Díaz Ferrán y De Cabo, sin más rebajas de fianza y en prisión hasta el juicio

Los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo no disfrutarán de más rebajas de fianzas que les faciliten su salida de prisión a la vista de lo avanzada que va la instrucción por el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans. Según fuentes jurídicas, la instrucción está a punto de concluir después de menos de un año y, por tanto, no son necesarias más rebajas.

La prisión preventiva tiene un plazo máximo de dos años y es al acercarse a esta fecha y si la instrucción va lenta cuando se plantea la puesta en libertad. Por ahora, desde que el pasado 5 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó su ingreso en prisión, la fianza se ha rebajado en varias ocasiones.

Concretamente, al expresidente de la CEOE se le ha reducido en dos ocasiones. La primera, de los treinta millones de euros impuestos inicialmente hasta los diez millones y luego hasta los cinco. El juez le está investigando por haber diseñado una estrategia para simular su "insolvencia patrimonial" y de concertarse con el empresario De Cabo para traspasarle el Grupo Marsans, así como su patrimonio personal y familiar. Díaz Ferrán pudo ocultar dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores.

La última ocasión que su abogado solicitó a la Audiencia Nacional la libertad del expresidente de Viajes Marsans, ya se le rechazó porque los investigadores siguen buscando su dinero oculto. Concretamente, las autoridades de Estados Unidos están siguiendo el rastro del dinero obtenido por la venta de dos apartamentos de lujo en la ciudad de Nueva York.

Es más, el último informe pericial realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), en este caso conocido por Operación Crucero, señala que Díaz Ferrán atesoró bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros.

La defensa del empresario ha alegado en varias ocasiones su arraigo familiar y su avanzada edad. Fuentes próximas al imputado aseguran que, al tener ya setenta años, pensaron que no entraría en prisión y de ser así quedaría en libertad pronto. Sin embargo, la Sala ya ha recordado que los delitos que se le imputan son graves y la condena podría alcanzar los catorce años de cárcel. Están imputados por alzamiento de bienes, insolvencia punible con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En la misma tesitura se encuentra De Cabo, conocido como ‘el liquidador’ de empresas. Este ha tenido algo más de suerte ya que inicialmente el instructor le impuso 50 millones de euros de fianza para luego ser rebajada a quince y, más tarde, a tres millones de euros. Sin embargo, la última petición de rebaja ya fue rechazada al concluir la Sala que existe un “relevante riesgo” de que se fugue si queda en libertad y de que pueda destruir pruebas.

Fuentes jurídicas apuntan que, visto el estado de la causa, su puesta en libertad se hace innecesaria, dada la proximidad del juicio oral. Después de que la UDEF entregara el informe definitivo sobre Díaz Ferrán y De Cabo, sólo queda pendiente otro escrito de la misma brigada sobre el resto de imputados, es decir, la red de De Cabo, la gente que trabajaba para él.

Desde que fueron detenidos y enviados a la cárcel, sus letrados han solicitado en reiteradas ocasiones su puesta en libertad. Como ya ha ocurrido con otros presos, como el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, alegan falta de bienes económicos para hacer frente al pago de la fianza y la Sala de lo Penal va accediendo a rebajas para no mantener a un preso preventivo. La diferencia con Correa es que este permaneció más de tres años en la cárcel, se le fue rebajando la fianza de 15 millones de euros hasta los 200.000 euros y, cuando quedó en libertad, el caso Gürtel todavía no tenía visos de concluir.