Posada hizo 'lobby' a favor de la 'doctrina Parot’ ante el Tribunal de Estrasburgo

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y su homólogo en el Senado, Pío García Escudero, hicieron lobby a favor de la ‘doctrina Parot’ en una reunión oficial que ambos mantuvieron en Estrasburgo con el entonces presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Nicolas Bratza. El encuentro tuvo lugar el 20 de septiembre del año pasado, después de que el TEDH hubiera fallado ya en primera instancia a favor de la terrorista Inés del Río y en contra de la ‘doctrina Parot’, y apenas unas semanas antes de que España presentase oficialmente su recurso contra la sentencia. La Gran Sala del Tribunal publicará hoy la sentencia definitiva sobre este caso, que puede tener importantes derivadas para la política antiterrorista y dejar en la calle, a corto plazo, a 77 etarras y violadores.

Fuentes conocedoras de aquella reunión confirman a este diario que al menos Jesús Posada se posicionó a favor de la denominada ‘doctrina Parot’ y respaldó activamente su vigencia al estar avalada (razonó) por las máximas autoridades judiciales españolas, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. En el encuentro, que comenzó a las 9.30 de la mañana del 20 de septiembre de 2012, estuvo presente también el magistrado Luis López Guerra, el único miembro español de la Sección Tercera del Tribunal, que, por unanimidad, dio amparo a la terrorista Inés del Río en julio del año pasado.

La reunión de los presidentes del Congreso y del Senado con Nicolas Bratza en Estrasburgo no estaba motivada por la sentencia contra la ‘doctrina Parot’, pero el tema se coló ineludiblemente en la agenda del encuentro, que se acomodó dentro de un viaje oficial de ambos políticos españoles a la Conferencia Europea de Presidentes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tal y como se observa en la imagen. De hecho, ese mismo día, una de las plenarias de dicha conferencia abordaba un debate titulado “El futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El papel de los parlamentos nacionales”. En ese debate, García Escudero argumentó que en España “se lleva a cabo un cumplimiento muy razonable de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto en la adopción de medidas individuales como de carácter general”. “Estamos, por tanto, orgullosos del respeto y aplicación en nuestro sistema de la doctrina del Tribunal. De hecho, el número de demandas contra España es muy bajo”.

Según el informe facilitado por el Congreso de aquel viaje, estuvieron presentes también en la reunión el embajador representante permanentemente de España ante el Consejo de Europa, el secretario general de la Corte, Erick Friegergh, y el jefe de prensa del Tribunal, Patrick Titiun. Se da la circunstancia también de que la participación de Luis López Guerra hace especialmente singular esta cita. Este fue diputado autonómico de Madrid por el PSOE y exsecretario de Justicia del Ministerio del Interior entre 2004 y 2007 con Juan Fernando López Aguilar como ministro del ramo. De allí fue promocionado después, en 2007, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Tribunal de Estrasburgo y se considera que su papel en la derogación de la doctrina Parot puede ser clave. De hecho, su voto en contra de España en la primera sentencia de julio del año pasado fue muy criticada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que lamentó su falta de “sensibilidad” al hacer coincidir la primera sentencia de este caso con el 15 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco.

Viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos

La ‘doctrina Parot’ es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, que, según el ya derogado Código Penal de 1973, era de 30 años.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en primera instancia que esta doctrina viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instó al Gobierno español a poner en libertad a Inés del Río. La etarra fue condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios atentados y, gracias a los beneficios penitenciarios, debería haber salido de la cárcel el 3 de julio de 2008.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará hoy lunes de forma definitiva sobre el caso Del Río contra España en una decisión en la que participan los 17 jueces de la gran sala que han revisado la sentencia.