Un año de continuos escándalos deja al PP como protagonista de la crónica judicial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vivido un año 2013 de sobresaltos judiciales. Prácticamente a diario, ha podido observar cómo en el último año alguno de los dirigentes de su partido era portada de periódicos por algún escándalo en la Justicia. Condenados, imputados y testigos en las principales causas que se investigan en los tribunales han desgastado a la formación del Ejecutivo.

Todo empezó el 16 de enero de 2013, el día que salió a la luz pública que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, había llegado a acumular hasta 22 millones de euros en un banco suizo, el Dresdner Bank. Esa información se conoció a raíz de que las autoridades helvéticas remitieran al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la inforación solicitada sobre el hombre que durante dos décadas había gestionado el dinero en el Partido Popular.

Aquello produjo una verdadera catarsis tanto en el partido como en la investigación abierta por el caso Gürtel. El nombre de Bárcenas ya había sonado cuando saltó el escándalo de la trama liderada por Francisco Correa, pero siempre se había quedado en un plano muy secundario. Incluso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, durante el tiempo que se encargó del caso, llegó a retirarle la imputación. La Audiencia Nacional estimó, por el contrario, que este trabajador del PP debía continuar en la causa hasta que finalizara la fase de instrucción. No había muchas pruebas contra él hasta que Suiza dio el pelotazo y decidió entregar al juez los datos que tiempo atrás había solicitado.

El escándalo estaba servido. El PP intentó desvincularse de Bárcenas en cuanto supo la noticia, pero el tesorero no iba a pemitir que le dejaran caer. Pidió auxilio en su partido, pero la secretaria general, María Dolores de Cospedal, decidió que era el momento de que el estesorero se enfrentara solo a sus líos judiciales. A pesar de que Bárcenas había dejado de ser tesorero del partido de manera oficial cuando estalló el caso Gürtel, seguía trabajando para la sede de la formación, donde disponía de un despacho y recibía una remuneración. Según el PP, le liquidó y despidió inmediatamente tras conocer la información de Suiza. Bárcenas ya no era uno de los suyos.

El juego de ajedrez de Bárcenas

Lo que no calcularon era la información de la que disponía el extesorero y cómo la iba a utilizar en contra del partido. Sólo Bárcenas sabe por qué, pero lo cierto es que quince días después el diario El País daba a conocer la contabilidad B del PP desde 1990, los apuntes que el tesorero fue elaborando durante todo este tiempo con el dinero que empresarios habrían entregado fuera de las donaciones oficiales recogidas en el Tribunal de Cuentas y los sobresueldos que dirigentes de la formación habrían recibido fuera de su remuneración oficial.

La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación para saber si esos papeles eran ciertos. En febrero, ya estaba citando a Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, para que dieran una explicación convincente. A partir de ese momento, Bárcenas comenzó a jugar una partida de ajedrez para intentar salir ileso de esa situación. Si para ello tenía que hacer caer a las dos principales piezas del tablero, Rajoy y Cospedal, no le iba a temblar el pulso, como luego demostró.

Primero negó la autoría de esos apuntes, pero, cuando vio que Ruz asumía la investigación y le imputaba, cambió de estrategia. En este último año sus visitas a la Audiencia Nacional han sido periódicas. Hasta en cinco ocasiones le ha citado el instructor para hablar de la contabilidad B del partido, por un lado, y de su dinero en Suiza, por otro. El magistrado imputó también a ocho empresarios que habrían entregado dinero al PP de manera ilegal, entre ellos Villar Mir (OHL) y Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso). También desfilaron una serie de dirigentes populares que habrían recibido dinero y que declararon como testigos, entre ellos el navarro Ignacio del Burgo, el presidente del Senado, Pío García Escudero, o el diputado Eugenio Nasarre. Algunos reconocieron esos pagos, otros lo desmintieron.

