Un antiguo caso de corrupción salpica al expresidente asturiano Álvarez Areces

El Parlamento asturiano aprobó ayer viernes la reprobación de ocho altos cargos socialistas del Ejecutivo bipartito (PSOE-IU), que gobernó la comunidad autónoma entre 2007 y 2011, por un escándalo que, en sus orígenes, en febrero de 2010, no parecía tener demasiada trascendencia. Sin embargo, casi tres años y medio después ha dado paso a la mayor instrucción judicial sobre corrupción desde que Asturias se transformó en comunidad autónoma (1983), con 29 procesamientos ya decididos.

También a una comisión parlamentaria cuyas conclusiones ensombrecen la gestión de Vicente Álvarez Areces, el presidente que más tiempo ha pasado al frente del Principado gracias a tres victorias electorales consecutivas. Porque los 17 votos del PSOE, que, después del paréntesis de un año impuesto por la investidura de Francisco Álvarez-Cascos, ha vuelto al poder en minoría, no bastarán para salvar del reproche del pleno a Areces y siete de sus altos cargos. Los otros cuatro grupos de la Cámara (el Foro Asturias casquista, PP, IU y UPyD) suman 28 escaños y con ellos ratificarán el dictamen que la comisión entregó la semana pasada.

Ni rastro de todo esto podía atisbarse en el horizonte durante las primeras semanas de 2010, cuando la prensa regional empezó a informar de las irregularidades atribuidas a Marta Renedo, una funcionaria hasta entonces desconocida de la Consejería de Administraciones Públicas. Estaba en el punto de mira de la Agencia Tributaria desde octubre del año anterior y, a finales de febrero, sus superiores políticos decidieron su cese. Se la acusaba de haber usado información de los registros públicos para usurpar identidades con las que creaba falsas empresas a las que atribuía contratos menores, sin necesidad de concurso, mediante la falsificación de firmas de los directores generales. Aunque el asunto causó revuelo sobre los procedimientos administrativos del Principado, quedó circunscrito en principio a la deslealtad de una trabajadora que se había aprovechado de su posición para lucrarse.

Sin embargo, la instrucción judicial del caso tuvo extraordinarias consecuencias. El secreto del sumario resguardó sus avances de la vista de los medios y de la opinión pública durante casi un año, hasta enero de 2011. Mientras tanto, la juez Ana López Pandiella descubrió que, además de las primeras irregularidades que se le atribuían, Renedo había recibido pagos habituales de dos empresas: Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). Se trataba de dos de los principales proveedores de la Administración autonómica, que constituían prácticamente un duopolio en el suministro de material de oficina y consumibles informáticos. Y, lo que resultaba más espectacular, la juez sostenía que el dinero recibido por Renedo era solo una mínima parte de un vasto sistema de entregas a cambio de contratos públicos.

Se había puesto en marcha lo que la policía, usando las iniciales de la funcionaria, bautizó como operación Marea. Su resultado sí sacudió la política asturiana cuando se anunciaron cinco detenciones.

Se había puesto en marcha lo que la policía, usando las iniciales de la funcionaria, bautizó como operación Marea. Su resultado sí sacudió la política asturiana cuando se anunciaron cinco detenciones. La más prominente era de la un exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, un hombre cercano a Areces en toda su carrera política que había abandonado el cargo por motivos de salud sólo unos meses antes. Junto a él, fue arrestada su mano derecha en el departamento, la directora general de Planificación de Centros, María Jesús Otero. También pisaron la cárcel la propia Renedo y dos de los propietarios de Igrafo y Pumarín, Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez. Todos pisaron la cárcel y se encuentran ahora en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Cambio de jueces

La instrucción había comenzado en un juzgado de Gijón. Sin embargo, a medida que crecía, se refería cada vez más a hechos presuntamente cometidos en Oviedo. Aunque Pandiella luchó por quedarse con el caso, el sumario acabó en manos de un juez de la capital asturiana, Ángel Sorando. Muchos vieron en ese cambio una maniobra para desactivar la investigación, pero las diligencias no se han detenido en los dos últimos años.

