4.222 chicas de 16 y 17 años abortaron en 2012 sin necesitar consentimiento paterno

En el año 2012abortaron en España un total de 4.222 menores entre 16 y 17 años, según las cifras oficiales de interrupción voluntaria del embarazo que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad en su página web. Representaron, en total, el 3,8% de los 112.390 abortos que se llevaron a cabo en el 2012 con la actual ley de plazos de la exministra Bibiana Aído, que permite a este colectivo interrumpir su embarazo sin el consentimiento expreso de sus padres, uno de los puntos más polémicos del texto que desaparece con la reforma de Gallardón. Las estadísticas arrojan otros datos escalofriantes: casi otro millar de jóvenes (990 casos) abortaron con 15 años; 373 niñas lo hicieron con 14 y 78, con sólo 13 años.

El número de abortos registrado el año pasado en este grupo es algo menor con relación al año 2011, en el que efectuaron 4.592 intervenciones de este tipo en menores de 16 y 17 años. La cifra baja en sintonía también con la ligera caída del número total de abortos que se produjeron el año pasado después de un 2011 anómalo en el que el número total de interrupciones aumentó significativamente. De hecho, la caída del 2012 respecto al 2011 es igual de proporcional que la que se produjo en 2009 con respecto a 2008, cuando estaba en vigor la ley de 1985 que el PSOE derogó para instaurar el actual sistema de plazos: 115.812 abortos en 2008 frente a 111.482 en 2009 y 118.359 interrupciones en 2011 frente a 112.390 en 2012.

La ley del año 2010 especifica que, en el caso de las jóvenes de 16 y 17 años, “el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”. La norma señala también que, al menos, uno de los representantes legales de la menor debe ser informado de la decisión, aunque se puede prescindir de este trámite “cuando la menor alegue fundamentalmente que esto le provocará un conflicto grave”.

Se trata de uno de los puntos más polémicos del actual texto que el PP se comprometió a modificar y que Gallardón ha suprimido en el actual “anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. De hecho, según explicó recientemente el veterano Alfonso Guerra, esta parte de la ley no tuvo siquiera el consenso de toda la bancada socialista que la apoyó. “Yo tuve una experiencia increíble con esto, hice una especie de encuesta en el grupo parlamentario y nadie estaba de acuerdo”, explicó el exvicepresidente del Gobierno en una entrevista a ABC. “Entonces, ¿por qué lo hacemos? Fui a ver a la responsable de igualdad del partido y tampoco estaba de acuerdo, pero qué me dices, ¿y por qué lo hacemos? Pues porque había ese grupo allí que había cogido por banda al presidente”, añadió.

Consentimiento expreso de los padres

El nuevo texto propuesto por el Ministerio de Justicia especifica que, en el caso de las menores entre 16 y 18 años, “será preciso el consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador”. La reforma aclara, sin embargo, que cuando concurran “serios motivos que impidan o desaconsejen” que se consulte a los representantes legales o cuando, “interpelados, nieguen su consentimiento o asentimiento o expresen opiniones distintas a la de la joven”, será entonces un juez el que resuelva “sobre la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer conforme al procedimiento legal establecido”.

Oposición del PSOE y críticas del PP

La reforma que el ministro Gallardón presentó el pasado 20 de diciembre al Consejo de Ministros en primera lectura acaba con el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación y lo despenaliza sólo en dos supuestos: en caso de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada o en caso de que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o la indemnidad sexual.

El texto ha recibido el rechazo unánime de prácticamente toda la oposición y críticas internas dentro del Partido Popular por la supresión del supuesto de las malformaciones o enfermedades del feto. El anteproyecto acaba con esta posibilidad, pero deja abierta la puerta a que las embarazadas con estos casos puedan alegar un “grave peligro para la salud psíquica” para interrumpir su embarazo. De los 102.567 abortos registrados el año pasado, 3.129 se llevaron a cabo por riesgo de graves anomalías en el feto. Por otro lado, hubo 306 casos de anomalías fetales incompatibles con la vida o de enfermedad extremadamente grave e incurable.