La Fiscalía rechaza ‘cruzar’ los contratos de Fomento con los donantes del PP

La Fiscalía Anticorrupción sigue contestando a las numerosas peticiones realizadas por parte de las acusaciones personadas en la pieza separada conocida como ‘papeles de Bárcenas’. En su último escrito, se opone a requerir al Ministerio de Fomento que aporte la documentación de los contratos entre 1990 y 2012 con las empresas que aparecen en las anotaciones del extesorero del PP como donantes de la formación.

Informa al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Pablo Ruz, que pedir a Fomento esa información para buscar una relación entre la concesión de adjudicaciones y donaciones que supuestamente superan lo permitido por ley es “inútil e impertinente” y “perjudicial para la instrucción”.

El fiscal señala que se desconoce el número exacto de expedientes a los que afectaría la petición de la acusación pero desde luego serían más de 2.000 “atendiendo y extrapolando los datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio” respecto de las concesiones y contratos habidos en los periodos de tiempos que fueron facilitados con las empresas querelladas, sus subsidiarias y participadas.

“La recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo no definido pero desde luego superior al año, en el mejor de los casos”, recoge en su escrito. El empleo de personal y tanto tiempo sólo sería justificado, según Anticorrupción, si existieran “indicios bastante de la comisión de hechos delictivos y la probabilidad de obtener elementos incriminatorios que afiancen y dencrédito a los mismos”.

En su escrito, el Ministerio Público recuerda que los contratos hasta 2002 estarían prescritos y, por tanto, no afectan a la investigación judicial. El sentido de su informe va en línea con los últimos firmados en los que mantiene que a día de hoy no hay pruebas de la comisión de ningún delito.

En otro escrito ya alertaba de que había que tener cautela y evitar practicar diligencias que “aunque puedan levantar interés político y social lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal” o que ya están prescritos.

Están pendientes informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE)m, que deben concretar la existencia o no de hechos delictivos.

También falta un informe que confirma si en los años 2007 y 2008 se pudo cometer delitos fiscales por parte de dirigentes del PP, que dependerá del dinero que dejaron de ingresar en Hacienda y si éste supera los 120.000 euros anuales.