El juez Ruz imputa a diez nuevos empresarios en los 'papeles de Bárcenas'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a diez nuevos empresarios en el caso de los 'papeles de Bárcenas', en el que se investiga una presunta contabilidad B del PP. Lo hace además en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que informó en contra de admitir la ampliación de la querella presentada por Izquierda Unida. (Lea aquí el Auto del juez).

El instructor lo admite a trámite parcialmente y cita como imputados para los próximos días 16 y 17 de enero a Rafael Palencia (de Degrémont Iberia y de Générale Dex Eaus), Cecilio Sánchez (relacionado con FCC) , Camilo José Alcalá (relacionado con Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (Del Grupo Romero Polo), José Luis Suárez (de Construcciones Parraño), Joaquin Molpeceres (Grupo Licuas), Antonio Pinal (Bruesa Construcción), Ignacio Ugarteche (Urazca Construcciones), Ramon Aigé (Sorigue-Acsa Conservación de Infraestructuras)y Vicente Cotino (Sedesa), éste último es el sobrino del actual presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.

Todos ellos fueron querellados por un delito contable, de asociación lícita, alteración del precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos electorales y apropiación indebida de fondos electorales.

En su auto, el juez señala que los indicios contra estos empresarios han sido constados, "de forma adicional respecto de las anotaciones contables vinculadas a las entregas atribuidas al arquitecto que se encargó de la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo, como responsable de Unifica. Ruz recuerda que en autos anteriores ya ha venido a decir que los ‘papeles de Bárcenas’ han sido reconocidos por el extesorero así como por las pruebas periciales practicadas. "La realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmada por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas", añade.

Varias de las empresas a las que pertenecen los ahora imputados ya han sido investigadas en este asunto y, por tanto, Ruz entiende que en el momento procesal adecuado para abrir un proceso porque por el momento no se puede descartar su relevancia penal.

Por su parte, Ruz cita a Cotino para que declare como testigo y explique al juez unos apuntes en los que su familia aparece como donante a través de la empresa Sedesa, relacionada con su sobrino. Concretamente, hizo una aportación al PP de 200.000 euros el 11 de marzo de 2004, el mismo día que se produjeron los atentados terroristas del 11-M.

Por otro lado, Ruz rechaza citar como imputado al marido de la secretaria general del PP, Ignacio López del Hierro, al no constar indiciariamente responsabilidad penal en relación a los hechos investigados, bien en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de instrucción, "que habría que determinar la prescripción de los delitos invocados, bien en atención a la escasa, vaga o en ocasiones inexistente descripción complementaria de hechos".

En los papeles aparecen pagos del marido de María Dolores de Cospedal al PP, por un importe total de 114.192 euros en los años 1997 y 1998.

También rechaza la imputación de los ex dirigentes de la formación Ángel Acebes, de quien dice que hasta el momento no hay indicios para actuar contra él, ni contra Francisco Álvarez Cascos, que en todo caso recuerda que es miembro aforado, cuyos nombres aparecen como receptores de dinero de la caja B. Respecto del primero, IU les acusa de haber recibido sobresueldos por valor de 600.000 euros, parte de ellos recibidos cuando eran ministros.

Ruz pide a la UDEF que incluya a los nuevos imputados, que aparecen como donantes del PP en el informe definitivo que está preparando, a fin de investigar "la vinculación entre los supuestos pagos atribuidos a los querellados a favor del PP y, los contratos o adjudicaciones públicas que hubieren sido otorgadas en relación a las referidas prestaciones económicas". El juez está a la espera de que la Policía pueda encontrar datos por lo que se pueda determinar la presunta participación de los nuevos querellados en los hechos objeto de imputación, "así como de concretar la indiciaria calificación como presuntos delitos contra la Administración Pública singularmente cohecho y tráfico de influencias- y contra la Hacienda Pública".