una práctica extendida en todos los países que es clave para ganar contratos y ser capaces de competir”, afirman desde el departamento dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.