Los tripulantes del yate 'Fortuna' del Rey demandan al Estado por "cesión ilegal"

La tripulación del Fortuna, el yate en el que el Rey ha navegado durante los últimos 13 años y al que renunció el pasado mes de mayopara "dar ejemplo de austeridad", ha presentado una demanda contra el Estado tras quedarse en la calle por un expediente de regulación de empleo(ERE). Los 10 empleados de la embarcación, que el Gobierno ha decidido devolver a los empresarios turísticos que en el año 2000 se laregalaron a don Juan Carlos, argumentan que Patrimonio Nacional, el organismo público que gestionó el yate hasta hace dos meses, ha incurrido en una "cesión ilegalde trabajadores".

La demanda fue presentada a mediados del pasado mes de agosto en un juzgado de Palma de Mallorca, pocas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase un real decreto para acometer la desafectacióndel Fortuna y devolverlo a la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares (Fundatur). Esa fundación, creada ad hoca finales de los años 90 para recaudar dinero entre los grandes empresarios de Baleares con el fin de donar un yate al Rey y asegurarse su presencia en las islas como atractivoturístico, reclamó la embarcación al Gobierno una vez que el monarca anunció que se desprendía de ella.

Los tripulantes pertenecían a la plantilla de Unión Naval Valencia S. A., la empresa a la que Patrimonio Nacional adjudicó el contrato de mantenimiento del yate poco después de que la colecta impulsada en 1997 por el Gobierno balear entre las principales empresasturísticas del archipiélago -Sol Meliá, Grupo Barceló, Air Europa...- consiguiera reunir 21 millones de euros. La embarcación se echó a la mar por primera vez en 2000, con el Rey y la infanta Cristina de Borbón como únicos pasajeros, y navegó por última vez con la Familia Real a bordo en el verano de 2012. Patrimonio Nacional rescindió el contrato con Unión Naval Valencia el pasado 30 de junio.

Según fuentes cercanas a La Zarzuela consultadas por El Confidencial, los 10 empleados de Unión Naval Valencia despedidos sostienen en su demanda, dirigida tanto contra esta empresa comocontraPatrimonio Nacional, que han sido víctimas de una "cesión ilegalde trabajadores", ya que en realidad su labor en el Fortuna dependíaorgánica y salarialmentede aquel organismo público. Sus abogados argumentan que era Patrimonio Nacional, en coordinación con la Casa del Rey, el que aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento y mantenimiento de la embarcación, así como el que regulaba la disponibilidad de la tripulación.

La cesión de trabajadores sólo está permitida a las empresas de trabajo temporal (ETT) legalmente autorizadas y por periodos prorrogables de un año, según establece el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. La cesión, por el contrario, se considera ilegal cuando el objeto de un contrato de servicio se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente -en este caso, Unión Naval Valencia, según la tripulación del Fortuna- a la empresa cesionaria, papel que correspondería, según la demanda, a Patrimonio Nacional.

Como reveló el pasado mes de agostoVanitatis -el portal de crónica social de El Confidencial-, lostripulantes del yate se sentían molestoscon el Rey porque este no se había despedido personalmente de ellos después de prestarle sus servicios durante 13 años. El Fortuna permanece ahora en un hangar de la base naval de Porto Pi, en Palma de Mallorca, a la espera de que sus nuevos propietarios decidan qué hacer con la embarcación. Los empresarios agrupados enFundatur han contratado al despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo para que gestione los trámites derevocación de la donación del yate.