Las pesquisas han agrandado el tamaño de la trama hasta 43 imputados. El sistema de Igrafo y Pumarín para asegurarse contratos públicos no se detuvo en el Gobierno regional. Se extendió a los principales ayuntamientos -se ha señalado a funcionarios de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres- e incluso a la Universidad de Oviedo, cuyo exgerente se encuentra acusado. A principios de este mes, Sorando decidió el procesamiento de 29 personas y dejó al margen a las otras 14. Esta semana, la Fiscalía ha recurrido para que se juzgue a todos los imputados. La apertura del juicio oral se retrasará probablemente hasta 2014.

Confrontación política

Sobre el trasfondo de esos avances judiciales, la confrontación política alrededor del caso se ha ido enconando. El PSOE tuvo que aceptar el año pasado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional. Era una condición indispensable para lograr el apoyo del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes, a la investidura del actual presidente, Javier Fernández. La formación magenta era la clave para la formación de una alianza de gobierno, puesto que su voto deshacía el empate a 22 escaños entre un bloque de la izquierda formado por PSOE e IU y otro de la derecha creado por la suma de los parlamentarios de Foro Asturias y PP.

La comisión empezó su trabajo el pasado febrero y solicitó 59 comparecencias, incluidas las del último gabinete de Areces en pleno. En ella el PSOE se ha quedado solo. Aunque el apoyo parlamentario de IU y UPyD le permite sacar adelante todas las votaciones importantes, sus aliados se han alineado en esta ocasión con PP y Foro. El partido de Rosa Díez se atiene a su discurso de regeneración democrática, mientras que la coalición de izquierdas aduce la necesidad de mayor transparencia.

PP y Foro, por su parte, son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente arecismo y han enfocado la comisión como un juicio político sobre toda la etapa del expresidente.

Su posición, en todo caso, nada entre dos aguas. A partir de 2008, se sumó al Ejecutivo del PSOE, asumió dos carteras y compartió responsabilidades en el mismo Gobierno al que ahora reprueba en parte. PP y Foro, por su parte, son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente arecismo y han enfocado la comisión como un juicio político sobre toda la etapa del expresidente. Además de las reprobaciones, el dictamen de la comisión recomienda medidas como cambiar los procedimientos de contratación del Principado y la apertura de un portal de la transparencia que permita a los ciudadanos acceder desde internet a todos los trámites de la Administración regional.

La reprobación tendrá escasas consecuencias prácticas. De los ocho responsables políticos, solo uno sigue en la vida pública: Areces. En la actualidad, el expresidente autonómico es portavoz del grupo socialista en la Comisión de Educación del Senado. Resultó elegido para la Cámara Alta en los comicios de 2011. Prendes considera que debería renunciar a su escaño. “En España, no hay una definición legal de las consecuencias que lleva aparejada la reprobación política, pero la dimisión sería un ejercicio sensato y correcto para los cargos públicos. Es lo que se considera normal en las democracias de nuestro entorno”, opina.

Areces, sin embargo, se considera objeto de un ataque político y cree que los resultados de la comisión estaban determinados de antemano. Tras meses de silencio sobre el asunto, el antiguo mandatario ofreció su versión, exenta de autocrítica, en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario gijonés El Comercio.

Dinero perdido

Las consecuencias políticas seguirán pesando sobre la política asturiana en el futuro inmediato. La comisión ha solicitado investigaciones a fondo del Tribunal de Cuentas y de su réplica autonómica, la Sindicatura de Cuentas, para determinar el alcance del perjuicio patrimonial al Principado. La Administración autonómica sostiene que Renedo desvió a sus cuentas privadas 1,1 millones de euros y no lleva los cálculos más allá, pero Prendes sostiene que esa cantidad “sólo es la punta del iceberg”.

Nadie ha calculado el montante de los contratos que recibieron con el correr de los años Igrafo y Almacenes Pumarín. La comisión ha acumulado evidencias de obras abonadas pero no realizadas y de facturas falsas. Para el instituto de Cangas de Onís, la Consejería de Educación contrató en un solo ejercicio, el correspondiente a 2009, obras y suministros por valor de 500.000 euros. Según su declaración ante la comisión de investigación, el equipo directivo del centro calcula que en la realidad sólo se ejecutaron unos 100.000. El resto se perdió por el camino y constituye el peor aspecto del caso, a juicio de Prendes: un saqueo de los fondos destinados a la educación pública.