El juez Ruz registró la sede de Génova espoleado por las críticas del PP a la UDEF

El Partido Popular no ha calibrado bien sus últimos movimientos y ha conseguido meterse en su propia trampa. Hace unos días, hizo llegar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un escrito infravalorando y poniendo en entredicho el trabajo de la UDEF. Dentro del partido se creyó que se trataba de un golpe maestro para que el instructor diera carpetazo a la investigación e hiciera caso omiso a la labor policial. Pero cometió un error que ha supuesto una confrontación con Ruz.

Realmente, había varios errores en ese escrito, lo que ha provocado que el juez haya ordenado a la Policía hacer un registro en la sede del partido, con el daño público que eso supone a la formación. El fundamental fue que junto al texto se incorporaron 17 documentos relacionados con las obras de reforma de la calle Génova por parte de la empresa Unifica, cuyo responsable, Gonzalo Urquijo, está imputado.

El PP entregó a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 5 de diciembre ese escrito porque al no estar personado como parte en la causa no puede dirigirse directamente al juzgado. Lo que hizo el Ministerio Público fue dárselo a Ruz para poner esa información en su conocimiento.

El secretario judicial que trabaja codo con codo junto al juez examinó esa documentación y descubrió que sólo cinco de esos 17 documentos coincidían con los ya aportados en agosto. Resulta que en julio, Ruz ordenó al PP que ofreciera toda la información relativa a las obras de la sede y a la empresa Unifica. Los nuevos papeles llegados hace dos semanas demuestran que el partido ocultó en un principio información al juez, lo que ha provocado que haya tenido que ordenar a la Policía acceder y sacar de la sede toda la documentación, tanto en soporte papel como digital, relacionada con ese asunto, así como todos los archivos y correos electrónicos que se puedan extraer de los ordenadores. La Fiscalía solicitó a Ruz que requiriera de nuevo al PP toda la información relativa a este asunto.

El PP no calibró bien el alcance del escrito, con el que, según fuentes del partido, se desmontaba punto por punto la tesis de la UDEF de que desde la formación 'popular' se colaboró con Urquijo en la elaboración de facturas falsas para pagarle, como indican los ‘papeles de Bárcenas’, 888.000 euros a través de la contabilidad B del partido.

El juez carga contra el PP

En el auto por el que Ruz requiere al PP que entregue toda la información a la Policía de manera voluntaria en su sede, muestra énfasis en las frases utilizadas por el propio partido en su escrito, reprochando que se haya trasladado a la opinión pública una interpretación de la realidad que perjudica gravemente su imagen. Se refiere a otro auto del magistrado en el que, basándose en un informe policial, afirma que hay indicios de la existencia de una contabilidad B o paralela continuada en el tiempo en el PP, que ha quedado demostrada por las facturas falsas emitidas por Unifica.

Resalta también el juez que el PP califica el informe de la UDEF como “parcial, provisional y de avance”, algo que para Ruz no son más que “valoraciones subjetivas respecto de la labor investigadora llevada a cabo por instituciones estatales”. Ahora bien, el instructor se pregunta cómo ha tenido acceso a él, así como al informe de la Agencia Tributaria al que hace mención, cuando el PP no es parte en la causa y únicamente pueden tener acceso las partes.

No sólo eso. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 vuelve a la carga y señala que cuando el PP entrega una serie de documentos que se han escondido durante cinco meses, lo hace con fotocopias, sin aportar los originales. Se trata de órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos, “cuyo contenido, sin perjuicio del pertinente análisis, pudiere aportar elementos de interés por cuanto no eran conocidos hasta el momento, y no habiendo sido aportados antes por la formación política pese al requerimiento cursado al efecto en fecha de 30 de julio por el Juzgado”, insiste en el auto.

Aliento a la investigación

Este paso en falso del PP le puede costar caro. Primero por la imagen de la Policía requisando información durante 14 horas en su sede, a seis meses de las elecciones europeas. Segundo, porque supone un empujón a Ruz en una investigación que hace no mucho parecía prácticamente archivada. Ahora no sólo se retrasa la finalización de la instrucción, sino que el juez tiene cada vez más indicios de una actuación coordinada en el proceder tanto de Unifica como de los entonces responsables de la Tesorería y Gerencia del Partido Popular. A su juicio, pudieron generar “documentos para la certificación y facturación de determinadas reformas llevadas a cabo en su sede principal, al objeto supuestamente de dar cobertura a una facturación oficial ficticia, que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque con la presentación de factura, y presumiéndose de forma indiciaria el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos y que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas'”, recoge el auto.

Ruz señala que, de ser así, el responsable de delitos graves no sería únicamente el responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo, sino los extesoreros y gerentes Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, “así como a aquellas personas que hubieren contribuido activamente, en concertación con aquellas, a la realización de actos que eventualmente resulten integradores del delito investigado”.