Ausbanc, en el Consejo de Consumidores entre polémicas sobre su legitimidad

De ser expulsada de la liga a volver a jugar en el ‘top ten’. La polémica Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, AUSBANC Consumo, entrará en el próximo Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), sumándose así a la decena de Asociaciones que representan a los españoles en el Instituto Nacional del Consumo (INC). La reconfiguración de este organismo, que hoy adelanta El Confidencial y que se publicará en el BOE después del verano, ha generado descontentoentre las otras Asociaciones de Consumidores. Estas han asistido, y no sin protestar, a cómo en menos de un año la organización de Luis Pineda pudo ser readmitida en el Registro Estatal de Organizaciones de Consumidores y, ahora, vuelve a formar parte del máximo organismo que las representa.

No es éste el único cambio previsto en el CCU. Como ha podido saber este diario, la Unión de Consumidores Españoles, cercana al PSOE y lastrada por los recortes a las subvenciones de los gobiernos regionales, ha renunciado a presentarse para obtener una plaza en el Consejo. Además, como se hizo público estemartes, los socialistas pierden poder entre los representantes de los consumidores también por la renuncia de Francisca Sauquillo, a la guía del CCU desde hace siete años.

¿Sin fines de lucro?

El ingreso de AUSBANC es con diferencia el cambio más polémico en esta primera remodelación del Consejo desde la vuelta al Gobierno nacional del Partido Popular. El modelo de esta organización, basado en el apoyo de una organización homónima y con claros objetivos económicos, ha llevado a cuestionar no solo su naturaleza como Asociación en pro de los consumidores, sino también el marco legal que regula estas entidades. Todas, establece la ley, tienen que renunciar a fines de lucro.

AUSBANC Consumo fue expulsada del Registro Estatal de Asociaciones en 2005, con una decisión del INC ratificada por la Audiencia Nacional cinco años después. El INC, que depende del Ministerio de Sanidad, excluyó la Asociación por la “realización de publicidad comercial o no meramente informativa” en su revista mensual “Justicia y Derecho” y en su página web. La Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe prácticas de este tipo, por lo que la Audiencia Nacional ratificó la elección. El presidente de AUSBANC, Luis Pineda, tachó la decisión de política.

La razón de la expulsión fue, según fuentes del sector, “sólo la punta del iceberg”. En 2002, la entidad había intentado evitar los problemas legales que generaban sus fines lucrativos, obtenidos en gran medidacon la edición de dos publicaciones periódicas. Llevó a cabo una escisión que dio vida a AUSBANC Consumo y AUSBANC Empresas. Las dos tienen el mismo presidente (Pineda), comparten sede en muchas ciudades, pero la segunda es la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, que sí genera ingresos económicos para sus directivos gracias a la venta de publicidad en las revistas AUSBANC y Mercado de Dinero. Los servicios cruzados entre las dos llegaron a poner en entredichosu estatus de entidad “sin ánimo de lucro”, característica fundamental para ser considerada una Asociación de Consumidores.

Por su parte, Hermenegildo García, portavoz de AUSBANC, ha asegurado a El Confidencial que las dos Ausbanc son entidades “totalmente diferentes”. A pesar de ello, "en la medida que puede y dentro de la ley", añade, “AUSBANC Empresas apoya a AUSBANC Consumo a través de la edición de las revistas”. Los 13.452 asociados de AUSBANC Consumo, de hecho, reciben en sus buzoneslas publicaciones de Ausbanc Empresas.

Este mes de julio, la organización ganó notoriedad (y socios, asegura a este diario) tras la condena del Tribunal Supremo a BBVA, Caixa Galicia y Cajamar a eliminar la cláusula suelo de sus contratos de préstamo hipotecarios, tras cuatro años de batallas judiciales.Aunque en su web AUSBANC asegura que no recibió “ayudas públicas” con las que conseguir este y otros de sus logros, no fue exactamente así. Las subvenciones siguieron llegando, aunque a través de su presencia regional. La exclusión del Registros Estatal no impide, de hecho, que una asociación pueda estar dada de alta -y pedir subvenciones- dentro de una comunidad autónoma. Solo en la Comunidad de Madrid, AUSBANC Consumo se llevó más de 100.000 euros entre 2009 y 2011, mientras estaba excluida del reparto a nivel nacional, según este diario ha podido comprobar en los Boletines Oficiales de la Comunidad. Desde la Asociación aseguran que se trata de canitidades mínimas, que "no influyen" en su supervivencia.

En marzo de 2012, el Ministerio que preside Ana Mato volvió a integrar a esta Asociación en el Registro Estatal, devolviéndole reconocimiento anivel nacional. Se trató de una de las primeras decisiones firmadas por la Presidente de dicho Instituto Nacional del Consumo, Pilar Farjas Abadía. Un mes y medio después de su nombramiento autorizó la readmisión de AUSBANC, que pudo así optar a subvenciones estatales y llevarse 112.350 euros por las actividades realizadas en 2012, según consta en el BOE.

Descontento entre las Organizaciones de Consumidores

La readmisión de AUSBANC en el Registro Estatal fue impugnada por las otras asociaciones del sector ante el Instituto Nacional del Consumo. El organismo no dio ninguna respuesta. En esta ocasión, las fuentes consultadas entre las Organizaciones de Consumidores estatales aseguran no ver con buenos ojosesta nueva presenciaen el Consejo. De las que han accedido a hacer pública su postura al respecto, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha detallado que admitir AUSBANC como organización de consumidores y mantenerla a nivel regional “se trata de una enorme torpeza por parte de las administraciones de consumo: AUSBANC es una marca comercial, un operador del mercado”.

Tanto FACUA como ADICAE llegaron a enfrentarse con AUSBANC en los tribunales. La primerademandó a Luis Pineda por “calumnias e injurias” en el pasado mes de junio. Adicae, por su parte, calificó en 2005 y en 2006 a Pineda de "personaje que no duda en utilizar métodos propios de un pirata. La denuncia de éste por vulneración del derecho al honor acabó con una sentencia del Tribunal Supremo que exculpaba a ADICAE. Esta asociación ha declinado, en esta ocasión, hacer comentarios sobre la nueva estructura del CCU.

Por su parte, Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, hace hincapié en la configuración de la ley, que permite “que haya diferencias en los criterios de admisión en las diferentes comunidades autónomas”.

A la espera de que el BOE publique nombres y apellidos de quienes formarán el nuevo Consejo, AUSBANC Consumo aleja las acusaciones: "somos los únicos que estamos todos los días en los juzgados, actuando en vez dehablar".