La Policía desactiva una red criminal con 41 sociedades para falsas revisiones de gas

La Policía Nacional ha desarticulado la primera organización criminal de España especializada en el fraude de las revisiones de gas. La operación arrancó este miércoles y se prolongará durante varios días por la extensa implantación territorial de la red. Se espera que el número de detenidos acabe rebasando la decena, pero no hay estimaciones fiables sobre la cifra de afectados por este timo, según las fuentes policiales consultadas por El Confidencial.

La investigación ha estado dirigida por agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de las dependencias centrales de la Policía. Las pesquisas arrancaron antes del verano a raíz de una denuncia presentada en Málaga por Repsol, después de que su división de Butano detectara que sus inspectores estaban siendo suplantados por otros trabajadores que no contaban con la cualificación obligatoria.

Las averiguaciones policiales tardaron muy poco en hallar conexiones entre las sociedades que operaban en esa zona de Andalucía con compañías asentadas en otros puntos del territorio nacional. En concreto, la organización había logrado implantarse en Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid e Islas Baleares, y en la provincia de Toledo. El operativo policial se está desarrollando en todas estas regiones.

Simulación de legalidad

La presunta red criminal actuaba a través de 41 sociedades mercantiles que simulaban contar con todos los permisos para realizar inspecciones de gas butano y gas natural. Sin embargo, ninguna de estas sociedades estaba autorizada para realizar este tipo de controles. A cambio de este servicio fraudulento, cobraban cantidades que solían partir de los 50 euros y que llegaron a superar los 2.000.

Los objetivos preferidos de la red, según las fuentes consultadas, eran personas de edad avanzada y extranjeros con un conocimiento muy limitado de la normativa española. Los falsos revisores incluso amenazaban con sanciones si no accedían a autorizar la realización de los controles. Se presentaban en las viviendas por sorpresa, sin que sus servicios hubieran sido solicitados. Los agentes sospechan que, además de cobrar por una labor fraudulenta, los falsos revisores pudieron aprovechar el acceso a algunas viviendas para cometer robos.

Bajo una presunta patronal

Las 41 sociedades desmanteladas aparentaban ser completamente independientes, pero la investigación policial ha encontrado pruebas de que en realidad integraban una red jerarquizada. En su cúspide estaría una supuesta patronal de empresas del sector, la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas (ASEINGAS), a la que pertenecían todas las compañías identificadas. La asociación contribuía a dar aún más sensación de legalidad –en su página web incluso se permite la licencia de advertir a los consumidores del riesgo del fraude en las revisiones de gas– y supuestamente coordinaba la actuación de las sociedades detectadas por los agentes de la Policía Judicial.

Por ahora, se ha detenido a 11 personas directamente vinculadas con la gestión de las empresas imputadas. No obstante, la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. En las pesquisas han colaborado las inspecciones de Trabajo y de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Consumo, así como asociaciones de defensa de los consumidores, que han aportado información sobre las denuncias recibidas por este tipo de timo.