Límite de 48 horas: Ana Botella entra por fin en la guerra de la limpieza en Madrid

No hay tregua. Tras casi 10 días en el ojo del huracán y acuciada por las críticas a su dejación de funciones, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado de plazo 48 horas a las tres empresas concesionarias del servicio de limpieza de las calles de Madridpara resolver el conflicto que mantienen con sus trabajadores. Si antes de mañana por la tarde las dos partes no acercan posturas, el Ayuntamiento–que externalizó esta gestión– asumirá el cumplimiento íntegro delos servicios mínimosa través dela empresa pública Tragsa hasta que se solucione el conflicto.

El Consistorio madrileño ha seguido el mismo guion que puso en práctica Jerez -con 211.000 habitantes, quince veces más pequeña que la capital- hace justo un año cuando la primera edil, María José García Pelayo (PP), intervino en el conflicto que mantenía la plantilla con la concesionaria que gestionaba el servicio, en este caso Urbaser. El Ayuntamiento no esperó una resolución judicial ni un informe de la Consejería de Salud que determinase problema de insalubridad en el municipio para contratar los servicios de Tragsa (participada por el Estado). La alcaldesa alegó “riesgo de epidemia” sin esperar al informe para actuar. Un dictamen de emergencia sanitaria sería, por cierto, la única premisa bajo la cual podría actuar el Ejército para asumir las labores de limpieza de las calles.

En el caso de Madrid, Botella detalló el modus operandi que el Consistorio va a poner en marcha en el caso de que las tres concesionarias no cierren un acuerdo con los trabajadores antes de mañana a las cinco de la tarde. Primero denunciará ante la Fiscalía que las empresas concesionarias no han cumplido los servicios mínimos pactados y, para ello, ya está incluso redactado el texto de la denuncia. Las concesionarias acusan a los piquetes de impedir la salida de los servicios mínimos, mientras que los sindicatos apuntan a que no salen porque les falta el uniforme reglamentario. El incumplimiento alcanza hasta el 40% diario, según los datos que maneja el Consistorio.

Los costes de esta decisión serán directamente imputados a las empresas que realizan la prestación del servicio, que deberán seguir cumpliendo con los servicios mínimos firmados. Dicho de otro modo, el Consistorio no asumirá ni un solo euro del sobrecoste producido por el conflicto, según han precisado fuentes municipales.

¿Riesgo para la salud?

En Jerez, el comité de empresa de la concesionaria presentó también una denuncia contra el Consistorio por vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores. El Ayuntamiento también presentó ante los tribunales tres informes técnicos elaborados por personal propio que avalaban su actuación. Los documentos recogían que en las calles de Jerez se acumulaban 3.300 toneladas de basura, entre otras cosas porque, como ocurre en Madrid, los servicios mínimos no se cumplían.

En aquellos escritos, los técnicos advertían del riesgo de epidemia en la ciudad derivado de la “desintegración de los residuos” en las calles tras 17 días de huelga. Madrid llega este jueves a la décima jornada, y en muchos barrios no se recogen las basuras desde que comenzó el paro. El Ayuntamiento envió ayer un requerimiento a las empresas afectadas (OHL, FCC y Valoriza) advirtiéndolas de las consecuencias que tendrán por no cumplir el decreto de servicios mínimos. En dicho requerimiento, le insta a adoptar “todas las medidas oportunas a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho”. Además, la alcaldesa habló por teléfono con cada una de las concesionarias y las informó de cuáles iban a ser los pasos siguientes.

Las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria y de jardinería de la capital airearon ayer el sueldo bruto de un peónmedio: 23.073 euros brutos anuales con una antigüedad media de 15 años, que es (según las empresas) la media de los trabajadores. Un conductor gana25.000 euros brutos anuales. En unanota de prensa, las compañías han negado que estos trabajadores sean 'mileuristas' y también que pretendan que cobren 500 euros reduciendo sus sueldos un 43 por ciento. Incluso, según esas empresas,los salarios han aumentado un 20,34 por ciento "en los años de crisis". Sin embargo, también es cierto que esas mismas firmas habían planteado un ERE de 1.134 trabajadores y se ha pasado ya a 625, lo que significa que la primera cifra estaba más que inflada.

Oposición en contra

Los tres grupos de la oposición presentes en el Consistoriohan mostrado su rechazo a la forma de actuar de Botella. El socialista Jaime Lissavetzky ha llegado a pedir a la alcaldesa a que deje el cargo por su "incapacidad" de gestión en el conflicto generado por la huelga. En esta línea, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, también dijo que Ana Botella es la "primera y única responsable" de esta huelga, ya que su "irresponsabilidad" ha llevado a subcontratar servicios que son de su competencia.

David Ortega, el portavoz de UPyD, cree que el Ayuntamiento no va a la raíz del problema, que es, a su entender, que diseñó un contrato de limpieza "low cost para una ciudad del tamaño y complejidad de Madrid. Tarde o temprano tendrán que asumir este problema y, mientras no lo hagan, todas sus medidas serán parches". Para la formación magenta, es un problema de escasez presupuestaria para un servicio tan básico como el de la limpieza de la capital. "El PP ha vuelto a meter a Madrid en un enorme lío".