El juego del extesorero empezaba a poner nervioso al juez y a la Fiscalía Anticorrupción, y el 27 de junio Ruz ordenó su ingreso en prisión

Cuando parecía que el caso se relajaba, Suiza mandó otra comisión rogatoria con 26 millones de euros en otro banco, el Lombard Odier. Ya eran 48 millones de euros lo que Bárcenas había conseguido acumular. No solo eso, de las transacciones bancarias remitidas por las autoridades helvéticas el juez pudo comprobar que Bárcenas estaba sacando dinero a otros países, sobre todo a Estados Unidos, para evitar que la Justicia le bloqueara su dinero. El juego del extesorero empezaba a poner nervioso al juez y a la Fiscalía Anticorrupción, y el 27 de junio Ruz ordenó su ingreso en prisión de manera incondicional. Es decir, no podría salir de la cárcel hasta que el instructor o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional así lo decretase, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

Bárcenas volvió a cambiar su estrategia. Cambió de abogado y eligió a Javier Gómez de Liaño. De su mano, reconoció que él había escrito esos apuntes contables, que eran ciertos y que él mismo había entregado, entre otros, a Cospedal dinero de la caja B. Una de las personas de mayor confianza de Génova se había convertido en el gran traidor y quería tirar por tierra los cimientos del partido.

Contraataque del partido

El PP inició su contraataque. Cospedal presentó una demanda contra él en Toledo por atacar su honor, demanda que ha perdido. La exministra Ana Palacio también se querelló contra él, pero un juez de Madrid no la admitió a trámite. Y el PP y varios de sus dirigentes presentaron otra demanda en los juzgados madrileños, que está pendiente de resolución. Dentro de este juego, el partido entregó a Ruz, por orden de éste, los dos ordenadores utilizados por Bárcenas, ahora bien, vacíos y sin discos duros.

Y cuando, ya a finales de año, la cúpula del partido creía que el caso estaba a punto del archivo por falta de pruebas, Ruz encuentra un hilo del que tirar. En varios de los apuntes de los papeles aparece como receptor de 888.000 euros Gonzalo Urquijo, el arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede en la madrileña calle Génova. La falta de diligencia por parte del PP, que no ha entregado toda la documentación requerida por el juez y éste se ha dado cuenta, ha provocado que a menos de quince días de acabar el año, Ruz haya tenido que verse en la obligación de ordenar a la Policía entrar en su sede y recuperar toda la información que sea de utilidad para la causa, acabando así con las perspectivas más optimistas del PP.

Este asunto, conocido como el caso de los 'papeles de Bárcenas', ha hecho desfilar por la Audiencia Nacional a dirigentes 'populares' como Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Jaume Matas. También ha tenido que declarar, en este caso por la pieza principal de Gürtel, Esperanza Aguirre, para aclarar su conocimiento de la adjudicación de contratos por parte de la Comunidad de Madrid cuando ella era presidenta a la trama de Correa. En este caso también ha sido muy sonado el nombre de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por los regalos recibidos por las empresas de Correa, como viajes a Euro Disney, artículos de Louis Vuitton o fiestas de cumpleaños pagadas.

Matas, Fabra y González

Pero este no ha sido el único quebradero de cabeza de Rajoy. La justicia ha condenado a dos de sus dirigentes, el expresidente balear, Jaume Matas, y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ambos con un pie en prisión por hechos relacionados con la corrupción durante su mandato. La única opción que les queda es recibir el indulto, una medida de gracia que, a priori, el Gobierno no tiene intención de aplicar.

El desfile de dirigentes no ha cesado este año. Los valencianos Rita Barberá y Francisco Camps han estado a punto de ser imputados por el 'caso Nóos', cuyo mayor implicado es el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin. El juez Castro vio indicios de delito al conceder al Instituto Nóos una serie de contratos, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo no ver en su actuación ningún delito. Pese a ello, tuvieron que declarar como testigos.

En las últimas semanas de año, una jueza ha imputado a Lourdes Cavero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un posible delito fiscal y otro de blanqueo en la compra de un ático en la costa Malagueña y ha puesto en el disparadero a su marido, cuya gestión también está en entredicho por la privatización de tres hospitales madrileños, una investigación en la que están imputados los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamelas.