El texto de Gallardón sobre el aborto abre una grieta entre el Gobierno y el PP

El Partido Popular llevaba en su programa electoral la reforma de la legislación sobre el aborto, pero el anteproyecto sobre la materia que ha presentado Alberto Ruiz-Gallardón al Consejo de Ministro no convence en algunos sectores del propio partido. Y uno tiene nombre y apellidos, como es el del barón autonómico más marianista: Alberto Núñez Feijóo. El debate interno sobre la “mejora” o el “enriquecimiento” de la ley está servido y alargará su tramitación parlamentaria.

Mariano Rajoy no quiso que las discrepancias en el PP por el proyecto ensombrecieran el balance anual de su gestión al frente del Gobierno, y menos su mensaje de optimismo ante la recuperación económica, por lo que se limitó a calificar de “equilibrada” la iniciativa de reforma del Ejecutivo.

El partido tenía asumido que cumplir la promesa electoral de enterrar la ley de Zapatero sobre el aborto, basada en el principio de que es un derecho de la mujer por encima del no nacido, equivalía a un choque frontal con la izquierda y el feminismo clásico. También se daba por hecho la vuelta al equilibrio entre ambos derechos por la vía de los supuestos en vez de los plazos para la interrupción del embarazo, que es la avalada por el Tribunal Constitucional y el principio al que apeló el PP ante el mismo TC en contra de la ley Aído. La incomodidad en el partido con el texto de Ruiz-Gallardón procede de la supresión básica del supuesto de despenalización por malformaciones graves del feto.

El ministro incluye en su anteproyecto los principios y el compromiso electoral del partido de defender el derecho a la vida, pero también el requerimiento de la ONU para derogar el precepto sobre la discapacidad del concebido como motivo suficiente para interrumpir un embarazo. Ruiz-Gallardón prefiere que la despenalización en ese caso se base en el posible quebranto psicológico para la madre, no en la discapacidad del no nacido.

Más allá de las esperadas discrepancias de la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, o de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, lo que puede abrir el debate en el Partido Popular es la posición esbozada por figuras de peso en el mismo como Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta de Galicia recuerda que queda por delante toda la tramitación parlamentaria (el texto está todavía pendiente de informe de los órganos consultivos), precisamente para revisar y discutir sobre ese punto, el supuesto de la malformación. También propone buscar apoyos para la reforma y carga contra Zapatero por haber roto con una legislación que estuvo vigente durante 20 años, aprobada en tiempos de Felipe González y respetada en la etapa de José María Aznar.

El PP como tal no ha conocido el texto del Ministerio de Justicia hasta que se presentó en sociedad, tal y como ha reconocido su secretaria general, María Dolores de Cospedal, durante los meses en que Ruiz-Gallardón ha estado preparando el proyecto. Todo el Gobierno lo suscribe como tal, incluida la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque se le atribuyó en fuentes del PP ser su principal obstáculo.

El titular de Justicia sabía que la reforma del aborto le iba a poner en la diana de toda la izquierda y el progresismo oficial, pero a diferencia de anteriores etapas se ha entregado a la causa sin complejos, guiños a esa izquierda, ni miedo a quemarse en el empeño. El encargo de Rajoy no daba margen alguno para los equilibrios.

El presidente del Gobierno se limitó a defender la reforma por “equilibrada”, al mismo tiempo que quitaba importancia a las discrepancias aparecidas en su partido (todavía no se conocía la de Feijóo) con el argumento de que es un problema que se da en las demás fuerzas políticas. No quiso comentar nada más, sólo que los posibles cambios en el texto con “cosa del Parlamento”. Su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, fue el encargado de recordar que todos los diputados del PP suscribieron el programa electoral del partido que ahora se va a plasmar en ley y que los principios y fundamentos del anteproyecto, la defensa de la vida, no son negociables.