Gallardón se empeña en aupar a la cúpula judicial a un magistrado muy cercano a él

La última palabra la dirá Mariano Rajoy. Pero Alberto Ruiz-Gallardón está moviendo todos los hilos para colocar a un magistrado muy cercano a él en la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación negocian contra reloj el PP y el PSOE. El ministro de Justicia quiere que el próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo sea Carlos Lesmes, un magistrado de su absoluta confianza que ya ocupó cargos de responsabilidad durante los gobiernos de José María Aznar,según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a esas negociaciones.

Gallardón y el diputado socialista Antonio Camacho (vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso y último ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero) trataban de cerrar ayer la lista con los nombres de los 20 nuevos vocales del CGPJ, que deberán ser refrendados posteriormente por el Parlamento. En teoría, esa veintena de miembros será la encargada de designar más tarde al presidente de la cúpula judicial, aunque realmente serán los dos grandes partidos quienes pacten e impongan sunombre, hurtando una vez más su elección a los vocales.

El gran escollo de las negociaciones es, precisamente, quién presidirá el CGPJ.Populares y socialistas ya han pactado que10 vocales sean propuestos por el PP,ocho por el PSOE y los dos restantes por CiU y el PNV, pero siguen enfrentados por el nombre que ocupará el vértice de la cúpula judicial, sobre el que deberán ponerse de acuerdo, en última instancia, Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Ruiz-Gallardón está empeñado en que sea Lesmes, en la actualidadmagistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo, y así se lo ha trasladado al presidente del Gobierno. Pero el PSOE se opone frontalmente.

Alto cargo con Acebes

Los socialistas prefieren un candidato de consenso y recuerdan que Lesmes no sólo es un magistrado muy cercano a Ruiz-Gallardón, sino que ocupó altos cargos, a propuesta del PP, en los ejecutivos de Aznar. Lesmes fue, en efecto, responsable de la ya desaparecida Dirección General de ObjecióndeConciencia entre 1996 y 2000 (a las órdenes de la entonces ministra, Margarita Mariscal de Gante) y más tarde director general deRelaciones con la Administración de Justicia entre 2000 y 2004, primero con Ángel Acebes y más tarde con José María Michavilaocupando la cartera.

Los recelos del PSOE crecieron hace dos semanas, al trascender que Lesmes fue el magistrado que propuso al pleno de la Sala de lo Contencioso del Supremo que ratificara el indulto concedido por el Gobierno, a propuesta de Ruiz-Gallardón, al kamikaze de la AP-7. El pleno, finalmente,revocó por un estrecho margen la medida de gracia impulsada por el ministro de Justicia, que en su día provocó una gran alarma social (el conductor suicida, condenado a 13 años por provocar la muerte de un automovilista, fue indultado cuando sólo llevaba nueve meses en prisión) y fue muy contestada en ámbitos jurídicos y políticos.

Maquillar la politización

La historia se repite. Si la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el pasado mes de junio, pretendía al menos maquillar la politización creciente de la justicia (el propio Ruiz-Gallardón se ha comprometido en varias ocasiones a "despolitizarla"), no resulta descabellado afirmar que la normaha fracasado estrepitosamente al poco de nacer. Esta semana se cumplen dos meses desde que expiró el mandato de cinco años del actual CGPJ, pero la pelea entre el PP y el PSOE por repartirse el control del nuevo órgano de gobierno de los jueces ha paralizado hasta ahora la renovación de sus 20 miembros.

Esa reforma, impulsada por Ruiz-Gallardón y aprobada el 27 de junio,sólo parece lucir unavirtud: haber unido en su contra a todos los partidos de la oposición, asociaciones judiciales (incluida la conservadora, y afínal PP, Asociación Profesional de la Magistratura) e incluso al CGPJ yacaducado, encabezado por su presidente,Gonzalo Moliner. Unos y otros acusan a los populares (y especialmente al ministro de Justicia) de imponer una norma que reforzará el control político de los jueces mediante mecanismos como, precisamente, lamodificación del sistema de elección de los vocalesdel CGPJ.