El 93% de las preferentes de Caja Madrid se colocó sólo entre pequeños clientes

Una de las acusaciones populares del caso Bankia, el colectivo 15MpaRato, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento, Fernando Andreu, documentos que demostrarían que, tal y como se sospechaba, las emisiones de acciones preferentes de Caja Madrid se colocaron en su gran mayoría entre pequeños clientes de la entidad con escasos conocimientos bancarios para tratar de captar su financiación a cambio de promesas de seguridad y rentabilidad que nunca se cumplieron.

Según el cuadro de difusión de la CNMV aportado por esta acusación, correspondiente a una emisión de 30.000.000 de participaciones preferentes de Caja Madrid en julio de 2009 de un valor nominal de 100 euros cada una, el 93,9% del total de las acciones se vendió a familias y el 5,2% a empresas no financieras, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas. El resto, menos de un 1%, acabó en manos de instituciones extranjeras no financieras. Ninguna entidad de crédito, ningún instrumento de inversión colectiva (sicav), ninguna sociedad de gestión o agencia de valores, ninguna empresa de seguros ni ninguna administración pública picó en la trampa de las preferentes. El producto sólo consiguió fondos de pequeños inversores.

Para el colectivo 15MpaRato, una de las acusaciones personadas en el caso Bankia y en la pieza separada que investiga la comercialización de preferentes, estos documentos a los que ha tenido acceso demostrarían que este producto fue diseñado por la cúpula de la caja con el punto de mira en los clientes más crédulos. “Ahora en la causa ya sabemos que un producto complejo y de máximo riesgo se diseñó y vendió exclusivamente y precisamente a quienes no podían entenderlo”, asegura Juan Moreno Yagüe, abogado de 15MpaRato. “Igualmente, sabemos que ese producto, que debería de haber cotizado y haber formado unos precios de manera libre en mercados secundarios oficiales, nunca figuró en ellos. Solo nos falta probar que todo se ejecutó dentro de un plan especialmente diseñado para conseguir que miles de millones de euros de los clientes, sus ahorros, se transformaran en activos de las cajas y los bancos, directamente fueran arrebatados a los pobres incautos, generalmente personas de avanzada edad, y puesto en el patrimonio de las propias cajas y bancos”.

La firma de uno de los imputados

Las nuevas pruebas se corresponderían con una emisión que permitió a Caja Madrid obtener 3.000 millones de euros en un momento de máxima restricción del crédito. En los documentos aparece el membrete de la CNMV y la firma del directivo Carlos Stilianopoulos, que llegó a ser director financiero de la entidad bajo la presidencia de Rodrigo Rato. Tanto Stilianapoulos como Rato se encuentran imputados por el caso Bankia.

Los documentos de 15MpaRato detallan que el 70% de las acciones preferentes habría acabado en manos de clientes domiciliados en la Comunidad de Madrid, territorio natural de la entidad. Pero el perjuicio también se habría extendido en abundancia por otras comunidades. En Castilla-La Mancha se vendieron 2.215.498 preferentes de aquella emisión y en Cataluña, otras 2.248.321. Por su parte, en Andalucía se comercializaron 1.285.227.

La emisión de preferentes contó con la autorización preceptiva del Banco de España y fue comunicada a la CNMV. La agencia de calificación de riesgos Fitch otorgó a esa partida de obligaciones un valor de A-, es decir, consideró que la inversión en ese producto entrañaba para los inversores una seguridad media-alta. Pero tardó poco en demostrarse que el riesgo real de las preferentes era mucho mayor.

15MpaRato ha remitido las pruebas a Andreu y ha solicitado la CNMV informe sobre la veracidad de los documentos y que aclare si es cierto que el regulador bursátil disponía de esos datos desde julio de 2009. La acusación quiere saber por qué la CNMV no remitió esta información a la que ha tenido ahora acceso por otros cauces cuando fue requerida por Andreu para que la entregara el pasado mes de febrero. También pide los porcentajes de suscriptores del resto de emisiones de preferentes que están siendo investigadas.