La ley del aborto de Gallardón regulará por primera vez la objeción de conciencia

La futura (y envuelta en polémica) ley del aborto que Alberto Ruiz-Gallardón llevará al Consejo de Ministros a finales de mes regulará, por primera vez, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. La reforma, de la que el departamento de Justicia se resiste todavía a ofrecer más detalles, dará así un nuevo giro a la ley aprobada por la exministra Bibiana Aído en 2010, que reconocía este derecho pero que dejaba su articulación en manos de un futuro desarrollo de la ley que hasta ahora no se ha producido.

En el ecuador de la legislatura, Gallardón está a punto de dar a luz una de las iniciativas legales de mayor calado ideológico en plena Navidad. “Quedan tres Consejos de Ministros, pues en uno de esos tres será”, explicó ayer a los periodistas a la salida del pleno después de que el propio Mariano Rajoy asegurase la semana pasada que la reforma se aprobará antes de fin de año. Probablemente, el viernes 20 de diciembre o el 27.

La actual ley en vigor reconoce el derecho a la objeción de conciencia de forma “individual” a los profesionales sanitarios y estipula, únicamente, que esta deberá “manifestarse anticipadamente y por escrito”. Con una regulación más amplia de este derecho, el ministro pretende dar todas las garantías jurídicas a los médicos y enfermeros de la sanidad pública y privada para que puedan abstenerse de realizar esta intervención sin que se sientan presionados de ningún modo.

Será la primera vez que la objeción de conciencia quede regulada de forma expresa en la legislación. Todos los intentos anteriores por llevar a cabo iniciativas parecidas cayeron en saco roto. En la memoria de la Cámara queda, por ejemplo, una proposición de ley impulsada por el PP en 1985 y firmada por Miguel Herrero de Miñón. Proponía, textualmente, que “de ninguna forma podrá ser exigida declaración alguna al respecto con carácter general ni previo”, justo lo contrario de lo que establece la ley Aído. “El ejercicio de la objeción de conciencia en estos casos no prejuzgará de ninguna forma el acceso a puestos de trabajo en hospitales o centros públicos o privados, ni podrá fundar ningún tipo de discriminación directa o indirecta”, añadía Herrero de Miñón.

La nueva ley del aborto volverá al sistema de supuestos, por lo que la interrupción del embarazo dejará de ser un derecho en las primeras 14 semanas de gestación para volver a ser un delito no tipificado en supuestos muy concretos. A saber, los que ya existían en la legislación de 1985 (riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, violación o malformaciones del feto). Se regularán, eso sí, de forma más ajustada para evitar ‘coladeros’ en casos como el del riesgo psicológico para la mujer, que tendrá que ser acreditado por un especialista. Gallardón también ha avanzado que la discapacidad (por ejemplo, un síndrome de Down) no será uno de esos supuestos legales en el caso de las malformaciones del feto. La ley podría recoger, en este sentido, un catálogo de malformaciones incompatibles con la vida que sí abriesen la puerta a la interrupción legal del embarazo.

"Del ala progre al ala dura”

Ruiz-Gallardón recordó ayer también que la ley considerará a la mujer “víctima y no culpable del aborto”, con lo que no podrá ser objeto de pena de cárcel. “En la ley que vamos a presentar en muy pocos días, por primera vez en la Historia, la mujer no será objeto de reproche penal, como sí lo fue con su ley del 85”, replicó a la socialista Elena Valenciano.

La número dos del PSOE centró su pregunta al ministro en los recortes que está emprendiendo el Gobierno, especialmente en derechos a las mujeres, y reprochó a Gallardón que, al igual que ha sucedido con el titular de Educación, José Ignacio Wert, haya pasado de la supuesta “ala progre” del Gobierno, al “ala dura”. “En su viaje hacia el ala dura del PP lleva amenazando meses a las mujeres con recortarles la libertad. A ver si lo entiende: lo que las mujeres no queremos es que otros decidan por nosotras. La clave es esa libertad que ustedes quieren moldear y por eso tenemos la ley de orden público, de seguridad privada de ayer, preparan una de huelga, y por eso están dispuestos a reformar la ley del aborto”.

El ministro aseguró, por su parte, que en su reforma no va a privar a las menores de contar con el apoyo de sus familias, ante una decisión “tan trascendental” como es interrumpir el embarazado, ni se va a eximir a los padres del ejercicio de responsabilidades que les corresponde. Actualmente, la legislación establece el aborto legal a partir de los 16 años con consentimiento paterno obligatorio, salvo si existe conflicto grave, un punto que se prevé reformar.