La Policía borra a 24.200 falsos parados en 2013 y adelgaza la tasa de desempleo

El convenio de colaboración que firmaron el pasado 30 de abril los ministerios de Empleo y del Interior para intensificar la persecución de los delitos contra la Seguridad Social está superando las expectativas iniciales. El acuerdo ha mejorado el intercambio de información entre la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social yla Policía Nacionalen la lucha contra una modalidad de fraude que se ha disparado con la crisis. El resultado inmediato es una mejora de los datos de paro por la expulsión de las estadísticas de miles de falsos desempleados.

En 2012, la labor conjunta de agentes y policías permitió detectar 44.000 perceptores irregulares de prestaciones, en su gran mayoría, beneficiarios de subsidios por desempleo. Y el balance provisionalde este ejerciciomejora ese resultado un 10% gracias al acuerdo ministerialfirmado en primavera. Se estima que en diciembre se habrá borrado de las estadísticas oficiales a otros 50.000 falsos beneficiarios de subsidios, mejorando así los registros nacionales de empleo.

Desde la firma de ese convenio se han producido cinco macrooperaciones policiales contra redes especializadas en esta modalidad de fraude. En conjunto,han ahorrado 15 millones de euros a las arcas públicas. Una de las más importantesse desarrollóentre los pasados18 y 22 de julio y dejóun saldo de 76 personasdetenidas y otras 84 imputadas. Al menos 500 personas, en su mayoría extranjeros de origen marroquí, habrían firmado contratos falsos con empresas sin actividad real asentadas en Madrid, Ibiza y Algeciras para acceder a prestaciones de desempleo y tramitar tambiénpermisos de residencia. Los investigadores calculan que la red ocasionó un perjuicio a la Seguridad Social superior a los dos millones de euros.

300 euros para cobrar el paro

El cabecilla de esared era Ahmed El Abbas, un marroquí de 43 años en paradero desconocido. Su nombre figura detrás de carnicerías, empresas de transporte, locutorios y tiendas de ropa de niño, entre otros negocios, que aparecen en el registro mercantil pero en realidad nunca existieron. La alarma saltó cuando se detecto una carnicería en El Molar (Madrid) que tenía en nómina a 33 empleados.Su red contaba con captadores que localizaban a personas dispuestas a pagar 300 o 400 euros a cambios de un contrato de seis meses, el más demandado por ser la duración mínima imprescindible para acceder a la prestación por desempleo.

En otros casos, señalan los investigadores, la duración de los contratos y su precio se ajustaa las necesidades de los interesados. Los pagos acaban directamente en los bolsillos de los líderes de las redes, que habitualmente no llegan a pagar nuncaninguna cuota a la Seguridad Social. Eso les hace vulnerables, pero estas mafias está sofisticando sus mecanismos para dificultar la laboral policial.

El fenómeno es nuevo pero se extiende a gran velocidadpor la sencillez del timo y la complejidad que implica detectarlo. “Es difícil saber la dimensión de este delito porque se trata de algo que tiene poco tiempo, pero desde la firma del convenio ha habido operaciones que están haciendo que aflore”, asegura el Comisario Jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, José Luis André. "Las investigaciones están funcionando, y esperamos que sirvan para que los potenciales delincuentes sepan a lo que se exponen", advierte.

Entre enero y junio, según datos oficiales de la Inspección de Trabajo, las investigaciones conjuntas de los agentes de Policía y funcionarios de la Inspección de Trabajo y dela Seguridad Social han localizado a 24.200 falsos parados, contribuyendo por esta otra vía a la mejora de las estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo. De hecho, esa cifra representa cinco décimas en la última cifra de paro registrado (4.698.814) y las previsiones que maneja la Inspección de Trabajo para todo este año (detectar a 50.000 perceptores irregulares) podrían rebajar un punto completo el total nacional de desempleados.

Ahorro para las arcas del Estado

La reparación no sólo afecta a la estadística. En el capítulo económico, las actuaciones en los primeros seis meses de este ejercicio han detectado un perjuicio para las cuentas públicas de 44 millones de euros, lo que representa un 50% de la cifra que se logró en el mismo periodo de 2012, un año que concluyó con la anulaciónde contratos falsos que generaron subsidiospor valor de 70 millones de euros. “Los perceptores suelen cobrar pequeñas cantidades pero son redes muy extensas y todas ellas sumadas generan una cuantía muy alta que genera un gran perjuicio al Estado”, apunta el comisario André.

Los falsos parados son obligados a devolver las prestaciones, aunque en la mayoría de los casos carecen de fondos para reintegrarles. No obstante, la Seguridad Social anula los meses cotizados de forma irregular y activa una alarma en la ficha de estos infractores para retenerles cualquier subsidio que puedan generar en el futuro hasta que salden toda su deuda con el erario.

Las investigaciones pueden tener más consecuencias para los extranjeros que hayan utilizado contratos falsos para conseguir el permiso de residencia en España. La Policía comunica a todas las delegaciones del Gobierno que esa relación laboral fue fraudulenta y por tanto no puede esgrimirse para solicitar la residencia. En el caso de que el permiso ya se haya obtenido, se le impide a los infractores volver a renovarlo. En la última gran operación, 135 personas habían conseguido el permiso de residencia presentando los contratos falsos que firmaron con sociedades de la trama desarticulada.