El Constitucional revisa la próxima semana la ‘doctrina Botín’, salvavidas de la Infanta

El Tribunal Constitucional revisará la próxima semana la 'doctrina Botín' que acordó en su día el Tribunal Supremo para evitar que una acusación popular pueda sentar en el banquillo de los acusados a una persona si no hay acusación de la Fiscalía ni de ningún perjudicado directo. Si el pleno del órgano judicial avala la doctrina, podría ser la salvación definitiva para la infanta Cristina, en caso de que llegue a ser acusada por el caso Nóos.

Según fuentes del Alto Tribunal, el día concreto en que se revisará será el próximo 19 de noviembre, fecha en la que se espera pueda confirmarse de manera definitiva la decisión del Supremo, que en 2007 consiguió que el presidente del Banco Santander no pudiera ser acusado por una única acusación popular cuando esta no era perjudicada directa. Se trataba del caso de las cesiones de crédito en el que estaban acusados Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes.

Previamente, la Audiencia Nacional había archivado el caso por considerar que el ejercicio de la acusación popular debía estar limitado “en cuanto a su alcance, extensión y contenido”, un argumento que avaló el Alto Tribunal. Sin embargo, el Supremo fijó otra doctrina a posteriori, contraria a esta, para condenar al expresidente del parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) y admitió la acusación popular en solitario cuando el delito afectase a “intereses colectivos” o si no se han personado los perjudicados directos.

Es más, lo que resuelve ahora el TC es un recurso que presentó Atutxa por vulneración del principio de igualdad al ser él condenado y Botín absuelto. Este recurso se empezó a estudiar con la anterior composición del tribunal, que se mostraba favorable a amparar al exdirigente vasco. Sin embargo, con la entrada de nuevos magistrados, los equilibrios han cambiado y en la balanza tiene ahora más peso mantener la validez de las dos doctrinas.

En el caso de que el Tribunal Constitucional dé el espaldarazo final a la doctrina Botín, la Infanta se verá favorecida porque ni el perjudicado directo (Hacienda) va a acusarla, ni tampoco lo harán la Fiscalía, el Gobierno balear o los concejales socialistas del ayuntamiento personados en la causa. Los únicos que van a pedir de nuevo su imputación y van a ir hasta el final es la acusación representada por el sindicato Manos Limpias. Tras los últimos informes, la asociación va a solicitar al juez Castro que impute de nuevo a la hija del Rey por participar al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, en la empresa Aizoon; y por ser conocedora del gasto para asuntos personales del dinero público recibido por contratos en el Instituto Nóos.

Según fuentes jurídicas, Castro está ultimando la imputación de la Infanta, a pesar de que la Audiencia Provincial de Palma ya le obligó a retirarla una vez como cooperadora necesaria de todos los delitos cometidos por su marido. Esta decisión no será apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que a día de hoy sigue manteniendo que no hay indicios de delito contra la hija del Rey.