El fallo judicial sobre la sanidad se dilatará un año y deja a González sin otra bala

Tras el fiasco de Eurovegas y la imputación de su mujer, Lourdes Cavero, en la sospechosa compra de un ático en Málaga, a Ignacio González se le complica la recta final de la legislatura tras la orden judicial que recibió ayer el proceso privatizador de la gestión de seis hospitales públicos que él mismo puso en marcha el año pasado. En apenas dos horas, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió devolver los siete recursos que mantenían paralizado el proceso a sus salas de origen, lo que provocará que el proceso se dilate algo más en el tiempo.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, la sentencia definitiva llegará en un plazo no inferior a un año, por lo que el PP de Madrid poco o nada podrá hacer para evitar que la resolución definitiva coincida de lleno con la decisión de si González será el cabeza de cartel para las elecciones autonómicas de la primavera de 2015. La única vía que le quedaría por agotar al Ejecutivo madrileño sería presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Una idea que no descartan en la Puerta del Sol. El tiempo que tardará en solucionarse el proceso judicial es muy difuso. Las fuentes consultadas aseguran que no se resolverá en semanas, sino que tardará meses. En esas fechas, en plena precampaña electoral, puede estar decidiéndose también –según los cálculos judiciales– el asunto de su ático en Estepona.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, expresó ayer por la mañana su “respeto” ante la decisión de los 50 jueces que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, que se reunieron para deliberar los siete recursos contra la privatización que se estaban tramitando en distintas instancias del tribunal madrileño antes de que el anterior presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, los aglutinase bajo una misma instancia entonces controlada por él mismo. Por mayoría de votos, el pleno decidió que el proceso vuelva a su origen, un duro revés a las pretensiones del Ejecutivo madrileño.

Tanto Ignacio González como el consejero de Sanidad se felicitaron por la decisión que en su momento tomó Tristán de agrupar todos los recursos en uno solo, para evitar dictámenes contradictorios. Entonces argumentaban que “un acuerdo adoptado por 50 magistrados tendría más garantías que otro decidido por los tres jueces que componen cada Sala". La decisión contraria que ayer tomó la mayoría del pleno no sentó nada bien al Ejecutivo popular madrileño, que vive sus horas más bajas desde que en diciembre se cayó el proyecto estrella de la legislatura: el megaproyecto de lujo y ocio Eurovegas que el magnate estadounidense Sheldon Adelson pretendía levantar en Alcorcón.

El único que habló ayer públicamente sobre la decisión judicial fue el consejero de Sanidad, que se limitó a expresar su respeto por la determinación de los jueces. “Tenemos que recibir el auto y estudiarlo. No ha sido una decisión unánime. Hay votos particulares”, recalcó en más de una ocasión, haciendo hincapié en que la decisión no fue unánime y que hubo jueces que discreparon en la decisión que finalmente tomó el Alto Tribunal. Lasquetty también argumentó que la decisión no afecta a los presupuestos de 2014, ya que se contempló la opción de que el proceso no siguiera adelante. El Gobierno regional “no tenía previsión sobre si esperaban o no que se resolviese el asunto ayer", argumentó.

Para Lasquetty, esta decisión no supone volver al inicio del proceso. “El auto lo que dice es que sean las secciones las que tomen la decisión”. Las intenciones del Gobierno siguen intactas: “Seguir adelante con la privatización”.

Tanto la oposición como las asociaciones sanitarias han celebrado como un rotundo éxito para la sanidad pública el dictamen del Alto Tribunal. El PSM, uno de los promotores de la paralización cautelar del proceso, insistió en el retraso que va a suponer la devolución de los recursos a sus respectivas salas. Su secretario general, Tomás Gómez, que renunció a su acta de senador precisamente como acto de rebeldía por la presencia de Tristán en el Consejo General del Poder Judicial, se mostraba ayer convencido de que “en esta legislatura no se va a proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño”. Asimismo, instó al presidente de la Comunidad de Madrid a incorporar en el programa electoral del PP esta privatización, “y que los ciudadanos decidan”.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) también celebró esta decisión. “En España, la justicia te asigna un juez y es el que debe continuar con el procedimiento. Con esta decisión, se ha respetado enormemente a la justicia, que es lo que pedíamos”, añadía su portavoz, Fátima Brañas. Por su parte, la asociación AMYTS, que también había recurrido el proceso, añadía que, al devolver el contencioso a la Sala Tercera, “se reaviva nuestra esperanza de que nuevamente sea dicha sección la que ratifique la suspensión cautelar del proceso”.