La Fiscalía acusa a la corrupción de frenar la recuperación económica

La Fiscalía General del Estado acusa a los responsables de la corrupción de frenar la recuperación de la crisis económica que vive España en la actualidad. Constituye una de las formas más graves de delincuencia porque ataca a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho. Este tipo de delincuentes se han convertido en un factor desestabilizador especialmente negativo para salir de la crisis y que ha provocado una desconfianza generalizadora de las instituciones.

En su memoria del año 2012, el organismo que dirige Eduardo Torres Dulce, reconoce que la preocupación que tienen los españoles por los casos de corrupción que afectan a prácticamente la totalidad del territorio nacional tiene consistencia. "Hipoteca el futuro de nuestra sociedad y rompe estrepitosamente la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho", señala el documento.

Critica que las administraciones se hayan relajado en los controles internos y propugna por un funcionamiento riguroso de los órganos de control administrativo, dotándolos de los suficientes medios legales y materiales, de los que probablemente carezcan en el día de hoy, para realizar su labor. Pero también dotar al Estado, a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de normas jurídicas que establezcan controles y filtros políticos y administrativos que detecten precozmente una posible actuación corrupta para abortarla en sus inicios. De ahí que apueste por endurecer el sistema de acceso a los puestos políticos y de incompatibilidad y de transparencia para los cargos públicos, tanto mientras están al frente de sus respectivas responsabilidades como durante un tiempo posterior al cese de las mismas.

Asimismo, reclama una dotación de medios a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas como vía jurisdiccional preferente a la penal, que permita determinar responsabilidades, anular actos contrarios a la ley y ejecutar sus decisiones de manera rápida y efectiva.

Por otro lado, considera que es necesario un cambio en la legislación para mejorar la lucha contra la corrupción, como el uso de agentes encubiertos o de personas arrepentidas que son propias de la lucha contra el crimen organizado "y que deberían ser incluidas sin demora en nuestra arcaica legislación procesal para combatir los supuestos más graves de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones y con una mayor eficacia".

El documento muestra su especial preocupación por una corrupción "que debilita tanto la efectividad de los gobiernos como el buen funcionamiento de los distintos operadores económicos". Además, recuerda que la imagen de lucha contra la corrupción es esencial para generar confianza en el país. "Es muy notable la influencia de la percepción de la corrupción para favorecer o perjudicar la inversión internacional y el intercambio comercial", añade.

Este tipo de delincuentes provocan el desvío de fondos públicos a fines privados, lo que genera una distorsión en el mercado, afectando a los derechos de los agentes económicos y de los consumidores. Si el fenómeno, la Fiscalía teme que se extienda y si no se combate adecuadamente, puede dar lugar a su generalización en la sociedad. En el plano económico, la corrupción administrativa se erige en un factor desestabilizador y supone un coste añadido sobre bienes y servicios "que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos de crisis económica como el actual".

Mal ejemplo

Para la Fiscalía, si no se combate con la corrupción puede tener un "efecto pernicioso" en la ciudadanía que puede coger este tipo de comportamientos e intentar eludir sus obligaciones dando pie a los fraudes tributarios o a la Seguridad Social. Para el Ministerio Público los casos de corrupción se han disparado con la "burbuja inmobiliaria", en la que la sociedad en general y las administraciones públicas en particular, "disponían de una gran cantidad de recursos económicos, que daban lugar a una intensa actividad de contratación y gasto que desemboca en ocasiones en prácticas ilegales".

En su memoria, la Fiscalía General muestra su malestar por las críticas vertidas a la institución por, supuestamente, basarse en ideas políticas y no jurídicas a la hora de iniciar una investigación. "En un importante sector de la ciudadana ha calado la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial. Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia, dado que no basta pensar que se equivoca quien así piensa, siendo necesario acreditar, mediante el recto actuar profesional, que ese prejuicio no se corresponde con la realidad, dando una respuesta eficaz, seria y rigurosa".

El Tribunal de Cuentas recauda

En la memoria de la Fiscalía, se explica como el año pasado se reintegró en fase declarativa algo más de 2,5 millones de euros, lo que desde el punto de vista económico "justifica la existencia de un organismo que tenga como finalidad recuperar para el Tesoro Público los caudales que no debieron salir o que no ingresaron en el mismo, también de manera indebida".

Asimismo, el importe total de las pretensiones de reintegro sustanciadas ante la Jurisdicción Contable ascendió a poco más de 18 millones de euros, por lo que si voluntariamente se reintegró por los demandados más de dos millones de euros, ello representa algo más de un 11 por 100, cantidad que se obtuvo, prácticamente, sin coste jurisdiccional alguno.

ETA continúa con su chantaje

La Fiscalía reconoce que la labor contra la lucha de ETA ha rebajado por su falta de actividad, recuerda que la organización terrorista no ha expresado ninguna intención de disolverse. "Todo indica que con su sola presencia intenta mantener de facto un tutelaje efectivo del proceso, con la disolución definitiva como arma de chantaje", apunta. ETA tiene todavía actividad en Francia, donde sigue desarrollando una gran parte de su actividad delictiva, principalmente la que afecta a sus órganos de dirección y a sus 'aparatos' o estructuras, con el objetivo de reorganizarse y reforzar su aparato logístico.

No se puede descartar, por tanto, que la actual situación pueda sufrir cambios, "al no haberse producido la disolución de la banda terrorista, y si los acontecimientos futuros no siguieran el camino diseñado por ETA y el logro de sus objetivos estratégicos fuera percibido como algo inalcanzable".

En apartado relativo a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público resalta que la organización terrorista sigue condicionando -como lo demuestran sus documentos internos y la información de que se dispone- la situación actual de cese definitivo de la actividad armada a la amnistía y salida de sus presos a la calle, como presupuesto previo, y a la puesta en marcha de un proceso negociador –de resolución del conflicto– que finalice con el logro de sus objetivos de territorialidad (anexión de Navarra) y autodeterminación (independencia), iniciativas manifiestamente incompatibles con la legalidad constitucional.